Huelgas generales contra el PSOE: qué pasó en 1985, 1988, 1992, 1994 y 2010 y qué consiguieron

¿Por qué se convoca una huelga general el 11 de noviembre de 2026 y no antes? La explicación acreditada combina una crisis de accesibilidad a la vivienda prolongada, el rechazo parlamentario de medidas gubernamentales y la decisión anunciada por organizaciones sindicales y de inquilinos de coordinar una protesta de 24 horas. La convocatoria llega además a pocos días del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre. Los sindicatos dicen que la protesta interpela a Gobierno, comunidades, ayuntamientos y empresas; sus críticos ven cálculo político. Esa intención última no se deduce solo del calendario.

La historia contradice que los sindicatos únicamente paren cuando gobierna la derecha. En junio de 1985, CCOO impulsó una huelga general contra la reforma de las pensiones del PSOE de Felipe González, aunque UGT no la respaldó de la misma manera. El 14 de diciembre de 1988, CCOO y UGT convocaron juntos una de las huelgas más relevantes de la democracia contra el Plan de Empleo Juvenil y la política económica socialista. El Gobierno retiró aquel plan y se abrió una fase de negociación y compromisos sociales. Ahí hubo una consecuencia política verificable.

El ciclo no acabó en 1988. El 28 de mayo de 1992 hubo una huelga general de media jornada contra cambios en la protección por desempleo aprobados por González; es incorrecto contarla como un paro de 24 horas. El 27 de enero de 1994 se convocó otra contra la reforma laboral socialista. La reforma avanzó pese a la protesta y hubo acuerdos puntuales sobre otras materias. Comparar ambas huelgas únicamente por las cifras de seguimiento, calculadas de modo diferente por sindicatos y Gobierno, ocultaría qué normas cambiaron realmente y cuáles no.

Con José María Aznar, del PP, CCOO y UGT convocaron la huelga del 20 de junio de 2002 contra un decreto de reforma del desempleo. La contestación condujo a la retirada o modificación de buena parte de las medidas más controvertidas. El 29 de septiembre de 2010, ya bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, otra huelga respondió a la reforma laboral y la austeridad tras la crisis financiera. No consiguió impedir la aprobación de esa reforma. En 2012, bajo Mariano Rajoy, hubo dos huelgas generales, el 29 de marzo y el 14 de noviembre, contra su reforma laboral y los recortes.

Por tanto, el signo político de un Gobierno no determina por sí solo cuándo aparecen huelgas generales. Importan la negociación colectiva, los cambios salariales, la situación económica, la distancia entre dirigencias sindicales y Ejecutivo, la capacidad de movilización y la posibilidad de influir en medidas concretas. Las huelgas son también decisiones estratégicas con costes para asalariados, empleadores, administraciones y usuarios. Saber si funcionan exige comparar demandas iniciales, texto final de leyes o convenios y resultados posteriores: una concentración multitudinaria no implica automáticamente una victoria.

Fuera de España existen tres desenlaces ilustrativos. Francia vivió en 2023 huelgas y manifestaciones multitudinarias contra el retraso de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, pero la norma fue promulgada. En Alemania, las huelgas ferroviarias de GDL frente a Deutsche Bahn desembocaron en marzo de 2024 en un acuerdo para ofrecer progresivamente una semana de 35 horas sin reducción salarial a determinados trabajadores por turnos, como modelo opcional para 2029. En ambos casos hubo impacto en pasajeros y empresas; solo en el segundo se obtuvo la principal concesión laboral.

En Estados Unidos, la huelga coordinada del sindicato automovilístico UAW contra Ford, General Motors y Stellantis en 2023 terminó en convenios con incrementos de salarios base del 25 % escalonados durante la vigencia contractual, entre otras mejoras. En Inglaterra, los médicos residentes aceptaron en septiembre de 2024 un acuerdo después de meses de protestas, con una subida media acumulada del 22,3 % sobre dos ejercicios según su sindicato y documentos parlamentarios. No es lícito trasladar esas mejoras a cualquier otra huelga: sector, productividad, financiación y poder de negociación cambian mucho.

Para valorar la convocatoria española del 11-N hay que observar sus efectos por separado. Directamente, quienes paren legalmente dejan de trabajar y soportan el descuento salarial correspondiente; las empresas pueden perder actividad y los ciudadanos afrontar interrupciones, dentro de los servicios mínimos que se establezcan cuando corresponda. Indirectamente, el paro podría acelerar negociaciones salariales o medidas de vivienda, pero hoy no existe evidencia de su resultado futuro. Después deberán contrastarse seguimiento real, cifras de servicios afectados, acuerdos alcanzados y normas publicadas en el BOE. Sin esos datos, llamar éxito o fracaso a la jornada sería prematuro.