El presidente estadounidense dio marcha atrás al plan del secretario de Defensa Pete Hegseth y anunció que el fusilamiento del exmilitar, fijado para el 3 de diciembre, no se emitirá en directo, aunque sí podrán presenciarlo en persona los familiares directos de las víctimas.
El Ejército estadounidense ejecutará el 3 de diciembre, mediante pelotón de fusilamiento en Fort Hood, a Nidal Hasan, condenado por matar a 13 personas en 2009. Trump anunció el 15 de octubre que cancela la retransmisión en directo propuesta por el secretario de Defensa Pete Hegseth, aunque los familiares directos de las víctimas podrán presenciar el acto en persona. El presidente estadounidense dio marcha atrás al plan del secretario de Defensa Pete Hegseth y anunció que el fusilamiento del exmilitar, fijado para el 3 de diciembre, no se emitirá en directo, aunque sí podrán presenciarlo en persona los familiares directos de las víctimas. En la práctica: La cancelación de la retransmisión responde a un rechazo mayoritario y bipartidista, documentado por encuesta, y marca un retroceso respecto al plan original de hacer pública y visible la ejecución como medida disuasoria.

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El Ejército de Estados Unidos ha confirmado que Nidal Malik Hasan, el expsiquiatra militar condenado por el tiroteo de Fort Hood en 2009, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento el jueves 3 de diciembre de 2026 a la 1 de la tarde (hora central), en la misma base militar de Texas donde cometió los asesinatos. La fecha y el método fueron confirmados por un funcionario del Pentágono y recogidos por medios estadounidenses como Military Times y Task and Purpose.
El presidente Donald Trump anunció el 15 de octubre que la ejecución no se retransmitirá en directo, revirtiendo así el plan anunciado semanas antes por el secretario de Defensa Pete Hegseth. 'Morirá, según lo programado, por un pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido', declaró Trump, según recogieron Ambito, Infobae (con información de The New York Times) y otros medios. El mandatario precisó que los familiares directos de las víctimas sí podrán presenciar la ejecución en persona en Fort Hood.
Trump justificó el giro señalando que, aunque transmitir el fusilamiento 'podría haber sido un poderoso elemento disuasorio, al permitir que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan', consideró que 'muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no verlo morir'. La decisión llega tras una encuesta de ABC News, The Washington Post e Ipsos según la cual el 80% de los adultos estadounidenses —incluido un 64% de los votantes republicanos— se oponía a la retransmisión en directo, y después de que decenas de oficiales militares retirados firmaran una carta pública rechazando el plan.
El vicepresidente JD Vance ya había expresado dudas sobre la retransmisión días antes, afirmando que personalmente no la vería, y tanto legisladores demócratas como republicanos habían criticado abiertamente la propuesta original de Hegseth, quien había justificado el plan afirmando: 'Fue un ataque islamista radical, perpetrado por un soldado uniformado dentro de las filas, por lo que recibirá un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público'. Entre los republicanos, el senador saliente Thom Tillis había comparado la retransmisión con prácticas de 'dictaduras opresoras como Irán y Afganistán', y el representante Austin Scott había afirmado que 'retransmitir ejecuciones es lo que hacen los yihadistas; Estados Unidos es mejor que eso'. Entre los demócratas, el senador Chris Murphy había calificado el plan de 'repugnante' y 'medieval'.
La cancelación anunciada por Trump pone fin a la incertidumbre que rodeaba al plan desde comienzos de octubre, aunque no modifica la fecha, el lugar ni el método de la ejecución, que sigue previsto para el 3 de diciembre en Fort Hood. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había calificado semanas antes de 'tortura' el plan de retransmitir el fusilamiento en directo, al considerar que equivaldría a una ejecución pública prohibida por el derecho internacional, y Amnistía Internacional había documentado al menos 17 ejecuciones públicas en el mundo durante 2025 —seis en Afganistán y once en Irán— para situar el plan del Pentágono en ese contexto comparativo. Esa objeción internacional, sumada al rechazo bipartidista en el Congreso, a la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. y a la carta de los militares retirados, conforma el conjunto de presiones que precedieron a la decisión final de Trump, aunque el propio presidente no citó explícitamente la posición de la ONU entre sus razones.
