Costa Rica inaugura megacárcel de 5.100 reclusos inspirada en el modelo de Bukele

Costa Rica inauguró el 14 de octubre de 2026 el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, ubicada en San Rafael de Alajuela, junto al complejo penitenciario de La Reforma, a unos 20-25 kilómetros de San José. La obra, con una inversión de 35 millones de dólares, fue impulsada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves (2022-2026) y concluida bajo el gobierno de Fernández, quien asumió la presidencia tras ganar las elecciones de febrero de 2026 con un discurso de mano dura contra el crimen.

La presidenta declaró durante la inauguración que el país está 'marcando un antes y un después' en seguridad penitenciaria, y que su gobierno aspira a convertirse en 'un referente global en seguridad penitenciaria'. Anunció además que viajará el viernes a El Salvador para visitar el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) de Bukele, con la intención, según sus palabras, de 'aprender todo lo posible del modelo penitenciario que restauró la paz'. El expresidente Chaves, ahora ministro de la Presidencia y Hacienda, calificó la instalación como 'un monumento triste' que refleja el compromiso del país de evitar que los ciudadanos sigan temiendo a la violencia callejera.

El CACCO cuenta con cinco módulos de 17 celdas cada uno, con capacidad para 60 internos por celda, es decir, 90 metros cuadrados por celda. El diseño contempla una hora diaria de acceso al exterior, prohibición de posesión de objetos personales, uniformes naranjas obligatorios y un régimen de visitas severamente restringido, características que replican de manera casi literal el funcionamiento del CECOT salvadoreño. Las autoridades penitenciarias costarricenses previeron el traslado de los primeros reclusos hacia finales de octubre de 2026.

El anuncio se produce en un contexto de cifras de homicidios sin precedentes en el país: Costa Rica registró 873 homicidios en 2025, una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta de su historia reciente, en un escenario que las autoridades atribuyen al avance del narcotráfico y a la disputa territorial entre bandas por el control de rutas de droga hacia Europa y Estados Unidos. Esa crisis de seguridad fue el eje central de la campaña con la que Fernández llegó al poder en febrero de 2026.

A la inauguración asistieron, además de Fernández y Bukele, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, y el ministro de Defensa de El Salvador, René Merino, en un gesto de cooperación bilateral entre ambos gobiernos en materia de seguridad que incluyó asesoría técnica salvadoreña en el diseño del centro. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella también viajó a Costa Rica para asistir al acto, en un momento en que Colombia anunció la construcción de su propia megacárcel, denominada 'Renacer', con capacidad para 1.974 reclusos en el departamento de Magdalena, bajo protocolos de aislamiento similares a los del CECOT.

La decisión de Costa Rica —un país que se ha presentado históricamente como referente regional en derechos humanos y que no tiene ejército desde 1948— de replicar el modelo salvadoreño ha generado controversia entre organizaciones civiles y analistas de la región. Expertos de la ONU han caracterizado el régimen de excepción impuesto por Bukele en El Salvador desde marzo de 2022, del cual el CECOT es el eje central, como generador de lo que han calificado como 'crímenes de lesa humanidad', en referencia a las condiciones de detención masiva, la suspensión de garantías procesales y las denuncias de abusos documentadas por organismos internacionales y locales desde hace varios años.

La organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario sostiene que aproximadamente un tercio de las cerca de 93.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción de Bukele serían inocentes de los delitos que se les atribuyen, y que más de 500 han muerto bajo custodia estatal desde el inicio de la ofensiva contra las pandillas en 2022. Estas cifras no han sido confirmadas de forma independiente por las autoridades salvadoreñas, que defienden el programa como responsable de una drástica caída de la violencia y de los homicidios en el país, convertido en uno de los argumentos centrales del gobierno de Bukele para justificar la continuidad del régimen de excepción pese a las críticas internacionales.

El gobierno costarricense, por su parte, enmarca el CACCO como una herramienta específica contra estructuras de crimen organizado y narcotráfico, y hasta el momento no ha anunciado un régimen de excepción similar al salvadoreño ni la suspensión de garantías constitucionales como las vigentes en El Salvador desde 2022. Esa distinción —entre adoptar la infraestructura penitenciaria del modelo salvadoreño sin necesariamente replicar su marco legal de excepción— es uno de los puntos que analistas de seguridad regional seguirán de cerca en las próximas semanas, a medida que se concreten los primeros traslados de reclusos.

El caso costarricense se suma a una tendencia regional más amplia: además de Colombia, otros países de América Latina han mostrado interés en el modelo de 'megacárceles' como respuesta a la violencia del crimen organizado, lo que ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre eficacia en seguridad pública y garantías de derechos humanos en los sistemas penitenciarios de la región. La visita de Fernández al CECOT, prevista para el viernes, será vigilada como una señal de hasta qué punto Costa Rica buscará profundizar la cooperación con El Salvador en esta materia.