La UCO registra de nuevo la casa de Ábalos en Valencia en una nueva pieza secreta del caso Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este jueves 5 de noviembre, por segunda vez, la vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia, dentro de una nueva pieza separada y declarada secreta del caso Koldo. El operativo, ordenado por el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, se desplegó de forma simultánea en Madrid, Sevilla, Córdoba y Valencia, e incluyó también un requerimiento de información a la empresa pública Adif.

En el marco de la operación se practicaron seis detenciones, según coinciden Moncloa.com, Euronews y Pressdigital, repartidas entre los operativos simultáneos de Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid. Entre los detenidos figuran Andrea de la Torre, pareja actual de Ábalos, localizada en el domicilio registrado y a la que se tomó declaración en presencia de letrado, y Cristian Corvillo, quien fuera chófer del entonces secretario de Organización del PSOE Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017 y que fue detenido en Córdoba. Corvillo ya había declarado como testigo en la causa de los hidrocarburos y había sido citado a comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Las identidades del resto de los detenidos no han trascendido en las coberturas consultadas, lo que se señala aquí como una limitación informativa expresa en lugar de presentar una lista cerrada de nombres que ninguna fuente confirma por completo.

El juez Moreno abrió esta pieza separada tras recibir un informe de la UCO fechado el pasado 3 de noviembre que, según la información disponible, apunta a la existencia de presuntos amaños y comisiones en la adjudicación de contratos de obra pública durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, en un entramado que, según los medios consultados, también señala al excolaborador Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El auto que acordó la secretización y el informe policial que lo sustenta permanecen bajo secreto de sumario, por lo que no ha sido posible acceder de forma independiente a su contenido íntegro; esta limitación se mantiene expresamente como no resuelta. El requerimiento de información a Adif, operador público de infraestructuras ferroviarias que dependía del ministerio dirigido por Ábalos, sugiere que la pieza podría centrarse, al menos en parte, en concesiones o contratos de obra vinculados a ese organismo, aunque ninguna fuente consultada lo confirma de forma explícita.

Es importante distinguir este nuevo frente de la causa ya resuelta en vía judicial: Ábalos cumple actualmente una condena de 24 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en relación con la trama de compra de mascarillas durante la pandemia, condena que es firme y está en ejecución. La nueva pieza secreta investiga hechos distintos, relativos a contratación de obra pública, y constituye en este momento una investigación en curso cuyas imputaciones concretas no han trascendido por el secreto decretado. Mantener separados ambos procedimientos es relevante porque evita atribuir a esta nueva pieza, todavía sin resolución judicial, el mismo grado de certeza probatoria que ya tiene la sentencia firme de 2026 sobre las mascarillas.

Este registro es el segundo que sufre la misma vivienda de Ábalos en Valencia: la UCO ya había registrado la casa en junio de 2025, hace aproximadamente año y medio, en una fase anterior de la instrucción. Moncloa.com y RTVC coinciden en señalar que se trata de la segunda entrada y registro en el mismo domicilio, un dato que también citó el PSOE para cuestionar la oportunidad política de la operación.

La operación se produjo en plena precampaña electoral, lo que generó reacciones políticas inmediatas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ironizó sobre la coincidencia temporal: "¿Qué sentido tiene volver a registrar la casa de Ábalos un año y medio después de que ya se hicieron todos los registros? No llego a comprenderlo", declaró, según recoge Europa Press. López añadió, en tono crítico hacia la cobertura mediática del caso: "Qué casualidad que siempre que el PSOE saca cabeza o hace un gesto como la dimisión de Óscar Puente [...] aparezca alguien que quiere hundir otra vez al PSOE". No obstante, el portavoz socialista remarcó que la Justicia debe investigar "hasta el final" para depurar responsabilidades por una corrupción que, dijo, "parece que la hubo en algunos casos", distinguiendo así su crítica al momento del registro de un cuestionamiento de la investigación en sí misma.

Desde el Partido Popular, la portavoz Ester Muñoz centró su reacción en la figura del presidente del Gobierno: "De aquel coche de 2017 en el que Pedro Sánchez llevaba a sus manos derechas para recorrer España y recuperar el control del Partido Socialista y de ahí alcanzar la Moncloa, todos han sido detenidos menos él. Solo queda el número uno", afirmó, en referencia a Corvillo y a otros antiguos colaboradores de Sánchez ya imputados o condenados en distintas piezas del caso Koldo. Se trata de una interpretación política del PP, no de una imputación judicial contra el presidente del Gobierno, que no figura como investigado en esta pieza según ninguna de las fuentes consultadas.

Hasta el momento no se ha localizado ningún comunicado propio de Ábalos ni de su defensa legal sobre este nuevo registro, y ninguno de los medios consultados recoge una versión directa del exministro. Tampoco ha trascendido si Andrea de la Torre o Cristian Corvillo han sido puestos en libertad o mantienen alguna medida cautelar tras su declaración, ni si se les ha atribuido formalmente alguna imputación concreta dentro de la nueva pieza.

La pieza permanece, por decisión judicial, bajo secreto de sumario, lo que impide por ahora conocer el alcance exacto de las imputaciones, el número total de investigados o el calendario procesal previsto. Este medio seguirá la causa y actualizará la información a medida que se levante el secreto o se confirmen nuevos datos verificables, evitando en todo caso anticipar conclusiones sobre responsabilidades que corresponde establecer, en su caso, a la instrucción judicial.