La Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma, al rechazar el recurso de reposición de Vox, que los 189.678 hijos mayores de edad de los nacionalizados podrán votar el 29-N, mientras se mantiene la suspensión sobre los 113.326 nacionalizados directos.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de reposición presentado por Vox contra los autos del 9 de noviembre que ya negaron extender la suspensión cautelar del voto a los hijos mayores de edad de los nacionalizados por la 'ley de nietos', unas 189.678 personas, mientras se mantiene la suspensión sobre los 113.326 nacionalizados directos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma, al rechazar el recurso de reposición de Vox, que los 189.678 hijos mayores de edad de los nacionalizados podrán votar el 29-N, mientras se mantiene la suspensión sobre los 113.326 nacionalizados directos. En la práctica: Más de 113.000 personas con nacionalidad española reconocida no podrán votar el 29 de noviembre pese a conservar plenamente su nacionalidad.

Sede del Tribunal Supremo en Madrid, donde la Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene suspendido cautelarmente el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.
Foto: Luis García (Zaqarbal) / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
La Abogacía del Estado ha comunicado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, tras un proceso de depuración del censo electoral, 113.326 personas nacionalizadas españolas al amparo de la llamada 'ley de nietos' no podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La cifra, remitida en un escrito judicial, ha sido reportada de forma coincidente por Público, Confilegal, Infobae y Europa Press, que reducen de forma notable los 163.355 nacionalizados identificados en un primer cómputo.
La reducción responde a un trabajo de depuración realizado por la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Del total inicial se excluyeron 9.707 registros correspondientes a personas menores de edad o cuya nacionalización se formalizó después de la fecha de cierre del censo para esta convocatoria electoral. A esa cifra se suman otros 35.925 registros que no pudieron ser localizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), además de un número adicional de duplicados y personas que ya figuraban inscritas en el CERA antes de la entrada en vigor de la ley. En conjunto, estas exclusiones explican la diferencia de 50.029 personas entre el primer cómputo y la cifra final de 113.326, un desglose que coincide, sin discrepancias materiales, en las cuatro fuentes periodísticas que lo han reportado de forma independiente.
La suspensión cautelar del voto tiene su origen en un litigio sobre la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que habilitó un procedimiento simplificado para que nietos, y posteriormente hijos, de personas que se exiliaron de España por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la Guerra Civil y la dictadura pudieran obtener la nacionalidad española. La norma provocó un aumento muy significativo de solicitudes de nacionalidad, sobre todo desde países de América Latina, y el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente el derecho de voto de quienes no acreditaron documentalmente su condición de descendientes de exiliados conforme a los requisitos fijados por resoluciones judiciales previas, en el marco de un recurso promovido por las organizaciones Iustitia Europa y Vox.
El litigio ha seguido activo en las semanas previas a la votación. El 9 de noviembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó, mediante dos autos, las peticiones de Iustitia Europa y Vox para extender la suspensión cautelar a los hijos mayores de edad de los nacionalizados por la ley, un colectivo que las propias organizaciones denunciantes cifraban en torno a 189.678 personas. El tribunal razonó que ya había transcurrido más de la mitad del plazo electoral y que apenas quedaban dos semanas para el inicio de la votación en los consulados, por lo que no era procedente ampliar la medida en ese momento. El Supremo, no obstante, mantuvo intacta la suspensión original sobre los aproximadamente 163.000 nacionalizados directos, hoy recalculados en 113.326.
Vox no se dio por satisfecho con esos autos y presentó un recurso de reposición pidiendo de nuevo al tribunal que extendiera la suspensión a los hijos mayores de edad. Según reconstruyen de forma coincidente Confilegal e Infobae, el partido argumentó que la medida sí era administrativamente viable porque solo 901 de los progenitores nacionalizados contaban con certificación consular en firme de su condición de descendientes de exiliados, lo que a su juicio permitía identificar y suspender con precisión los registros de sus hijos sin necesidad de revisar todo el censo. El Tribunal Supremo rechazó el 18 de noviembre este recurso de reposición, confirmando en todos sus términos los autos del 9 de noviembre.
La Sala razonó, según recoge Confilegal, que si las medidas ahora pretendidas por Vox se hubieran planteado al inicio del procedimiento cautelar, la respuesta podría haber sido distinta, pero que modificar en esta fase el Censo Electoral de Residentes Ausentes, a escasos días del inicio de la votación en los consulados, comprometería la estabilidad y la seguridad jurídica del proceso electoral. Infobae añade que el tribunal subrayó que la convocatoria de elecciones "no puede convertirse en un obstáculo" para ejecutar con las garantías necesarias las medidas cautelares ya en vigor, pero que tampoco puede justificar la apertura de nuevas revisiones censales improvisadas sobre la marcha. El magistrado Fonseca-Herrero Raimundo formuló un voto particular discrepante, en el que defendió que la suspensión cautelar debía haberse extendido a la totalidad de los 189.678 hijos de los nacionalizados.
