El alto el fuego en Gaza cumple un año con cerca de 1.500 muertos y más de cien ONG denunciando que "existe solo sobre el papel"

El alto el fuego en la Franja de Gaza, alcanzado el 10 de octubre de 2025 con el respaldo de Estados Unidos, cumple este sábado un año sin que se haya avanzado a la segunda fase del acuerdo ni se hayan detenido los ataques israelíes contra el enclave. Más de cien organizaciones humanitarias y de derechos humanos —entre ellas Amnistía Internacional, Save the Children, Oxfam, Greenpeace y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC)— firmaron una declaración conjunta, difundida el 9 de octubre, en la que afirman que la tregua "existe solo sobre el papel" mientras continúan las muertes y las restricciones a la ayuda.

Según la declaración, recogida por Al Jazeera y por Amnistía Internacional España, más de 1.400 personas han muerto por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, entre ellas al menos 324 menores, lo que equivale a casi un niño o niña muerto cada día desde el anuncio de la tregua. La agencia EFE, citada por Infobae, eleva la cifra a más de 1.470 fallecidos y señala que el ritmo medio ha sido de unas cuatro muertes diarias en Gaza durante el año de alto el fuego. Las discrepancias de varias decenas de casos entre ambas cifras reflejan los distintos cortes temporales y fuentes —ONG internacionales frente al recuento del Ministerio de Salud de Gaza— y no alteran la magnitud del balance.

Portavoces de las organizaciones firmantes criticaron con dureza la situación. "Un alto el fuego carece de sentido si se sigue matando a menores y las familias siguen sin poder reconstruir sus vidas", declaró Inger Ashing, de Save the Children. Jan Egeland, del NRC, calificó de "absolutamente vergonzoso" que, un año después de la firma, "la situación haya mejorado tan poco", y denunció que las restricciones israelíes siguen impidiendo la entrada de material y equipos de reconstrucción. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, añadió que "la rendición de cuentas no puede quedar sepultada bajo los escombros". Mohsen Abu Ramadan, de la Red de ONG palestinas, subrayó además que las organizaciones locales siguen respondiendo a "necesidades inmensas" bajo la ocupación israelí, con medios cada vez más limitados.

Israel ha rechazado de forma reiterada que estos incidentes constituyan incumplimientos unilaterales del acuerdo. Fuentes y portavoces militares israelíes sostienen que sus operaciones han sido respuestas a ataques de Hamás y otras facciones armadas dentro de Gaza —incluidos disparos y ataques con misiles anticarro contra tropas cerca de la llamada "línea amarilla"— y a retrasos en la devolución de los cuerpos de rehenes fallecidos. El Ejército israelí ha afirmado que "responderá con contundencia a cualquier violación" de la tregua y ha negado por separado que esté limitando deliberadamente la entrada de camiones de ayuda humanitaria, asegurando que sus operaciones se ajustan "al derecho internacional". La oficina de medios de Gaza, por su parte, atribuye a Israel más de 5.100 violaciones del acuerdo documentadas en el último año, una cifra que no ha sido verificada de forma independiente.

Más allá del recuento de víctimas, la declaración conjunta de las ONG describe una crisis humanitaria que no ha remitido con la tregua: cerca de 1,9 millones de personas siguen necesitando alojamiento, 1,4 millones de gazatíes afrontan niveles de hambre crítica de cara a fin de año, ningún hospital de la Franja funciona a pleno rendimiento y unos 18.500 pacientes necesitan ser evacuados por motivos médicos, de los cuales más de mil habrían muerto ya mientras esperaban esa evacuación. Según EFE, Israel mantiene un control militar sobre alrededor del 63%-65% del territorio de Gaza dentro del perímetro de la "línea amarilla", una proporción que se ha ampliado durante el año de alto el fuego y que confina a unos 2,1 millones de palestinos en una porción reducida del enclave, de apenas 146 kilómetros cuadrados según el recuento de la propia agencia.

La segunda fase del acuerdo, que preveía el repliegue de las tropas israelíes hacia la línea amarilla original, el desarme de Hamás y el inicio de la reconstrucción bajo supervisión internacional, permanece estancada. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha vinculado explícitamente cualquier repliegue adicional al desarme previo y completo de Hamás, una condición que el grupo islamista ha rechazado, lo que deja sin fecha el inicio de la fase política del plan respaldado por Washington.

En el terreno militar, la llamada 'línea amarilla' se ha convertido en el principal punto de fricción cotidiana: la mayoría de las muertes documentadas por las ONG se han producido en sus inmediaciones o en zonas próximas que Israel considera de exclusión y que buena parte de la población gazatí sigue cruzando para acceder a tierras de cultivo, agua o restos de sus antiguas viviendas. Las organizaciones firmantes de la declaración sostienen que ese patrón —disparos contra civiles que se acercan al perímetro— explica una parte sustancial del millar y medio de víctimas del último año, mientras que fuentes militares israelíes insisten en que las reglas de enfrentamiento solo se han aplicado contra quienes han sido identificados como combatientes o atacantes armados.

El canje de rehenes y cuerpos, uno de los pilares de la primera fase del acuerdo, se completó formalmente meses atrás, pero las organizaciones firmantes y medios como Infobae señalan que persisten fricciones puntuales sobre la identificación final de restos, empleadas en ocasiones por Israel para justificar operaciones puntuales posteriores. Naciones Unidas ha reiterado en los últimos días su llamamiento a ambas partes para que respeten íntegramente el acuerdo y permitan la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria, un punto en el que coinciden tanto la declaración de las ONG como informes previos de agencias de la ONU sobre el impacto de la guerra en la población civil de Gaza.

De cara al invierno, las organizaciones advierten de que la combinación de hacinamiento, falta de materiales de reconstrucción y escasez de combustible agrava el riesgo para cientos de miles de personas que siguen viviendo en tiendas de campaña o entre escombros, más de un año después de que se anunciara formalmente el fin de las hostilidades a gran escala. Ese deterioro de las condiciones de vida es uno de los argumentos centrales que las ONG firmantes emplean para sostener que el alto el fuego, pese a haber reducido claramente la intensidad del conflicto respecto a los dos años previos de guerra abierta, no ha producido todavía ninguna mejora sustancial y verificable sobre el terreno para la mayoría de la población civil de Gaza.