La Fiscalía de Florida anunció el viernes que ha conseguido una orden de arresto estatal, sin derecho a fianza, contra el expresidente cubano Raúl Castro, al que acusa de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas. La medida, sin posibilidad real de ejecutarse al no existir tratado de extradición entre EE.UU. y Cuba, ha sido rechazada por La Habana, Rusia y China, mientras funcionarios estadounidenses la presentan como un paso hacia la "justicia".
La fiscalía estatal de Florida anunció una orden de arresto sin fianza contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate que mató a cuatro personas. Cuba, Rusia y China rechazaron la medida, que no tiene vía práctica de ejecución al no existir extradición entre La Habana y Washington. La Fiscalía de Florida anunció el viernes que ha conseguido una orden de arresto estatal, sin derecho a fianza, contra el expresidente cubano Raúl Castro, al que acusa de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas. La medida, sin posibilidad real de ejecutarse al no existir tratado de extradición entre EE.UU. y Cuba, ha sido rechazada por La Habana, Rusia y China, mientras funcionarios estadounidenses la presentan como un paso hacia la "justicia".
Hermanos Al Rescate
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La fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el 19 de octubre que la Fiscalía estatal y el Departamento de Policía del estado (FDLE) consiguieron una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado. La orden, sin derecho a fianza, fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, presidenta del Circuito Judicial 11 de Miami-Dade, según el anuncio oficial de la Fiscalía recogido por Fox News, Al Jazeera y las cadenas locales de Florida WPTV, local12 y cbs12.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando dos cazas militares cubanos derribaron sobre aguas internacionales dos avionetas civiles desarmadas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate, que buscaba a balseros en el estrecho de Florida. Murieron los cuatro ocupantes, todos con vínculos con Florida: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
Según el informe de causa probable citado por la fiscalía y recogido por las cadenas estadounidenses, Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba— figura entre los responsables que autorizaron la operación, y los investigadores sostienen que había dado órdenes permanentes a los mandos militares para derribar cualquier aeronave de Hermanos al Rescate que apareciera sobre el mar. Uthmeier declaró que "Raúl Castro ordenó un asesinato a sangre fría".
La medida carece, sin embargo, de vía práctica de ejecución: Estados Unidos y Cuba no mantienen tratado de extradición, Castro dejó todos sus cargos políticos en 2021 y reside en la isla, fuera del alcance de la jurisdicción estatal de Florida. Se trata además de la reactivación de una causa que llevaba décadas latente, abierta originalmente tras el derribo de 1996 y nunca ejecutada contra los responsables cubanos señalados en ella.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la orden de "patético circo miamense, con trasfondo electoral" y aseguró que la medida "no tiene ni tendrá jamás el menor sentido jurídico ni práctico". El canciller cubano, Bruno Rodríguez, la describió como una "maniobra estéril" de "políticos anticubanos del sur de Florida", en declaraciones recogidas por OnCubaNews y El Tiempo.
China y Rusia respaldaron la posición cubana. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, defendió que Castro "es un líder revolucionario cubano de gran prestigio y respeto, que goza de enorme autoridad en el ámbito internacional", y pidió a Washington "poner fin de inmediato al bloqueo" contra Cuba. El Ministerio de Exteriores ruso calificó los cargos de "infundados y fabricados" y los describió como "una venganza del lobby anticubano de Miami" más de tres décadas después de los hechos, según Infobae y Teleamazonas.
En el plano estadounidense, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, celebró la orden y afirmó que "la justicia llegará". La comunidad cubanoamericana del sur de Florida, con fuerte peso político en el estado, ha respaldado históricamente este tipo de causas contra antiguos dirigentes cubanos, un contexto que tanto medios cubanos como estadounidenses han señalado como telón de fondo de la decisión del fiscal general Uthmeier.
Hermanos al Rescate, fundada en 1991 por el piloto cubanoamericano José Basulto, sobrevolaba el estrecho de Florida en busca de balseros cubanos en peligro para alertar a los guardacostas, y en ocasiones lanzaba octavillas sobre territorio cubano con mensajes contrarios al Gobierno de Fidel Castro. Esa segunda actividad, que La Habana consideró siempre una violación reiterada de su espacio aéreo con fines de propaganda, es la que Cuba invoca para justificar el derribo, mientras Washington y los familiares de las víctimas han sostenido desde 1996 que las dos avionetas derribadas volaban en espacio aéreo internacional y no representaban ninguna amenaza militar para la isla.
El derribo ya tuvo una consecuencia judicial previa: en 1998, un gran jurado federal de Miami acusó formalmente a varios oficiales cubanos, entre ellos altos mandos de la Fuerza Aérea señalados como responsables directos de la operación, sin que ninguno llegara a ser detenido o extraditado al no residir en territorio estadounidense. Aquel proceso coincidió en el tiempo con el caso contra la llamada Red Avispa, un grupo de agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Miami que, según la Fiscalía de EE.UU., vigilaba a Hermanos al Rescate antes del derribo; cinco de sus miembros, conocidos como los "Cinco Cubanos", fueron condenados en EE.UU. y posteriormente canjeados o liberados entre 2011 y 2014, en el marco del posterior deshielo diplomático entre ambos países.
Juristas citados por las cadenas estadounidenses que cubrieron el anuncio han subrayado que la orden de Uthmeier, por ser de competencia estatal y no federal, no obliga a ningún otro país a cooperar y no equivale a una solicitud de extradición formal: su efecto práctico se limita a que Castro podría ser detenido si llegara a pisar territorio de Florida, algo que ningún medio consultado considera previsible dada su edad y su retiro completo de la vida pública desde 2021. Aun con ese alcance limitado, el anuncio ha generado cobertura simultánea en medios de Estados Unidos, Cuba, China y Rusia, lo que confirma su peso como gesto político casi tres décadas después de los hechos que lo originan.
El derribo del 24 de febrero de 1996 ya fue objeto de una acusación federal en 1998 contra varios militares cubanos, sin que ninguno llegara a ser detenido o juzgado en EE.UU., y se entrelazó con el caso de los "Cinco Cubanos" de la Red Avispa, liberados o canjeados entre 2011 y 2014.
La orden revive formalmente, más de 30 años después, el caso judicial por el derribo de Hermanos al Rescate, aunque sin capacidad de ejecución real mientras Castro permanezca en Cuba y no exista tratado de extradición entre ambos países.
El episodio profundiza el enfrentamiento diplomático entre Washington y La Habana en un momento de presión creciente sobre Cuba, y atrae el respaldo explícito de Rusia y China al Gobierno cubano frente a lo que ambos describen como una maniobra política estadounidense.
El derribo de 1996 marcó un punto de quiebre en las relaciones entre EE.UU. y Cuba: Washington respondió entonces con sanciones adicionales y el refuerzo del embargo mediante la ley Helms-Burton, mientras Cuba defendió el derribo como una respuesta a reiteradas incursiones de la organización exiliada en su espacio aéreo.
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