Colombia vive su primer paro nacional contra el gobierno de De la Espriella

Colombia vivió el miércoles 14 de octubre su primer paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, dos meses después de que el líder de derecha asumiera la presidencia. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y el izquierdista Pacto Histórico convocaron marchas que reunieron a miles de personas en alrededor de una decena de ciudades, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, Santa Marta y Cúcuta, según coincidieron agencias y medios colombianos y españoles.

De la Espriella, abogado penalista sin trayectoria previa en cargos de elección popular, ganó la presidencia en 2026 al frente de una coalición de derecha tras un giro político que desplazó al Pacto Histórico, la coalición de izquierda que gobernó el país durante el mandato anterior. Su llegada al poder, hace apenas dos meses, ha estado marcada por una agenda que sus críticos describen como de mano dura en seguridad y conservadora en materia social, mientras que sus partidarios la presentan como una respuesta al desorden público y a la polarización de los años previos. El paro de este miércoles es, en ese sentido, la primera gran respuesta organizada de la calle a ese viraje político.

La movilización principal confluyó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde cuatro columnas de manifestantes se unieron en una protesta que mezcló reivindicaciones laborales, educativas, económicas y territoriales con el rechazo general a las primeras medidas del nuevo Ejecutivo, entre ellas restricciones al aborto y retrocesos en derechos indígenas, de acuerdo con la cobertura de Infobae. Colectivos LGBTI, organizaciones indígenas, estudiantes universitarios y docentes se sumaron a las columnas sindicales, en lo que los organizadores describieron como una confluencia amplia de agendas sociales más que una protesta centrada en una sola reivindicación. No se reportaron enfrentamientos de gravedad durante las marchas.

Entre los asistentes a las marchas en Bogotá estuvieron el expresidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y el también senador Wilson Arias, quienes centraron sus críticas en los recortes presupuestarios del nuevo gobierno, en un estatuto antiterrorista en trámite y en el propio decreto sobre protestas firmado un día antes, según recogió Pulzo. No todas las centrales obreras se sumaron al paro: la Confederación General de Trabajadores (CGT) optó por mantener el "diálogo institucional" con el gobierno, aunque una facción minoritaria de esa central participó igualmente en las marchas, lo que evidencia divisiones dentro del propio movimiento sindical sobre la estrategia a seguir frente al nuevo Ejecutivo.

La protesta se produjo apenas un día después de que De la Espriella firmara el Decreto 1525 de 2026, que modifica una norma de 2021 sobre el manejo policial de las manifestaciones, aprobada tras el estallido social de ese año, que había priorizado el diálogo y la mediación antes del uso de la fuerza pública. El nuevo decreto permite a las autoridades intervenir contra quienes cometan actos violentos sin esperar a que se agoten los intentos de diálogo, según detallaron medios colombianos como Pulzo, La FM y Crónica del Quindío, que tuvieron acceso al texto y a las reacciones oficiales.

El propio presidente defendió la medida con un mensaje contundente recogido por Pulzo: "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!". En la misma línea, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó el decreto de "garantista y democrático" y aseguró que su objetivo no es limitar el derecho a la protesta: "El presidente ha sido claro, la protesta pacífica se respeta, pero los bloqueos de vías no se toleran", dijo según citó La FM. Estas declaraciones constituyen la versión oficial del gobierno sobre el alcance y la intención del decreto, no una evaluación independiente de sus efectos prácticos una vez aplicado.

La oposición rechazó de forma frontal el decreto por motivos tanto políticos como de procedimiento. El senador Wilson Arias afirmó que "es el momento oportuno para protestar", mientras que el senador Iván Cepeda acusó al gobierno de buscar "intimidar a la gente", según recogió Infobae. Estas declaraciones son acusaciones y caracterizaciones políticas de los propios convocantes de las marchas, no hechos verificados de forma independiente sobre la intención real del Ejecutivo al emitir la norma.

Más allá del desacuerdo político, sectores de la oposición anunciaron, según Pulzo, una demanda ante el Consejo de Estado y una acción de tutela para suspender la aplicación del decreto, argumentando que una regulación de este alcance sobre el derecho fundamental a la protesta debería tramitarse como ley en el Congreso y no mediante decreto presidencial. Se trata de un litigio anunciado pero aún no resuelto, cuyo desenlace podría determinar si el decreto sigue vigente en las próximas movilizaciones convocadas por los sindicatos.

El paro del miércoles fue, según los propios convocantes, el primero de una serie de movilizaciones previstas para los próximos meses, que podrían desembocar en una huelga general en noviembre. El episodio marca la primera gran prueba de calle para un gobierno que llegó al poder hace apenas dos meses y que ahora enfrenta, en paralelo, tanto la presión social en la calle como el litigio judicial sobre los límites de su nuevo marco normativo para la protesta social, en un pulso que previsiblemente se extenderá durante las próximas semanas entre el Ejecutivo, los sindicatos y los tribunales administrativos.