La energética alemana E.On ha presentado una demanda ante un tribunal federal de Washington para ejecutar un laudo arbitral de 314,4 millones de euros (352,7 millones de dólares) contra España, al considerar que el país no ha pagado nada tras perder el arbitraje por los recortes a las primas renovables de la pasada década.
La energética alemana solicitó el 5 de noviembre ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia que se ejecute un laudo del CIADI de 314,4 millones de euros, al sostener que Madrid no ha abonado nada tras perder el arbitraje por los recortes a las primas a las renovables aprobados durante la crisis. La energética alemana E.On ha presentado una demanda ante un tribunal federal de Washington para ejecutar un laudo arbitral de 314,4 millones de euros (352,7 millones de dólares) contra España, al considerar que el país no ha pagado nada tras perder el arbitraje por los recortes a las primas renovables de la pasada década. En la práctica: Un nuevo embargo o ejecución exitosa añadiría presión sobre las cuentas públicas y la posición de España ante inversores internacionales, en un contexto en el que varios tribunales estadounidenses ya han facilitado la ejecución de laudos similares frente a las alegaciones de inmunidad soberana.
Instalación fotovoltaica en Cariñena (Zaragoza). España afronta múltiples laudos arbitrales por los recortes a las primas renovables aplicados entre 2010 y 2014. Foto: Diego Delso (CC BY-SA 4.0)
Foto: Diego Delso (Wikimedia Commons, usuario Poco a poco) · Licencia: CC BY-SA 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
La compañía energética alemana E.On solicitó el 5 de noviembre de 2026 a un tribunal federal de Estados Unidos que ejecute un laudo arbitral por 314,4 millones de euros (unos 352,7 millones de dólares, sin contar intereses adicionales) contra el Reino de España, según informaron de forma independiente los medios especializados en arbitraje internacional Law360 y Global Arbitration Review.
La petición se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, bajo el Convenio del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), del que España y Estados Unidos son ambos signatarios. E.On alega que España "no ha pagado nada" desde que perdió el procedimiento arbitral relacionado con los recortes retroactivos a los incentivos a las energías renovables.
El litigio se enmarca en la larga serie de demandas internacionales derivadas de los recortes que España aplicó a las primas a las renovables entre 2010 y 2014, cuando el Gobierno redujo las retribuciones garantizadas a los inversores en plantas solares y eólicas para contener el déficit tarifario eléctrico. Decenas de fondos y energéticas, entre ellos Eiser Infrastructure, Masdar, NextEra, 9REN, RREEF y AES/Blasket, han ganado laudos del CIADI contra España por el mismo motivo, con cuantías que van desde los 24 millones hasta más de 290 millones de euros, según informaciones de El Español y El Economista.
España ha venido oponiéndose a la ejecución de estos laudos en tribunales estadounidenses y europeos invocando, entre otros argumentos, que el pago constituiría una ayuda de Estado ilegal según el derecho de la Unión Europea —tesis sostenida por la Comisión Europea— y alegando inmunidad soberana. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Circuito del Distrito de Columbia ha rechazado en varias ocasiones los argumentos de inmunidad soberana de España, abriendo la puerta a la ejecución de los laudos mediante el embargo de activos del Estado español en territorio estadounidense.
Ni Law360 ni Global Arbitration Review, cuyos artículos del 5 de noviembre están restringidos a suscriptores más allá de sus resúmenes públicos, detallan el número de caso del CIADI ni la fecha exacta del laudo original de E.On, datos que no han podido confirmarse de forma independiente en fuentes de acceso abierto en el momento de esta información. El Gobierno español no ha hecho declaraciones públicas sobre esta petición concreta.
La acumulación de laudos pendientes de pago mantiene a España expuesta a nuevos embargos de activos en el extranjero, un riesgo que ya se materializó en el pasado cuando tribunales belgas y estadounidenses autorizaron el bloqueo de cuentas y bienes estatales a instancias de otros inversores vencedores en arbitrajes similares, aunque en algún caso posterior la Justicia belga revirtió el embargo, como ocurrió con los 76 millones retenidos por el laudo de RREEF.
El caso de E.On se suma así a un frente judicial que lleva más de una década abierto y que ilustra el coste legal y reputacional que España sigue asumiendo por la reforma energética aprobada durante la crisis económica, mucho después de que los recortes originales entraran en vigor.
España acumula desde 2014 múltiples laudos adversos del CIADI por los recortes a las renovables, con intentos de ejecución en EEUU, Bélgica, Reino Unido y Australia, y defensas basadas en inmunidad soberana y en la calificación de ayuda de Estado por parte de la Comisión Europea.
Un nuevo embargo o ejecución exitosa añadiría presión sobre las cuentas públicas y la posición de España ante inversores internacionales, en un contexto en el que varios tribunales estadounidenses ya han facilitado la ejecución de laudos similares frente a las alegaciones de inmunidad soberana.
El litigio forma parte de la oleada de arbitrajes internacionales derivados de los recortes retroactivos a las primas renovables aplicados por España entre 2010 y 2014; otras energéticas y fondos han obtenido laudos comparables en los últimos años.
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