Confebús e IRU piden a la UE prorrogar un año las ayudas al gasóleo por la crisis en Oriente Medio

Confebús, la patronal española del transporte de viajeros en autobús, y la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) pidieron el 4 de noviembre de 2026 a la Comisión Europea que prorrogue un año, hasta el 31 de diciembre de 2027, el Marco Temporal de Ayudas de Estado por la Crisis de Oriente Medio, el mecanismo que desde abril de 2026 permite a los Estados miembros subvencionar directamente a las empresas de transporte por carretera afectadas por la subida del gasóleo, según informaron de forma independiente PressDigital y Diario de Transporte.

La petición llega mientras las medidas de ayuda vigentes en España, aprobadas por el Consejo de Ministros al amparo de ese Marco Temporal, están programadas para extinguirse el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el propio comunicado publicado por Confebús el 6 de julio de 2026 en el que detallaba un régimen de ayudas por 402 millones de euros autorizado entonces por la Comisión Europea, con reducciones del tipo del impuesto y subvenciones directas de entre 0,10 y 0,20 euros por litro según el mes.

El secretario general de la IRU, Habib Turki, defendió la prórroga argumentando que el combustible representa alrededor del 30% de los costes de explotación de las empresas de transporte por carretera en la Unión Europea, que en conjunto consumen unos 6.800 millones de litros de gasóleo al mes, mientras que buena parte de los operadores trabaja con márgenes de beneficio de apenas entre el 1% y el 3%, por lo que cualquier repunte sostenido del precio del combustible supone, según la organización, una presión económica significativa sobre su viabilidad.

Además de la prórroga del Marco Temporal, la IRU propuso a la Comisión Europea la aprobación de un reglamento específico contra la morosidad en el transporte por carretera que fije un plazo máximo de pago de 30 días, con mecanismos de cumplimiento, una reclamación que la organización vincula a las mismas tensiones de liquidez que atraviesa el sector por el encarecimiento del combustible.

La petición de Confebús e IRU no equivale a una decisión de la Comisión Europea, que no se ha pronunciado públicamente hasta el cierre de esta información sobre si prorrogará el Marco Temporal más allá de su vigencia actual ni sobre la propuesta de limitar los plazos de pago; ambas cuestiones quedan pendientes de la respuesta de Bruselas, de la que dependerá si las empresas de transporte por carretera en España y el resto de la Unión Europea mantienen el respaldo público frente al gasóleo encarecido por la crisis en Oriente Medio más allá de 2026.

Una prórroga de este tipo requiere, conforme a las normas europeas de ayudas de Estado, que la propia Comisión Europea apruebe formalmente la extensión del marco antes de que cada Estado miembro pueda renovar sus regímenes nacionales de subvención; en España, eso implicaría que el Gobierno debería tramitar y notificar a Bruselas un nuevo régimen de ayudas al transporte por carretera para sustituir al vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, algo que no ha anunciado todavía ni el Ministerio de Transportes ni el de Hacienda.

Para Confebús, que representa a las empresas españolas de transporte de viajeros en autobús, la incertidumbre sobre si la Comisión aceptará la prórroga se suma a otras presiones del sector, como el coste de renovación de flotas hacia combustibles alternativos, lo que explica por qué la patronal ha optado por sumar su petición a la de la IRU en lugar de plantear una reclamación exclusivamente española ante el Gobierno.