El partido aporta un pendrive y tres cajas con contratos y facturas de asesoría jurídica a la Audiencia Nacional, que investiga una presunta trama de Santos Cerdán y Leire Díez para desactivar causas judiciales contra el PSOE y el entorno de Sánchez.
El partido socialista entregó al juez Santiago Pedraz un pendrive y tres cajas con el listado de despachos y abogados contratados entre 2021 y 2025 y sus facturas, pero reclamó que la documentación se mantenga bajo secreto mientras dure el análisis, alegando el contexto de la campaña del 29-N. El partido aporta un pendrive y tres cajas con contratos y facturas de asesoría jurídica a la Audiencia Nacional, que investiga una presunta trama de Santos Cerdán y Leire Díez para desactivar causas judiciales contra el PSOE y el entorno de Sánchez. En la práctica: Mantener en secreto los pagos a abogados del PSOE entre 2021 y 2025 retrasa cualquier valoración pública sobre el alcance del gasto jurídico del partido justo antes de la cita electoral del 29-N.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid, donde el juez Santiago Pedraz instruye el caso Leire Díez.
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El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire Díez', la relación de abogados y despachos contratados por el partido entre 2021 y 2025, junto con las facturas correspondientes a esos encargos, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del expediente y recogen de forma coincidente Infobae (a través de la agencia Europa Press), Público y Alertasiete.
La documentación, remitida en un pendrive y tres cajas físicas, incluye un listado en formato Excel con el órgano territorial del partido que contrató cada servicio, el despacho o profesional receptor, los importes abonados y una breve descripción del tipo de asesoramiento prestado, de acuerdo con el detalle aportado por Infobae y Alertasiete.
La entrega no fue espontánea: según recoge Alertasiete, Pedraz había dirigido previamente un requerimiento formal al partido para que aportara esa documentación, y el PSOE llegó a plantear inicialmente un aplazamiento alegando el calendario de la campaña electoral del 29-N antes de acabar remitiendo el material completo en la fecha fijada por el juzgado.
La aportación llegó, de hecho, tras dos requerimientos sucesivos del magistrado: ante el silencio inicial del partido al primer escrito, Pedraz emitió un segundo requerimiento con un plazo perentorio que sí contemplaba salvaguardas para proteger el secreto profesional entre abogado y cliente, según precisa Alertasiete. Junto con el pendrive y las tres cajas, el PSOE remitió también una circular del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) sobre los límites de ese secreto profesional, que el partido invoca como respaldo adicional a su petición de que los datos no se difundan de forma fragmentada mientras dure el análisis fiscal.
El PSOE ha pedido simultáneamente que esos datos reciban 'tratamiento reservado' y no se pongan a disposición del resto de partes personadas en la causa mientras no concluya su estudio por la Fiscalía. El partido argumenta, según la misma información, que 'los datos identificativos y económicos integran la esencia de la intimidad personal' y advierte de que una difusión 'fragmentada o descontextualizada' podría causarle perjuicio en plena campaña de las elecciones del 29 de noviembre.
El juez Pedraz ha abierto una pieza separada con acceso restringido en exclusiva al Ministerio Fiscal mientras se analiza el material, según recoge Alertasiete, que precisa que este mecanismo procesal busca preservar el secreto profesional entre abogado y cliente mientras avanza la instrucción.
De la entrega quedan excluidas las facturas y datos relativos a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos ya investigados en la causa, porque, según el PSOE, esa información 'ya consta en las actuaciones'. Teijelo ejerce como abogado de Santos Cerdán en el procedimiento, mientras que Oliver fue letrado de Koldo García, según precisa Alertasiete; su exclusión no implica, por tanto, que sus honorarios queden fuera del escrutinio judicial, sino que ya figuran incorporados por otra vía al expediente.
El partido defiende que todo el gasto en servicios jurídicos ha sido fiscalizado y está depositado en el Tribunal de Cuentas, y que facilita los datos para permitir 'verificar la realidad, el volumen y el destino' de ese gasto. Se trata de un mecanismo de control que fiscaliza con carácter anual la contabilidad de los partidos políticos conforme a la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, y que es administrativamente independiente de la investigación penal que instruye la Audiencia Nacional; que una partida haya superado ese control contable ordinario no prejuzga, por tanto, el resultado de la instrucción judicial sobre el origen y destino último de esos pagos concretos.
El caso Leire Díez investiga una presunta trama para desactivar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez, que la instrucción atribuye a una operación dirigida por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
Según detalla Alertasiete citando diligencias de la Guardia Civil, los investigadores han identificado dos movimientos distintos dentro de ese gasto jurídico: unos 36.000 euros pagados por el partido a la sociedad Zaño Sociedad Consultora S.L., vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, y, por separado, 27.225 euros transferidos desde la sociedad Oliver Gruppe S.L. a Leire Díez, cantidad que el PSOE habría reembolsado posteriormente. Se trata, según esta reconstrucción, de dos pagos diferenciados dentro del mismo entramado de asesoría jurídica, y no de una cifra única con una parte canalizada dentro de la otra.
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declaró ante el juez que esos contratos de asesoramiento se realizaban siguiendo instrucciones de Cerdán, entonces responsable de Organización del partido, y que 'nadie cuestionó sus indicaciones', según la misma fuente. Ni Público ni Infobae recogen reacciones del PP o de Vox a esta entrega concreta de documentación hasta el momento de esta información.
La pieza reservada abierta por Pedraz implica que, de momento, ni el resto de partes personadas ni la opinión pública tienen acceso al contenido íntegro de las facturas, y que su eventual desclasificación dependerá del resultado del análisis fiscal, en un proceso que se desarrolla a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El resultado de ese análisis determinará si procede o no levantar el secreto de la pieza y dar acceso al resto de partes personadas, entre ellas la defensa de Leire Díez y de los demás investigados; según la información disponible en las cuatro fuentes consultadas, ninguna de esas partes ha recurrido todavía de forma pública la reserva impuesta por el magistrado.
El caso se originó a partir de investigaciones de la Guardia Civil sobre presuntos pagos del PSOE a despachos de abogados vinculados a Leire Díez.
La instrucción ha derivado en diligencias contra Santos Cerdán, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, entre otros, en el marco de una investigación más amplia sobre presuntas maniobras para desactivar causas judiciales sensibles para el partido.
Mantener en secreto los pagos a abogados del PSOE entre 2021 y 2025 retrasa cualquier valoración pública sobre el alcance del gasto jurídico del partido justo antes de la cita electoral del 29-N.
La pieza reservada deja el análisis exclusivamente en manos de la Fiscalía, que podría acabar aportando pruebas sobre cómo se dirigió y financió la presunta trama atribuida a Cerdán y Díez antes de que el resto de partes tenga acceso.
El caso Leire Díez es una de las piezas judiciales más sensibles para el PSOE en la recta final de la campaña, al investigar un presunto intento de intervenir sobre causas que afectan al propio partido, al Gobierno y al círculo familiar de Sánchez.
Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, está investigado en esta y otras causas; Leire Díez es una exmilitante socialista a la que la instrucción atribuye un papel de coordinación operativa.
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