El juez del caso González Amador imputa al presidente de Quirón Prevención por presunto soborno

El juez Antonio Viejo, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, dictó el 1 de octubre un auto por el que cita como investigado a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, dentro de la pieza separada del caso que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Camino deberá declarar el 3 de diciembre, según informaron de forma coincidente RTVE, El País, El Mundo, Cadena SER, Europa Press, Infobae, Público y elDiario.es.

La imputación se produjo después de que la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid solicitara la medida al juez. Las acusaciones sostienen que González Amador pagó a Camino una comisión encubierta a través de la compra, en 2020, de Círculo de Belleza SL —posteriormente rebautizada como Masterman—, sociedad propiedad de la esposa de Camino, por 499.836,92 euros. Según un informe de la Agencia Tributaria citado por varios medios, la empresa apenas disponía de activos relevantes: un ordenador portátil y tres aparatos de depilación, lo que para los investigadores apunta a un precio artificialmente inflado para disfrazar un pago irregular.

La investigación relaciona esa operación con los contratos que las sociedades de González Amador mantenían con Quirón Prevención, a las que facturó cerca de 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023 por servicios de consultoría. La Agencia Tributaria concluyó que esas sociedades carecían de medios materiales y humanos para prestar los servicios que facturaban, lo que alimenta la sospecha de que parte de ese dinero retornaba como comisión encubierta a través de la compraventa de la empresa de la pareja de Camino.

Varios medios, entre ellos El Independiente, vinculan el origen de esa relación comercial a la compraventa de material sanitario durante la pandemia: según esta hipótesis investigada, González Amador habría cobrado una comisión de alrededor del 4,5% sobre ventas de material de desinfección y mascarillas gestionadas a través de Quirón Prevención, un porcentaje que las acusaciones consideran la base de los pagos posteriormente encubiertos mediante la compra de la empresa de estética de la esposa de Camino. Esa fase de la causa, centrada en el negocio de suministros sanitarios de 2020, es la que habría generado la relación de confianza entre ambos empresarios que, según la acusación popular, se prolongó después con los contratos de consultoría.

Camino es investigado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, de acuerdo con el auto judicial, la misma calificación jurídica que se aplica habitualmente en España a los pactos de comisiones ocultas entre directivos de empresas privadas. El juez concedió a las partes un plazo de cinco días para presentar recursos antes de que la citación sea firme; si se confirma, Camino deberá acudir a declarar como investigado el 3 de diciembre, un trámite en el que podrá aportar pruebas de descargo antes de que el magistrado decida si hay indicios suficientes para seguir adelante con la instrucción o, por el contrario, archivar la pieza. Esta pieza es independiente de la causa principal, en la que González Amador se enfrenta a una posible imputación por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros, un asunto que ha sido objeto de intensa confrontación política desde 2024.

Quirón Prevención, la empresa que dirige Camino, es la compañía de prevención de riesgos laborales del grupo hospitalario Quirónsalud. Surgida en 2017 de la integración de cuatro firmas del sector —Premap, Fraterprevención, Unipresalud y MC Prevención—, es líder nacional e internacional del sector, con más de 5.300 profesionales que prestan servicio a unas 179.000 empresas y cuatro millones de trabajadores desde más de 300 oficinas en España, además de presencia directa en ocho países y actividad de consultoría en otros 25.

Hasta el momento, ni Quirón Prevención ni representantes de Camino han realizado declaraciones públicas sobre la imputación, y tampoco se ha registrado una respuesta del entorno de Ayuso o de González Amador a este episodio concreto. Se trata, en todo caso, de hechos en fase de instrucción: la imputación no implica culpabilidad y las conclusiones judiciales podrán variar conforme avance el procedimiento.

El caso se inscribe en la disputa judicial y política que rodea a González Amador desde comienzos de 2024, cuando trascendió que la Fiscalía y la Agencia Tributaria investigaban un presunto fraude fiscal de 350.000 euros presuntamente cometido a través de facturas de sociedades instrumentales. Aquella revelación desató semanas de dura confrontación parlamentaria entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, con acusaciones cruzadas entre el PSOE y el PP sobre el origen de la filtración de los datos fiscales, y situó a la pareja de la presidenta madrileña en el centro del debate político nacional durante buena parte de ese año, con comparecencias de la propia Ayuso defendiendo públicamente a González Amador.

La nueva imputación de Camino no afecta directamente a Ayuso, que no figura como investigada en ninguna de las piezas de la causa, pero sí amplía el foco judicial a una de las principales empresas de prevención de riesgos laborales del país y reabre el escrutinio sobre la red de contratos y sociedades vinculadas a su pareja. La oposición madrileña ya ha utilizado episodios anteriores del caso para cuestionar la gestión de la presidenta, aunque esta ha defendido reiteradamente que se trata de un asunto estrictamente personal de González Amador y ajeno a su labor institucional.