Qué pasa con el Parlamento cuando hay elecciones y el Gobierno sigue en funciones: así lo resuelven España, Portugal e Italia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disolvió el Congreso y el Senado el 5 de octubre tras el rechazo parlamentario a dos decretos de vivienda, y convocó elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre. Esa disolución no deja al país sin ningún control sobre el Ejecutivo: la Constitución española prevé que, mientras las Cámaras están disueltas, entre en funciones la Diputación Permanente, un órgano reducido que "vela por los poderes de la Cámara" cuando esta no está reunida, según explica la propia web del Congreso de los Diputados.

Esa Diputación Permanente, presidida por el presidente del Congreso y compuesta de forma proporcional a la representación que tenían los grupos parlamentarios antes de la disolución, conserva un catálogo limitado de competencias: puede convalidar los decretos-ley que apruebe el Gobierno en funciones, autorizar o dar cuenta de la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, y convocar sesiones extraordinarias de las Cámaras si la situación lo exige. Fuera de esas funciones tasadas, el Gobierno en funciones gobierna con capacidad de acción reducida, pero sin un Parlamento ordinario que pueda, por ejemplo, tumbarle nuevas leyes o decretos no urgentes durante la campaña.

Portugal resuelve el mismo problema con una figura equivalente, la Comissão Permanente da Assembleia da República, regulada en los artículos 179 y 172 de la Constitución portuguesa. Al igual que en España, funciona cuando la Asamblea está disuelta o fuera de periodo de sesiones, está presidida por el presidente del Parlamento e integrada por los vicepresidentes y diputados designados por cada partido en proporción a su representación. La Constitución portuguesa añade una garantía adicional poco habitual: la disolución de la Asamblea no afecta a la subsistencia del mandato de los diputados ni a las competencias de la Comissão Permanente hasta la primera reunión de la nueva Asamblea tras las elecciones.

Italia, en cambio, no crea un órgano reducido sustitutivo, sino que prolonga directamente los poderes de la Cámara saliente. El artículo 61 de la Constitución italiana establece que las elecciones de las nuevas Cámaras deben celebrarse dentro de los setenta días desde el fin de la legislatura anterior y que, hasta que no se reúnan las nuevas Cámaras, "son prorrogados los poderes de las precedentes". Esta figura, conocida como prorogatio, mantiene en funcionamiento al Parlamento completo —no solo a una comisión reducida— durante todo el intervalo electoral, precisamente para poder legislar con urgencia si surge la necesidad.

La diferencia práctica entre los tres modelos está en el alcance del control que conservan los diputados salientes sobre el Ejecutivo durante la campaña: España y Portugal optan por un órgano reducido con competencias tasadas, mientras que Italia prefiere prorrogar la totalidad del Parlamento anterior. En los tres casos, el objetivo constitucional es el mismo: evitar que el país quede sin ningún contrapeso institucional al Gobierno mientras se celebran las elecciones y se constituye la nueva legislatura.