El resultado práctico de esta segunda derrota judicial de Vox es que la suspensión cautelar sigue limitada, por ahora, a los nacionalizados directos por la disposición adicional octava —los 113.326 recalculados por la Abogacía del Estado—, mientras que sus hijos mayores de edad conservan su derecho a votar el 29 de noviembre. El rechazo del recurso de reposición no resuelve el fondo del litigio sobre si la ley exige o no acreditación documental adicional a los hijos, una cuestión que el Supremo deberá abordar en una fase posterior del procedimiento, previsiblemente ya después de la jornada electoral.
Fuentes jurídicas citadas por Confilegal han precisado un matiz relevante para entender el alcance real de la medida: la suspensión cautelar no anula ni revoca la nacionalidad española de los afectados, que la conservan en todos sus efectos civiles, sino que restringe de forma exclusiva su participación electoral mientras el Tribunal Supremo resuelve el fondo del litigio sobre la aplicación de la disposición adicional octava.
La asociación Iustitia Europa, una de las partes que litiga contra la aplicación de la ley, ha anunciado que presentará un nuevo informe ante la Oficina del Censo Electoral pidiendo que aclare la situación de los 35.925 registros que no fueron localizados en el CERA y que identifique si alguno de esos nacionalizados se trasladó del censo de residentes ausentes al censo ordinario en territorio español antes del 29 de noviembre, lo que podría volver a alterar el cómputo final de personas impedidas de votar. Europa Press, que cita también a Iustitia Europa, precisa que esta organización denuncia específicamente que casi 36.000 nacionalizados no figuran en el censo exterior.
El procedimiento de nacionalización por la vía de la disposición adicional octava se ha concentrado de forma especialmente intensa en comunidades de descendientes de exiliados republicanos residentes en países latinoamericanos como Argentina, México y Cuba, donde las oficinas consulares españolas registraron un volumen de solicitudes muy superior a las previsiones iniciales del Gobierno al aprobar la Ley de Memoria Democrática. Esa concentración geográfica explica por qué buena parte del debate judicial sobre la acreditación documental de la condición de exiliado se ha librado en torno a los registros del CERA, el censo que recoge a los españoles residentes fuera del territorio nacional con derecho a voto en elecciones generales.
El Tribunal Supremo ha fijado nuevos plazos para que las partes presenten alegaciones sobre el escrito de la Abogacía del Estado, por lo que la cifra de 113.326 afectados podría variar de nuevo en los días que quedan antes de la jornada electoral. El texto íntegro del escrito remitido por la Abogacía no ha sido hecho público, por lo que el desglose numérico se conoce únicamente a través de las informaciones periodísticas que han tenido acceso a él, un límite que esta redacción señala expresamente.
El episodio se inscribe en una campaña electoral marcada por la proximidad de los comicios del 29-N y por la disputa política en torno a la 'ley de nietos', que también ha generado iniciativas paralelas, como la propuesta de una versión vasca de la norma planteada por el PP para los exiliados por ETA, de alcance y fundamento jurídico distintos al caso aquí descrito. La resolución final del Supremo sobre el fondo del recurso, que no se espera antes de la jornada electoral, determinará si la restricción de voto se mantiene, se amplía o se revierte para ejercicios electorales futuros.
La suspensión cautelar original del voto para los nacionalizados por la 'ley de nietos' fue acordada por el Tribunal Supremo en el marco del litigio promovido por Iustitia Europa y Vox.
El 9 de noviembre de 2026, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó mediante dos autos extender la medida a los hijos mayores de edad de los nacionalizados.
El 17 de noviembre de 2026, la Abogacía del Estado remitió al tribunal la cifra actualizada de 113.326 afectados, tras depurar el censo electoral.
El 18 de noviembre de 2026, la misma Sección Cuarta rechazó el recurso de reposición de Vox contra los autos del 9 de noviembre, confirmando que los hijos mayores de edad, unas 189.678 personas, conservan su derecho a voto el 29-N; el magistrado Fonseca-Herrero Raimundo emitió un voto particular discrepante defendiendo extender la suspensión a todo ese colectivo.
Más de 113.000 personas con nacionalidad española reconocida no podrán votar el 29 de noviembre pese a conservar plenamente su nacionalidad.
El episodio reabre el debate sobre los requisitos de prueba documental exigidos por la 'ley de nietos' y sobre la fiabilidad del censo electoral de residentes ausentes a dos semanas de la votación en consulados.
Unas 189.678 personas, hijas mayores de edad de nacionalizados por la ley, conservan su derecho a voto el 29-N tras el segundo rechazo del Supremo al intento de Vox de suspenderlo también para ellas.
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 disparó las solicitudes de nacionalidad de descendientes de exiliados españoles, sobre todo en América Latina.
Iustitia Europa y Vox impugnaron ante el Supremo la aplicación de la norma y lograron una suspensión cautelar del voto para quienes no acreditaron su condición; el 9 de noviembre el tribunal rechazó extender esa suspensión a los hijos mayores de edad de los nacionalizados.
Vox insistió mediante un recurso de reposición, que el tribunal ha rechazado también el 18 de noviembre, por lo que la suspensión cautelar sigue limitada a los nacionalizados directos y no se extiende a sus hijos.
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