España gasta un 19,5% menos por estudiante universitario que la media de la OCDE, según el Informe CYD 2025

La Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario (LOSU), publicada en el BOE el 23 de marzo de 2023 y en vigor desde el 12 de abril de ese año, sustituyó a la Ley Orgánica de Universidades de 2001 y fijó en su preámbulo un objetivo concreto: alcanzar un mínimo de financiación pública del 1% del PIB para las universidades, en línea con el 5% ya comprometido para educación en la LOMLOE y el 1,25% previsto en la Ley de Ciencia.

Ese objetivo partía de un diagnóstico explícito recogido en el propio texto legal: las universidades públicas españolas habían sufrido 'de manera persistente' una insuficiente financiación pública durante la década anterior, con precarización de las condiciones de trabajo y un desplazamiento de la carga hacia la financiación privada, principalmente a través de los precios públicos que pagan las familias.

El Informe CYD 2025 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, dedicado específicamente a la financiación de la universidad pública española en contexto internacional, permite medir el punto de partida real: en 2022, el gasto público universitario representaba el 0,75% del PIB, frente al 0,69% de 2015. La mejora es de seis décimas porcentuales en siete años, un ritmo que —de mantenerse— dejaría a España cerca, pero no necesariamente dentro, del objetivo del 1% fijado para 2030.

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En términos de gasto total por estudiante, el informe sitúa a España en 18.369 dólares en 2022, un 19,5% por debajo de la media de la OCDE y un 14,5% por debajo de la media de la Unión Europea. La comparación internacional confirma que la brecha no es solo una percepción sindical o política, sino un dato consistente con los estándares de gasto de los países de referencia.

La composición de ese gasto añade otro matiz: en España, el 65,9% procede de fondos públicos, por debajo del 68% de la OCDE y notablemente por debajo del 75,8% de la Unión Europea. La diferencia se traslada al sector privado, y dentro de él, principalmente a las familias y estudiantes, que aportan el 31,8% del gasto total universitario, frente al 19,5% de media en la UE y el 28,6% en la OCDE.

La dimensión territorial es otro elemento central del informe: el 82% de las transferencias que reciben las universidades públicas presenciales españolas proceden de las comunidades autónomas, que ostentan la competencia efectiva sobre buena parte de la financiación universitaria. Esto genera, según el propio informe, diferencias relevantes entre comunidades en el gasto por estudiante, con Madrid identificada por análisis periodísticos posteriores como la comunidad que menos invierte por alumno.

En términos reales, descontada la inflación, los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales españolas en 2023 se mantienen un 10% por debajo de los niveles de 2009, es decir, antes del inicio de la crisis de deuda soberana que derivó en recortes generalizados al sistema universitario. Esta cifra sitúa el debate sobre el 1% del PIB no como un objetivo de crecimiento desde cero, sino como un intento de recuperar terreno perdido hace más de una década.

El propio texto de la LOSU delega en una Conferencia General de Política Universitaria —de composición aún por definir en el momento de aprobación de la ley y con plazo de creación de un año— la tarea de establecer el plan de incremento de gasto público al que se refiere su artículo 55.2. Fuentes sindicales citadas por medios especializados en educación superior han señalado que la ausencia de una memoria económica adjunta a la ley, unida a que el objetivo del 1% se refiere al conjunto del Estado cuando más del 80% de la financiación depende de las comunidades autónomas, limita la capacidad de la norma para garantizar por sí sola el cumplimiento del objetivo.

El resultado es un objetivo legal claro —el 1% del PIB en 2030— y una trayectoria de cumplimiento que, con los datos disponibles hasta 2022 (0,75% del PIB), requeriría una aceleración sustancial respecto al ritmo observado entre 2015 y 2022 para materializarse en el plazo fijado por la propia ley.

Los comparables ayudan a poner el dato en escala: Gasto público universitario como % del PIB: 0,69% (2015) vs 0,75% (2022) vs 1% (objetivo LOSU 2030)..

La discrepancia que debe conservarse es esta: Ninguna discrepancia numérica relevante entre las fuentes consultadas sobre las cifras de 2022; no se ha verificado directamente el artículo de El País que originó la señal..