Ante el 29-N circulan mensajes en redes que presentan como un "pucherazo" las papeletas al Senado que los partidos envían por correo con los nombres ya tachados. La ley y la Junta Electoral Central lo permiten desde 1986: son propaganda electoral, no las papeletas oficiales del colegio.
En los últimos días han circulado en redes sociales fotografías de papeletas al Senado con los nombres de los candidatos ya marcados con una cruz, presentadas como prueba de manipulación antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La ley electoral y la doctrina de la Junta Electoral Central (JEC) permiten esta práctica desde hace décadas: se trata de propaganda que los partidos envían por correo, no de las papeletas oficiales que se usan en el colegio electoral. Ante el 29-N circulan mensajes en redes que presentan como un "pucherazo" las papeletas al Senado que los partidos envían por correo con los nombres ya tachados. La ley y la Junta Electoral Central lo permiten desde 1986: son propaganda electoral, no las papeletas oficiales del colegio.

Fachada del Palacio del Senado, en Madrid.
Foto: Esetena / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
Decenas de mensajes compartidos en X y WhatsApp en los últimos días muestran papeletas al Senado con cruces ya marcadas junto a los nombres de determinados candidatos, enviadas por correo postal a domicilios junto con otra propaganda electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Varios de esos mensajes los presentan como "prueba" de que algún partido estaría intentando manipular el voto o cometer fraude, y algunos llegan a sugerir que esas papeletas serían las que se van a contar en el escrutinio, lo que alimenta la sospecha de que el resultado podría estar de alguna forma predeterminado.
La explicación es más sencilla y, según confirman tanto la legislación electoral como el verificador independiente Maldita.es, no constituye ninguna irregularidad: las candidaturas al Senado pueden imprimir y repartir papeletas con los nombres de sus candidatos ya señalados con una cruz como material de campaña, una práctica amparada por un acuerdo de la Junta Electoral Central que se remonta a 1986 (Acuerdo 131/1986, de 26 de mayo) y que se ha repetido en todos los procesos electorales posteriores sin que haya sido declarada ilegal ni por la propia JEC ni por los tribunales.
La clave está en distinguir dos tipos de papeletas completamente distintos. Por un lado están las papeletas oficiales, que son las que están disponibles en los colegios electorales el día de la votación y las que reciben por correo quienes votan desde el extranjero o por voto postal a través de Correos: estas deben estar en blanco, sin ninguna marca previa, y el elector es quien debe señalar su opción marcando con una cruz la casilla correspondiente. Por otro lado están las papeletas que imprimen y envían directamente los propios partidos como parte de su propaganda electoral, que sí pueden llegar con los nombres de sus candidatos al Senado ya marcados, a modo de sugerencia de voto que el elector es libre de aceptar, modificar o descartar.
El texto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), consultado en su versión oficial publicada por la propia Junta Electoral Central, recoge en su articulado sobre las papeletas y sobres electorales que estos deben incluir una nota informativa advirtiendo de que "cualquier alteración en la papeleta determinará la nulidad del voto". Esa norma, sin embargo, se refiere exclusivamente a las papeletas oficiales que se depositan en la urna el día de la votación, no a los impresos de campaña que las candidaturas remiten previamente a los domicilios como parte de su propaganda electoral, que se rigen por normas distintas sobre materiales de campaña y no por las reglas de nulidad del voto.
Maldita.es, que ha verificado esta misma cuestión en procesos electorales anteriores y de nuevo esta semana coincidiendo con la campaña del 29-N, explica que ningún precepto de la LOREG prohíbe que las candidaturas impriman y distribuyan papeletas con sus candidatos preseleccionados; lo que no pueden hacer es ofrecer esas papeletas marcadas dentro de los colegios electorales el día de la votación, donde solo deben estar disponibles los modelos oficiales en blanco de todas las candidaturas, custodiados por las mesas electorales y los interventores de los distintos partidos.
Esta fórmula es además habitual porque la papeleta del Senado es más compleja que la del Congreso: mientras que en el Congreso el elector vota a una lista cerrada y bloqueada —y, según el artículo 96 de la LOREG, cualquier marca, cruz o subrayado junto a un nombre o logotipo en esa papeleta anula el voto—, en el Senado puede marcar varias cruces de forma individual, hasta un máximo que varía según la provincia —generalmente entre dos y cuatro, según el número de escaños en juego—, lo que da lugar a lo que se conoce como voto "desflecado" o combinado entre distintos candidatos de distintas listas. Los partidos usan las papeletas pre-marcadas del Senado como forma de indicar a sus votantes cuál es la combinación de nombres que recomiendan, especialmente cuando concurren en coalición o quieren favorecer a un candidato concreto dentro de su propia lista frente al resto.
El elector que reciba una papeleta ya marcada en su domicilio no está obligado a utilizarla: puede llevarla al colegio electoral y depositarla tal cual si está de acuerdo con la selección propuesta, modificarla a mano antes de votar —lo que no invalida el voto si la modificación consiste simplemente en añadir o quitar cruces dentro de las casillas previstas para cada candidato—, o descartarla por completo y usar una papeleta oficial en blanco disponible en la propia mesa electoral para marcar sus propias preferencias desde cero. En ningún caso el partido que envía la papeleta tiene forma de saber ni de controlar qué hace finalmente el elector con ella, dado que el voto sigue siendo secreto y se emite dentro de un sobre cerrado en una cabina aislada.
A once días de la cita electoral del 29-N, verificadores y medios han advertido también de otros bulos distintos sobre el proceso de votación, como mensajes que animan a escribir consignas o frases en la papeleta —lo que sí anula el voto, al tratarse de una alteración no contemplada en el modelo oficial— o dudas sobre si tachar el nombre de algún candidato concreto invalida el sufragio, una cuestión sobre la que la propia Junta Electoral Central ha tenido que pronunciarse de forma distinta según el tipo de papeleta. La papeleta del Senado remitida por correo marcada por los partidos, sin embargo, no entra en ese grupo de prácticas irregulares: es, según la ley y la doctrina electoral vigente desde hace casi cuarenta años, un instrumento de propaganda válido y no una forma de fraude.
El propio hecho de que esta duda resurja en cada convocatoria electoral, pese a llevar documentada y verificada desde al menos 2023 y con antecedentes que se remontan a los años noventa, apunta a que el bulo no nace de una intención deliberada de desinformar sobre un partido concreto, sino de un desconocimiento extendido sobre cómo funciona técnicamente el sistema electoral del Senado, uno de los menos comprendidos por el electorado español debido a su complejidad frente al sistema proporcional y más sencillo del Congreso de los Diputados.
La distinción entre papeletas oficiales y papeletas de propaganda electoral para el Senado ha sido objeto de verificación periodística en convocatorias electorales anteriores, incluida la de 2023, sin que la norma haya cambiado desde el Acuerdo 131/1986 de la Junta Electoral Central.
La aclaración busca frenar la circulación de un bulo sobre manipulación electoral a pocos días de una votación muy disputada entre PSOE y PP, en un contexto donde la desinformación sobre el proceso de votación del 29-N ya ha generado varias alertas previas de los verificadores y donde la confianza en el sistema electoral es un factor sensible de cara a la jornada.
Esta práctica de los partidos de enviar papeletas al Senado con los nombres de sus candidatos ya señalados existe desde al menos 1986 y se ha repetido en todas las elecciones generales posteriores sin que ningún tribunal ni la propia Junta Electoral Central la haya considerado irregular.
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