El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Real Decreto que sustituye al estatuto de 2010, reconoce por primera vez el derecho a la huelga académica, obliga a las universidades a ofrecer atención psicológica gratuita y regula el uso indebido de la inteligencia artificial por parte del alumnado.
El Ejecutivo actualiza por primera vez desde 2010 el marco de derechos y deberes de los universitarios: reconoce el derecho a la huelga académica, obliga a los campus a ofrecer atención psicológica gratuita y protocolos de prevención del suicidio, e introduce deberes sobre el uso indebido de la inteligencia artificial. El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Real Decreto que sustituye al estatuto de 2010, reconoce por primera vez el derecho a la huelga académica, obliga a las universidades a ofrecer atención psicológica gratuita y regula el uso indebido de la inteligencia artificial por parte del alumnado. En la práctica: La norma afecta a cerca de 1,6 millones de estudiantes universitarios en España, que ganan el derecho reconocido a la huelga académica y a atención psicológica gratuita en sus campus, mientras las universidades deberán desarrollar reglamentos propios para aplicar estas novedades.

Centro de Atención a la Salud Mental de Albacete (UME). Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA)
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El Consejo de Ministros aprobó este martes 20 de octubre el proyecto de Real Decreto del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que sustituye al texto vigente desde 2010 y amplía los derechos y deberes de los alumnos de las universidades españolas. La norma llega un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidiera la firma de una declaración institucional sobre el proyecto junto a representantes universitarios, según informó La Moncloa.
Entre las principales novedades, el estatuto regula por primera vez el derecho a la huelga académica, total o parcial, y encomienda a cada universidad fijar el procedimiento para ejercerlo con participación de la representación estudiantil, "respetando también el derecho a la educación" de quienes no secunden el paro. La norma obliga además a los centros a ofrecer atención psicológica y orientación "gratuita y accesible", así como protocolos de prevención del suicidio, elevando la salud mental a un derecho reconocido del alumnado, según recoge LegalToday.
El texto también introduce deberes vinculados al uso de la inteligencia artificial: sin prohibir su empleo, convierte el "uso inapropiado" de estas herramientas en una infracción ligada a la integridad académica. Se incorporan asimismo medidas de conciliación, como la posibilidad de matrícula a tiempo parcial o la suspensión temporal de estudios, pensadas para quienes compaginan la universidad con el trabajo o el cuidado de familiares, además de mayor transparencia sobre los programas de las asignaturas antes de la matrícula. El estatuto refuerza igualmente las garantías frente a cambios injustificados de los criterios de evaluación una vez iniciado el curso y amplía el derecho de los estudiantes a solicitar la revisión de sus calificaciones.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, defendió que "España da un paso adelante para adaptar el marco de derechos y deberes del estudiantado a los retos universitarios actuales", citando expresamente la inteligencia artificial y el ciberacoso entre los fenómenos que el texto anterior, de hace 16 años, no contemplaba. Según el Ministerio, el nuevo estatuto se consensuó con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo del Estudiantado Universitario del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), organizaciones que participaron en las reuniones previas a la redacción final del texto.
El Real Decreto deberá publicarse ahora en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor, un trámite que marcará el calendario con el que cada universidad tendrá que desarrollar reglamentariamente aspectos como las unidades de atención a la salud mental o el procedimiento de huelga. Ni La Moncloa ni el Ministerio han detallado hasta ahora un calendario de implantación ni una partida presupuestaria específica asociada a estas nuevas obligaciones, un extremo que medios como LegalToday y El Español han señalado como pendiente de concretar.
El estatuto sustituye al Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprobaba el Estatuto del Estudiante Universitario, vigente hasta ahora sin apenas modificaciones durante 16 años.
La norma afecta a cerca de 1,6 millones de estudiantes universitarios en España, que ganan el derecho reconocido a la huelga académica y a atención psicológica gratuita en sus campus, mientras las universidades deberán desarrollar reglamentos propios para aplicar estas novedades.
El anterior Estatuto del Estudiante Universitario databa de 2010 y no contemplaba fenómenos como el uso de inteligencia artificial generativa en el aula o el ciberacoso entre estudiantes, lo que el Gobierno presenta como la principal justificación de la reforma.
La aprobación se enmarca en una semana de actividad normativa del Ejecutivo en materia social, con otros decretos aprobados el mismo mes relativos a prestaciones de Seguridad Social y vivienda, aunque se trata de una norma jurídicamente independiente tramitada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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