Un informe de la fundación Fedea concluye que la reforma de pensiones ha protegido el poder de compra de los jubilados, pero deja sin resolver la financiación a largo plazo de un gasto que podría superar el 17% del PIB a mediados de siglo, frente al 13% actual.
La fundación de estudios económicos avisa de que el gasto en pensiones podría casi igualar al actual nivel de ingresos adicionales previstos, mientras el Gobierno defiende que el sistema cumple, por ahora, con la cláusula de sostenibilidad pactada con Bruselas. Un informe de la fundación Fedea concluye que la reforma de pensiones ha protegido el poder de compra de los jubilados, pero deja sin resolver la financiación a largo plazo de un gasto que podría superar el 17% del PIB a mediados de siglo, frente al 13% actual. En la práctica: El debate afecta directamente a la futura carga de cotizaciones sobre empresas y trabajadores, y al margen fiscal disponible para otras políticas públicas si el gasto en pensiones sigue creciendo como proyecta Fedea.
Delegación provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla.
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La reforma de pensiones aprobada en España entre 2021 y 2023 ha cumplido su objetivo declarado de proteger el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización automática con el IPC, pero deja sin resolver el problema de fondo de la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, según un informe publicado el 27 de octubre de 2026 por la fundación Fedea, firmado por Judith Arnal (Fedea), Ángel de la Fuente (Fedea e IAE-CSIC) y Juan Pablo Riesgo (EY Insights).
El estudio, que evalúa cuatro grandes bloques de reformas del Plan de Recuperación —empleo, vivienda, educación y pensiones—, calcula que el gasto público en pensiones podría pasar del 13,1% del PIB registrado en 2022 a entre el 16% y el 17% hacia 2045-2050. Los autores sostienen que los ingresos adicionales aprobados, principalmente a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cotización adicional de solidaridad, resultan insuficientes para cubrir ese incremento previsto del gasto, lo que a su juicio deja pendiente un debate sobre cuántos recursos públicos adicionales se destinan a pensiones en detrimento de otras prioridades.
La cifra de Fedea se sitúa por encima de las proyecciones oficiales. Según informó Eleconomista.es el 26 de octubre de 2026, la revisión del Gobierno estima un gasto medio neto del 13% del PIB entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del 13,3% que activaría subidas automáticas de cotizaciones bajo la cláusula de salvaguarda acordada con la Comisión Europea; la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, sitúa su previsión de gasto en el entorno del 16,4% del PIB en 2050, y la propia Seguridad Social en torno al 15,3%. Fedea considera que, aun cumpliéndose formalmente esa cláusula, el margen es demasiado estrecho y que las proyecciones oficiales subestiman la presión demográfica de la jubilación de la generación del baby boom.
El Gobierno defiende que el sistema es sostenible con el diseño actual. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, valoró días antes de conocerse el informe el compromiso del PSOE de "blindar en la Constitución las pensiones y su revalorización" según el IPC, y destacó que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha pasado de 5.000 millones de euros en 2018 a unos 20.000 millones en 2026, como prueba de la fortaleza financiera del sistema frente a las dudas planteadas por analistas como Fedea.
El contraste entre ambas lecturas —una advertencia técnica sobre una brecha de financiación creciente y una defensa gubernamental de la sostenibilidad ya alcanzada— se produce en plena antesala de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que el futuro del sistema de pensiones y el reparto del gasto público entre generaciones volverán a formar parte del debate económico central de la campaña.
Fedea no cuantifica en su informe medidas concretas de ajuste, pero reclama un acuerdo explícito sobre cómo financiar el incremento de gasto sin concentrar el esfuerzo en las cotizaciones del empleo ni en las generaciones más jóvenes, una advertencia que coincide con alertas similares planteadas por la propia fundación en estudios previos sobre la reforma de 2021-2023.
Fedea ya había advertido en estudios anteriores, en 2023 y en septiembre de 2026, sobre el riesgo de que el gasto en pensiones creciera más de lo estimado oficialmente.
El debate afecta directamente a la futura carga de cotizaciones sobre empresas y trabajadores, y al margen fiscal disponible para otras políticas públicas si el gasto en pensiones sigue creciendo como proyecta Fedea.
La reforma de pensiones de 2021-2023 sustituyó el factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y vinculó la revalorización de las pensiones al IPC, a cambio de nuevas vías de financiación como la cotización de solidaridad sobre salarios altos.
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