El magistrado de la Audiencia Nacional sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza la petición del PP de imputar al PSOE como persona jurídica, al considerar que aún no hay "principio de prueba" suficiente. Pedraz liga la decisión final a la declaración de Santos Cerdán y a un informe de la UCO sobre 81 cuentas bancarias.
El juez Santiago Pedraz ha rechazado "en este momento" imputar al PSOE como persona jurídica en el caso Leire Díez, la petición que había formulado el PP. El magistrado sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y condiciona cualquier decisión a diligencias pendientes, con la declaración de Santos Cerdán como pieza central. El magistrado de la Audiencia Nacional sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza la petición del PP de imputar al PSOE como persona jurídica, al considerar que aún no hay "principio de prueba" suficiente. Pedraz liga la decisión final a la declaración de Santos Cerdán y a un informe de la UCO sobre 81 cuentas bancarias. En la práctica: Es la primera resolución judicial expresa sobre la petición de imputar al PSOE como persona jurídica en el caso Leire Díez, y la respuesta es negativa "por ahora", lo que aplaza la decisión final a diligencias pendientes.
La Audiencia Nacional, en Madrid, donde el juez Pedraz instruye el caso Leire Díez.
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado "en este momento" la petición del Partido Popular de imputar al PSOE como persona jurídica en el caso Leire Díez, según recogen de forma coincidente Europa Press, Infobae, El Mundo, ABC y The Objective. La resolución resuelve, por ahora en sentido negativo, la cuestión que había quedado abierta tras el escrito de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 8 de octubre, en el que los fiscales reconocían "indicios" contra el partido pero pedían completar diligencias antes de dar ese paso procesal.
Según la reconstrucción coincidente de varios medios sobre el contenido del auto, Pedraz razona que, aunque los hechos investigados "podrían presentar apariencia delictiva" para el PSOE, todavía no se ha incorporado a la causa "un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad". El magistrado se apoya en el artículo 31 bis del Código Penal, que exige acreditar una responsabilidad autónoma de la persona jurídica -y no solo de las personas físicas vinculadas a ella- para poder imputarla.
El propio auto, según esa misma reconstrucción mediática, enumera las diligencias que considera imprescindibles antes de resolver: la declaración de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y situado por el propio Pedraz en mayo de 2026 en un "nivel superior" de la presunta trama; la declaración de la propia Leire Díez; la comparecencia de Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez; y un informe de la UCO sobre el análisis de 81 cuentas bancarias, seis de ellas del propio PSOE, además de la documentación incautada al partido. Según The Objective, la declaración de Cerdán quedaría fijada para después de las elecciones generales del 29 de noviembre, un extremo que de momento solo recoge esa fuente y que esta información señala como dato no corroborado de forma independiente.
La investigación apunta, según la reconstrucción de varios medios sobre las diligencias de la UCO, a un flujo de alrededor de 188.000 euros desde el entorno del PSOE hacia la red coordinada por Leire Díez, dirigida presuntamente a neutralizar causas judiciales incómodas para el Gobierno, entre ellas la que investigó en Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente. Esa cifra y el número de cuentas bancarias analizadas no han sido confirmados por el PSOE ni por fuentes judiciales de forma directa a este medio; proceden de la reconstrucción coincidente de la cobertura periodística sobre el contenido del auto.
El PP, que ejerce la acusación popular en la causa y había pedido la imputación del PSOE por delitos de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación, no ha anunciado hasta el momento un recurso contra la decisión de Pedraz, aunque varios medios apuntan a que previsiblemente la recurrirá. El PSOE, por su parte, mantiene la posición -ya expresada tras el escrito fiscal del día anterior- de que los hechos investigados corresponden a actuaciones individuales y no a una responsabilidad de la organización como tal; este medio no ha podido verificar una declaración pública y textual del partido específicamente sobre el auto de Pedraz.
