EEUU alerta de inseguridad jurídica en España por los impagos a las renovables

El Departamento de Estado de Estados Unidos dedica un apartado específico de su informe anual 'Investment Climate Statement for Spain' de 2026 a la disputa de las renovables españolas, un conflicto que arrastra más de una década. El documento sostiene que las autoridades españolas 'se han resistido de forma consistente' a cumplir las indemnizaciones reconocidas por tribunales internacionales de arbitraje, según recogen de forma coincidente los medios económicos españoles The Objective, Libertad Digital/Libre Mercado y OKDiario, que han tenido acceso al texto.

El origen del litigio se remonta al fuerte impulso regulatorio a la energía solar y eólica que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó en 2007, con un sistema de primas que llegó a movilizar más de 30.000 millones de euros en subvenciones al sector y que convirtió a España en uno de los mercados renovables de referencia en Europa durante esos años. La crisis económica llevó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a eliminar esas primas de forma retroactiva a partir de 2013, una decisión frente a la que las empresas afectadas reclamaron inicialmente unos 10.000 millones de euros en compensaciones, al considerar que rompía las condiciones bajo las que habían invertido.

Esos recortes, aplicados entre 2010 y 2014, desencadenaron más de 50 reclamaciones internacionales contra España, la gran mayoría al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, del que el país se retiró formalmente en 2024. Según los datos recogidos por la prensa española a partir del informe, 29 de los 52 procedimientos resueltos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, han fallado a favor de los inversores perjudicados, una proporción que las fuentes consultadas resumen de forma más general como 'más de dos tercios' de los casos.

Las reparaciones reconocidas a los inversores superan ya los 2.333 millones de euros, a los que se suman otros 553 millones de euros en intereses y costas judiciales acumulados por el retraso en el pago, de acuerdo con las cifras citadas en la cobertura periodística del informe; OKDiario sitúa la deuda acumulada, según cálculos de los fondos acreedores, por encima de los 2.000 millones de euros. De esos 29 laudos favorables, 28 permanecen sin ejecutar por parte de España, lo que ha obligado a los fondos afectados a litigar fuera de sus fronteras: solo en tribunales estadounidenses se reclaman unos 935 millones de euros de deuda ya reconocida judicialmente.

El informe atribuye a España el uso recurrente de 'mecanismos legislativos de urgencia' —los conocidos coloquialmente como 'decretazos'— y considera que la negativa reiterada a pagar, combinada con el recurso a argumentos como la inmunidad soberana o el Derecho de la Unión Europea para bloquear la ejecución de los laudos, eleva de forma significativa el riesgo jurídico y el coste de operar en el país. Washington enmarca el caso dentro de un diagnóstico más amplio sobre el entorno regulatorio español, que incluye además la complejidad normativa, la carga fiscal, la lentitud de los trámites burocráticos y las diferencias de aplicación de incentivos entre comunidades autónomas, factores que, según el documento, se suman al problema de las renovables para configurar un cuadro general de riesgo regulatorio que afecta a sectores más allá del energético.

Los inversores perjudicados han optado por intentar ejecutar los laudos en tribunales de distintos países, incluido Estados Unidos, al no poder cobrar directamente en España pese a sus intentos de hacer valer esos fallos ante la jurisdicción española. El Departamento de Estado subraya que la seguridad jurídica, y no solo el tamaño del mercado o las infraestructuras, es lo que determina en última instancia el atractivo inversor de un país, una conclusión que choca con la ambición española de posicionarse como destino preferente para la inversión en energías limpias y en la expansión de su parque renovable hacia los objetivos climáticos de la próxima década.

El documento señala además una contradicción de fondo: España se presenta ante los inversores internacionales como un destino atractivo y comprometido con la transición energética, al mismo tiempo que mantiene impagos reconocidos judicialmente frente a inversores del propio sector renovable que ayudó a crear con sus políticas de incentivos de la década de 2000. Esa brecha entre el discurso oficial y el historial de cumplimiento de laudos es, según el informe, uno de los principales factores que erosionan la confianza de los inversores extranjeros en el marco regulatorio español, por encima incluso de otras variables tradicionalmente asociadas al riesgo-país, como el tamaño del mercado interno o la calidad de las infraestructuras.

Por el momento, ni el Gobierno español ni fuentes oficiales han ofrecido una respuesta pública específica al contenido de este informe del Departamento de Estado, según la cobertura disponible en el momento de esta publicación. El caso se suma a una larga serie de resoluciones adversas para España en distintas jurisdicciones desde que se iniciaron los primeros arbitrajes hace más de una década, sin que el conflicto de fondo —el pago efectivo de las indemnizaciones— se haya resuelto, lo que mantiene abierta la exposición legal y reputacional del país ante nuevos intentos de embargo de activos en el extranjero y ante la posibilidad de que se presenten nuevas reclamaciones mientras persista el impago de los laudos ya reconocidos.