Colau propone una ley para expropiar viviendas a los grandes fondos de inversión: "Es perfectamente viable"

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, presentó este viernes en Málaga una propuesta para incluir en su programa electoral una Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados, durante un acto del "Encuentro por el Derecho a la Vivienda" celebrado en el barrio de La Luz.

La candidata defendió que la medida "es perfectamente viable" y que se aplicaría "con la ley de expropiación inmediata" a cambio de una compensación por debajo del precio de mercado. "Se ha puesto una alfombra roja a esos fondos buitre y esto tiene que acabar", afirmó, y calificó de "intolerable" que fondos de inversión extranjeros compren viviendas en España "a granel, como si fueran manzanas", para después venderlas o alquilarlas a precios que consideró "abusivos".

La propuesta plantea una aplicación escalonada: comenzaría por las sociedades que posean más de 1.000 viviendas —entre las que la candidata situó a grandes tenedores como Blackstone, además de entidades bancarias como CaixaBank—, seguiría por las que superen las 700 y continuaría de forma progresiva hasta alcanzar a propietarios corporativos con alrededor de 50 inmuebles, quedando excluidos en todo caso los propietarios particulares. Colau cifró en unas 100.000 las viviendas que podrían recuperarse por esta vía, procedentes de alrededor de una treintena de grandes tenedores corporativos, para incorporarlas a un parque público a precios que describió como asequibles para la ciudadanía.

Frente Amplio añade a esta medida la cesión obligatoria de todo el suelo urbano y residencial en manos de la Sareb, la sociedad pública de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, al parque de vivienda pública, y un recargo fiscal del 10% sobre el valor de los inmuebles para particulares propietarios de cuatro o más viviendas destinadas al alquiler especulativo, con el que la coalición calcula una reducción de los precios del alquiler de en torno al 30% en un plazo no precisado por la candidata.

Colau enmarcó estas medidas dentro de un diagnóstico más amplio sobre el mercado de la vivienda en España, al que atribuyó buena parte de la responsabilidad de la crisis de acceso a un hogar asequible en los últimos años, y reivindicó que un Gobierno con participación de Frente Amplio impulsaría estas reformas "desde el primer día" de legislatura, sin que la candidata precisara un calendario concreto de tramitación parlamentaria ni una estimación pública del coste económico de las compensaciones a los fondos afectados.

Ninguna institución pública ni órgano regulador independiente ha evaluado hasta la fecha el coste fiscal, la viabilidad jurídica frente a la garantía constitucional de la propiedad privada recogida en el artículo 33 de la Constitución, ni el posible efecto de la medida sobre la inversión extranjera en vivienda en España; se trata, por el momento, de una propuesta de programa electoral, no de un proyecto de ley en tramitación parlamentaria ni de una medida con respaldo jurídico ya articulado.

La propuesta llega a tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en un contexto de acampadas y protestas por el derecho a la vivienda en varias ciudades españolas, entre ellas Palma, y de precios de alquiler y compra en máximos históricos, y busca diferenciar a Frente Amplio de otras formaciones de izquierda, como Podemos, en la disputa por el electorado movilizado en torno a la crisis habitacional durante esta campaña.