La familia de Guillem Agulló, asesinado por un grupo neonazi en 1993, exige al Gobierno que lo reconozca como víctima del terrorismo

La familia de Guillem Agulló ha pedido formalmente al Gobierno que reconozca al joven antifascista, apuñalado mortalmente por un grupo de ultraderecha en 1993, como víctima del terrorismo, en una petición que hicieron pública en una rueda de prensa en Madrid el 4 de noviembre de 2026, coincidiendo con el 33º aniversario del crimen. La solicitud, remitida en abril a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio del Interior, reclama que el Estado asuma su responsabilidad por lo que la familia considera una respuesta judicial e institucional insuficiente en su momento, y pide que se incorporen informes periciales independientes antes de resolver.

Guillem Agulló, de 18 años y natural de Burjassot (Valencia), murió de una puñalada en el corazón en la madrugada del 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castellón), donde había viajado para asistir a una fiesta local. El ataque fue perpetrado por varios jóvenes vinculados a un grupo de ultraderecha identificado en la prensa de la época como 'Marchalenes IV Reich', que según las crónicas coreaban consignas fascistas durante la agresión.

El juicio celebrado en 1995 concluyó con la absolución de cuatro de los cinco acusados y la condena de Pedro José Cuevas, autor material de la puñalada, a 14 años de prisión por homicidio, de los que cumplió efectivamente unos cuatro. El tribunal calificó los hechos como una 'pelea entre jóvenes' y descartó el móvil político o racista, una calificación con la que, según las fuentes consultadas, no coincidían ni el fiscal ni el juez instructor del caso. Días después del asesinato, el 21 de abril de 1993, las Corts Valencianes aprobaron por unanimidad una declaración institucional que calificó el crimen como un 'crimen fascista', según recoge la carta familiar difundida por VilaWeb.

En esa misma carta a Sánchez y Marlaska, la familia denuncia lo que considera irregularidades en la investigación original: que la Guardia Civil retuvo durante 14 horas y sin agua a varios amigos de Guillem mientras los agresores permanecían en libertad, que el diario 'Las Provincias' publicó entonces información que la familia considera favorable a los acusados, y que durante el juicio un testigo fue obligado a cantar el 'Cara al Sol' y compareció un testigo de la defensa que la familia describe como sorpresa procesal. La carta, firmada también por 263 personalidades de la cultura, la política y el derecho según VilaWeb, califica el proceso judicial de entonces como 'uno de los episodios más vergonzosos de la historia judicial española'.

Frente a esa petición, el Ministerio del Interior solicitó informes a la Guardia Civil y a la Audiencia Provincial de Castellón, y el de la Guardia Civil se pronunció en contra de la calificación de terrorismo, al considerar que los hechos de 1993 'carecen de la naturaleza de un atentado terrorista', según coinciden Infobae, Infolibre y Diario Siglo XXI. La familia replica que esa conclusión ignora el contexto político del ataque y la propia declaración de las Corts Valencianes de 1993, y pide que se incorporen al expediente informes periciales independientes antes de que el Gobierno resuelva.

En la rueda de prensa del 4 de noviembre participaron representantes políticos que respaldaron la petición familiar: el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que el asesinato 'quedó prácticamente impune'; el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, y los diputados de Compromís Àgueda Micó y Alberto Ibáñez también reclamaron el reconocimiento. Micó, según Infobae, criticó la 'normalización del discurso de extrema derecha' y denunció que una televisión pública había bloqueado un proyecto de película sobre Agulló, un extremo que esta pieza no ha podido verificar de forma independiente y que se señala aquí como alegación sin confirmar. La madre de Guillem Agulló declaró en el acto: 'Nos dejaron sin Guillem, pero no han ganado'.

La petición de la familia se apoya explícitamente en la comparación con otros reconocimientos ya concedidos: solicitan que a Guillem se le reconozca 'del mismo modo en que se ha reconocido a otras víctimas de la extrema derecha en circunstancias similares', aunque ninguna de las fuentes consultadas para esta información detalla casos concretos de esa comparación ni el procedimiento administrativo exacto por el que se concederían, lo que limita la posibilidad de verificar si el paralelismo invocado es jurídicamente equivalente.

Hasta el momento no consta en ninguna de las fuentes consultadas una respuesta pública del Gobierno, de Moncloa o del Ministerio del Interior a la carta familiar ni a la rueda de prensa del 4 de noviembre; el propio relato de la familia, recogido por Infobae y VilaWeb, sitúa el expediente en una fase preliminar en la que solo se han pedido dos informes (Guardia Civil y Audiencia Provincial de Castellón) sin que exista todavía una resolución formal sobre el reconocimiento solicitado.

El caso se inscribe en un debate más amplio sobre el reconocimiento oficial de víctimas de violencia de motivación política anteriores a la Ley de 2011 que regula las ayudas a víctimas del terrorismo, un marco en el que organizaciones memorialistas han reclamado en los últimos años la inclusión de otros asesinatos de la década de 1990 atribuidos a grupos de extrema derecha; esta pieza no ha verificado de forma independiente el estado de esas otras peticiones y se limita a situar el caso Agulló en ese contexto general sin extender conclusiones no comprobadas a otros expedientes.