CCOO y UGT convocan una huelga general para el 11 de noviembre por vivienda y salarios, con el rechazo de la CEOE

Los sindicatos CCOO y UGT confirmaron el 7 de octubre de 2026 la convocatoria de una huelga general de 24 horas para el miércoles 11 de noviembre, según un comunicado conjunto publicado en la web de CCOO bajo el lema "11N Huelga General: Salarios - Vivienda - Precios". Los sindicatos justifican la movilización por el encarecimiento de la vivienda —tanto en compra como en alquiler— por encima de la evolución de los salarios, además de reclamar el desbloqueo de la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral y el control de precios. Se trata de la primera huelga general convocada de forma conjunta por ambos sindicatos mayoritarios desde el 14 de noviembre de 2012, lo que por sí solo otorga a la cita una relevancia poco habitual en el calendario sindical reciente de España.

El comunicado oficial de CCOO describe la convocatoria como una respuesta a "una situación insostenible": salarios que no cubren los gastos básicos, una vivienda cada vez más inaccesible y precios al alza de forma sostenida. Los sindicatos convocantes enmarcan la huelga como una muestra de fuerza de la sociedad movilizada, con especial atención a los colectivos que consideran más afectados por la precariedad laboral y habitacional, entre ellos mujeres y personas migrantes en situación de vulnerabilidad económica, según la propia redacción del llamamiento sindical. El texto sindical insiste en que el objetivo inmediato es desbloquear la negociación colectiva estancada en numerosos sectores y lograr subidas salariales que, a su juicio, no se han producido al ritmo necesario pese al encarecimiento sostenido de la vida.

La protesta se verá reforzada por el respaldo de organizaciones sindicales autonómicas, entre ellas la CIG en Galicia y, en el ámbito vasco y navarro, ELA y LAB, que han decidido secundar la fecha del 11 de noviembre pese a mantener sus propias reivindicaciones centradas en vivienda. LAB debía someter formalmente la propuesta a su asamblea nacional, mientras ELA —el sindicato mayoritario en Euskadi— ha señalado que continuará trabajando con sindicatos de vivienda y otros agentes sociales para presionar a las instituciones. También se han sumado colectivos como el Sindicato de Inquilinas y sindicatos de vivienda vascos, incluidos la Unión Sindical de Vivienda y Etxebizitza Sindikatuen Sarea, del entorno de la izquierda abertzale (GKS).

La huelga también contará con la participación de CGT, según recoge Infobae, ampliando el espectro sindical más allá de las dos centrales mayoritarias. Esta amplitud de apoyos —desde sindicatos de clase hasta organizaciones nacionalistas vascas y gallegas y colectivos de vivienda— es uno de los elementos que, según varios de los medios consultados, distingue esta convocatoria de otras protestas sectoriales recientes y explica por qué se habla de ella como la primera huelga general de alcance estatal en catorce años. La coincidencia de fecha entre las reivindicaciones estatales de CCOO y UGT y las específicamente vascas y navarras de ELA y LAB no implica, según las fuentes consultadas, una convocatoria única y centralizada, sino una suma de llamamientos paralelos bajo el mismo día de protesta.

La patronal CEOE y Cepyme han rechazado conjuntamente la convocatoria, calificando de "inadmisible" trasladar a empresas, trabajadores y la actividad económica el coste de una movilización que, a su juicio, persigue cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda que corresponden a las administraciones públicas y no directamente a las empresas. Según informó El Español, la CEOE estudia además recurrir judicialmente la huelga una vez se formalice, al considerar que responde a una dinámica de campaña electoral antes que a un conflicto laboral genuino en el sentido estricto que exige la legislación española para este tipo de convocatorias. La patronal sostiene que las políticas de vivienda —suelo, promoción pública, regulación del alquiler— dependen de decisiones legislativas y presupuestarias ajenas a la negociación colectiva empresarial, por lo que rechaza que el paro se dirija contra el tejido productivo.

A ese rechazo patronal se suma el de Ceaje, la organización de jóvenes empresarios, que según recoge la Revista Ejecutivos rechaza explícitamente que sean las empresas quienes asuman el coste económico de la jornada de huelga, en línea con el argumento de la CEOE de que las reivindicaciones de vivienda apuntan a decisiones de política pública y no a la negociación colectiva empresa a empresa. Ninguna de las dos organizaciones empresariales ha cuantificado públicamente, hasta la fecha de esta información, el impacto económico que atribuyen a una jornada de huelga general, limitándose a cuestionar su legitimidad y su calendario.

La fecha elegida —dieciocho días antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre de 2026— ha generado lecturas políticas enfrentadas. Medios como OKDiario han presentado la convocatoria como una huelga "contra el PP y Vox", mientras los sindicatos convocantes insisten en que su reivindicación es estrictamente laboral y social, centrada en salarios y vivienda, sin vinculación partidista explícita en su comunicado oficial. Esa discrepancia entre la interpretación de algunos medios y la justificación pública de los sindicatos subraya el carácter sensible de la convocatoria en plena precampaña electoral, y es un punto que esta información distingue expresamente entre lo documentado en el comunicado sindical y las lecturas periodísticas posteriores que vinculan la huelga con el ciclo electoral.

De cara al 11 de noviembre, quedan pendientes de confirmar el alcance exacto de los servicios mínimos, si la CEOE formaliza finalmente el recurso que dice estar estudiando, y si otras organizaciones sindicales regionales se sumarán en los próximos días a la convocatoria estatal. La última vez que CCOO y UGT coincidieron en una huelga general fue el 14 de noviembre de 2012, en el marco de una huelga general europea contra las políticas de austeridad, lo que da a la cita del 11-N de 2026 un carácter histórico dentro del movimiento sindical español y explica la atención mediática que ha recibido la convocatoria desde su confirmación.