De llevarse a cabo en diciembre, será la primera ejecución de un militar estadounidense desde 1961 —cuando se ahorcó al soldado John A. Bennett por una violación y un asesinato cometidos en Austria— y la primera realizada por fusilamiento en ese ámbito castrense desde la Segunda Guerra Mundial, aunque sin la retransmisión pública que la habría convertido también en la primera ejecución pública en el país desde 1936, según recordaron The Washington Post, PBS/NPR, CBS News y el Death Penalty Information Center. Expertos en derecho militar, entre ellos Eugene Fidell, de la Universidad de Yale, han señalado además que Hasan conserva el derecho constitucional a recurrir su condena ante tribunales federales civiles mediante un recurso de habeas corpus, un proceso que podría en teoría retrasar la ejecución, aunque hasta la fecha no se ha presentado ningún recurso de última hora.
El 5 de noviembre de 2009, Hasan, entonces mayor del Ejército con 21 años de servicio, abrió fuego en un centro de preparación de despliegues en Fort Hood, tres semanas antes de su despliegue previsto en Afganistán, matando a 12 soldados y un civil e hiriendo a más de 30 personas, en el peor tiroteo ocurrido hasta entonces en una base militar estadounidense. Quedó parapléjico tras ser abatido por agentes de la policía militar durante el ataque, y desde entonces se desplaza en silla de ruedas, incluso durante el consejo de guerra de 2013 en el que se defendió a sí mismo y reconoció abiertamente ser el autor de los disparos, presentándolos como represalia contra la actuación militar de EE.UU. en países de mayoría musulmana.
Hasta la fecha no se ha hecho público ningún recurso legal de última hora contra la fecha o el método de ejecución. Tampoco se ha precisado qué canal o plataforma, si alguno, podrá acceder a cobertura del acto más allá de los testigos autorizados en persona, ni si la ONU o Amnistía Internacional emitirán una nueva valoración tras la cancelación de la retransmisión anunciada por Trump.
El 5 de noviembre de 2009, Hasan mató a 12 soldados y un civil e hirió a más de 30 personas en Fort Hood, Texas, en el ataque armado más mortífero hasta entonces en una base militar estadounidense.
Fue condenado a muerte por un jurado militar en agosto de 2013; el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó revisar su condena en 2025, agotando sus apelaciones.
El secretario Hegseth anunció el 8 de octubre de 2026 que la ejecución sería pública y retransmitida; el 9 de octubre, la ONU la calificó de posible 'tortura' y el vicepresidente Vance expresó dudas sobre si se mantendría el plan.
La cancelación de la retransmisión responde a un rechazo mayoritario y bipartidista, documentado por encuesta, y marca un retroceso respecto al plan original de hacer pública y visible la ejecución como medida disuasoria.
La ejecución en sí —fecha, lugar y método— no se ve alterada por este anuncio, por lo que seguirá siendo la primera ejecución militar en EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial, aunque sin el carácter de primera ejecución pública desde 1936 que habría tenido con retransmisión.
El episodio ilustra una fricción pública dentro de la propia Administración Trump entre Hegseth, impulsor inicial de la retransmisión, y la decisión final del presidente, influida por la opinión pública, el Congreso y militares retirados.
Hasan llevaba trece años en el corredor de la muerte militar tras agotar sus recursos de apelación, que culminaron con el rechazo del Tribunal Supremo en 2025.
La encuesta de ABC News, The Washington Post e Ipsos que mostró un 80% de rechazo a la retransmisión, incluido un 64% entre republicanos, se produjo en los días previos al anuncio de cancelación de Trump.
Decenas de oficiales militares retirados firmaron una carta pública oponiéndose a la retransmisión antes de que Trump revirtiera el plan de Hegseth.
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