EE.UU. sanciona a cinco entidades chinas por su vínculo con el robo de secretos de IA de Google

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 20 de octubre de 2026 sanciones económicas contra cinco entidades con sede en China por su relación con el robo de secretos comerciales de inteligencia artificial de Google, según confirmaron la agencia UPI y Associated Press, esta última recogida por el medio WRAL. Las designaciones recaen sobre la start-up Shanghai Zhisuan Technology Co Ltd y sobre la firma de capital riesgo Qiji Chuangtan Beijing Investment Management Co Ltd, conocida como MiraclePlus, junto con dos de los fondos que esta gestiona y una entidad participada por uno de ellos.

La base legal invocada es la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual de los Estadounidenses (PAIPA) de 2022, que permite al Gobierno de EE.UU. designar a entidades extranjeras que "hayan participado a sabiendas, o se hayan beneficiado" del robo de secretos comerciales ocurrido después del 5 de enero de 2023. Las sanciones implican congelación de activos en territorio estadounidense, restricción de préstamos de entidades financieras de EE.UU., prohibición de ciertas transacciones bancarias y de cambio de divisas, y limitaciones a la inversión estadounidense en las empresas señaladas. "El robo de secretos comerciales relacionados con tecnologías sensibles y emergentes perjudica los empleos, las empresas y las inversiones de EE.UU.", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, según recogió UPI.

El caso que motiva las sanciones es el de Linwei Ding, también conocido como Leon Ding, un exingeniero de software de Google de 38 años. Según el Departamento de Justicia, entre mayo de 2022 y abril de 2023 Ding sustrajo más de 2.000 páginas de información confidencial sobre los chips Tensor Processing Unit (TPU) de Google, sus sistemas de GPU, su arquitectura de software y las tarjetas de red SmartNIC usadas en supercomputadoras de IA, y las subió a su cuenta personal en la nube. Mientras seguía empleado en Google, fundó Zhisuan como consejero delegado, discutió convertirse en director de tecnología de una empresa china y solicitó un programa de "talento" del Gobierno chino en el que se comprometía a ayudar a desarrollar "capacidades de infraestructura de computación" para el país. "Ding abusó de su acceso privilegiado para robar secretos comerciales de IA mientras impulsaba proyectos alineados con el Gobierno de la República Popular China", afirmó el fiscal general adjunto John A. Eisenberg, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Un jurado federal declaró culpable a Ding el 29 de enero de 2026 de siete cargos de robo de secretos comerciales, dentro de una acusación que originalmente incluía también siete cargos de espionaje económico. En agosto de 2026, el juez de distrito Vince Chhabria anuló esas siete condenas por espionaje económico al considerar que la fiscalía no había presentado pruebas suficientes, mientras mantuvo en pie las condenas por robo de secretos comerciales. En septiembre, Ding fue condenado a 12 meses de prisión menos un día, con dos años de libertad vigilada, además de una restitución superior a 198.000 dólares a favor de Google y una multa de 2.500 dólares.

Según la designación del Departamento de Estado, MiraclePlus aportó capital semilla a Zhisuan a cambio de una participación en la empresa. Sin embargo, la propia MiraclePlus ha negado públicamente haber invertido en Zhisuan y ha cuestionado el procedimiento de Washington, al afirmar en un comunicado, citado por Bloomberg Línea, que "las sanciones estadounidenses se impusieron sin previo aviso". La firma china ha indicado que mantiene conversaciones con las partes implicadas para intentar que las sanciones sean retiradas y ha expresado su intención de resolver el asunto mediante "comunicación franca".

El Gobierno chino respondió con dureza. El Ministerio de Comercio expresó "firme oposición" a las sanciones, acusó a Washington de "exagerar" el caso de robo de secretos comerciales y de dañar la reputación de empresas chinas, y advirtió de que adoptará "las medidas necesarias" en respuesta. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, acusó a Estados Unidos de "sobredimensionar el concepto de seguridad nacional" y de "politizar" cuestiones científicas, tecnológicas, económicas y comerciales, y rechazó que el desarrollo de la inteligencia artificial china dependa de tecnología robada, atribuyéndolo en cambio a "la inversión sostenida, la autosuficiencia tecnológica y la cooperación internacional" del sector, según recogieron Associated Press y el diario The Hill.

El episodio se inserta en una escalada más amplia de la disputa tecnológica entre Washington y Pekín en torno a la inteligencia artificial y los semiconductores avanzados, en la que Estados Unidos ha reforzado en los últimos años tanto los controles de exportación de chips como las sanciones a entidades chinas vinculadas a presunto espionaje industrial. El caso Ding, por el volumen de documentación sustraída sobre infraestructura de supercomputación de IA y por extenderse ahora a sanciones contra un inversor de capital riesgo y no solo contra el autor material del robo, amplía el frente de la respuesta estadounidense desde el ámbito penal hacia el financiero, con el objetivo declarado de dificultar el acceso de ese ecosistema inversor chino al sistema bancario y de inversión estadounidense.

El uso de la PAIPA en este caso resulta además significativo porque traslada la carga de la prueba desde el estándar penal, que exige una condena firme más allá de toda duda razonable y que solo alcanzó a Ding de forma individual, hacia un estándar administrativo que permite al Departamento de Estado sancionar a un inversor como MiraclePlus por haber, presuntamente, financiado a sabiendas o beneficiado de la empresa señalada, sin que medie un juicio propio contra la firma de capital riesgo. Esa diferencia de estándares explica en parte por qué MiraclePlus insiste en que no ha tenido ocasión de responder ante un tribunal a la acusación concreta que motiva su sanción, y por qué Pekín enmarca el episodio como un uso "politizado" de herramientas económicas antes que como la conclusión de un proceso judicial equivalente al que sí enfrentó Ding en EE.UU.