La decisión judicial, al seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, confirma la expectativa que ya recogía la cobertura del día anterior: la cuestión de si el PSOE afronta o no una imputación formal como persona jurídica queda aplazada mientras se completan las diligencias pendientes, en un calendario que previsiblemente se solapará con la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pedraz no cierra la puerta a una imputación futura -de hecho, reconoce la "apariencia delictiva" abstracta de los hechos-, pero fija un umbral probatorio que, según su propio auto, aún no se ha alcanzado.
Conviene distinguir los niveles de certeza de esta pieza: lo que consta de forma documentada y coincidente en múltiples medios es el rechazo "por ahora" a imputar al PSOE y la lista de diligencias pendientes citada por el juez; lo que procede de una única fuente y se señala como tal es la fecha de la declaración de Cerdán tras el 29-N; y lo que sigue siendo una incógnita es si el PP recurrirá la decisión y cuál será la postura procesal exacta del PSOE ante el auto. El caso Leire Díez continúa además entrelazado con una pieza separada -instruida por el mismo juez- sobre un testimonio ante la UCO acerca de un supuesto plan para "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa de David Sánchez.
La imputación de un partido político como persona jurídica sigue siendo un mecanismo excepcional en la práctica judicial española: exige acreditar, conforme al artículo 31 bis del Código Penal, que la propia organización -y no solo individuos vinculados a ella- careció de los controles internos exigibles o se benefició de forma estructural de una actividad delictiva. Al rechazar "por ahora" dar ese paso, Pedraz no cierra la causa ni descarta la responsabilidad del PSOE como organización; simplemente traslada la carga de la prueba a las diligencias pendientes, en una secuencia procesal que, según la reconstrucción disponible, prioriza la declaración de Cerdán por ser la persona que, según el propio juez ya señaló en mayo de 2026, habría actuado como nexo entre los gastos de Leire Díez y la estructura financiera del partido.
El trasfondo político de la decisión es inseparable del calendario electoral: el auto llega apenas unas semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en una campaña en la que el PP ha calificado la trama investigada como "delincuencia de Estado" y el PSOE ha insistido en que se trata de actuaciones individuales ajenas a la dirección del partido. Cualquier novedad procesal en las próximas semanas -ya sea un recurso del PP ante la Sala de lo Penal, la fecha definitiva de la declaración de Cerdán o un nuevo informe de la UCO sobre las 81 cuentas bancarias- tendrá previsiblemente una repercusión inmediata en la contienda electoral, con independencia de su alcance estrictamente jurídico, por lo que esta información se actualizará si se producen desarrollos materiales.
En mayo de 2026, Pedraz ya había situado a Santos Cerdán en un "nivel superior" de la presunta trama, señalando el pago de gastos de Leire Díez y el uso de infraestructura del PSOE.
El 8 de octubre de 2026 la Fiscalía Anticorrupción remitió su escrito reconociendo indicios pero pidiendo prudencia procesal, antecedente directo del auto de Pedraz del 9 de octubre.
Es la primera resolución judicial expresa sobre la petición de imputar al PSOE como persona jurídica en el caso Leire Díez, y la respuesta es negativa "por ahora", lo que aplaza la decisión final a diligencias pendientes.
Al fijar la declaración de Santos Cerdán y el informe de la UCO sobre 81 cuentas bancarias como condición previa, el calendario de la instrucción queda ligado a un horizonte que, según una fuente, se solaparía con la campaña del 29 de noviembre.
El auto cita por primera vez de forma expresa una cifra aproximada -188.000 euros- vinculada al presunto flujo de fondos hacia la red de Leire Díez, aunque esta cifra procede de reconstrucción periodística y no de confirmación directa de fuentes judiciales a este medio.
El caso Leire Díez investiga una presunta red para neutralizar causas judiciales incómodas para el PSOE y el Gobierno, entre ellas la que afectó a David Sánchez, hermano del presidente, en Badajoz.
El 8 de octubre de 2026, la Fiscalía Anticorrupción ya había trasladado al juez que existían "indicios" contra el PSOE pero que la imputación era prematura, criterio que Pedraz asume ahora en su auto.
El PP pidió formalmente la imputación del PSOE como persona jurídica apenas 24 horas después del anuncio del adelanto electoral al 29 de noviembre.
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