China rechaza las acusaciones de EEUU sobre minería ilegal de oro en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica acusó el 23 de octubre, en una publicación en Facebook, a empresas mineras chinas instaladas en Nicaragua de recurrir a "tácticas abusivas, como obligar a los mineros artesanales a vender su oro por debajo del precio de mercado", y sostuvo que esa dinámica "implica un costo para Costa Rica" al empujar a mineros nicaragüenses a cruzar ilegalmente la frontera para extraer oro en suelo costarricense. La Embajada china en Managua respondió al día siguiente que "las empresas chinas no realizan actividades mineras en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica ni en las zonas aledañas" y calificó las acusaciones de "carentes de fundamento fáctico", pidiendo a Washington que "respete los hechos" y abandone lo que llamó un intento de "desacreditar la cooperación entre China y Nicaragua".

El Gobierno sandinista de Nicaragua salió en defensa de Pekín: calificó de "afirmaciones falsas" las acusaciones estadounidenses y respaldó el comunicado chino por su "contundencia y veracidad", según recogió la agencia EFE. El cruce de declaraciones fue reproducido y corroborado de forma independiente por medios de varios países: Infobae (a través de EFE), el mexicano El Universal, el costarricense El Mundo CR, el nicaragüense TN8 y el digital nicaragüense Confidencial, que coinciden en la cronología, el contenido literal de ambos comunicados y la respuesta nicaragüense.

El trasfondo del litigio diplomático es concreto y verificable con datos oficiales: según los registros recopilados por El Universal, Nicaragua concedió entre 2021 y junio de 2026 un total de 84 lotes mineros a 22 empresas chinas, que suman 1,27 millones de hectáreas, en torno al 10% del territorio nicaragüense, con concesiones que llegan hasta zonas próximas a la frontera con Costa Rica. El diario costarricense The Tico Times, con reporteo propio en la zona, sitúa el foco de la minería ilegal en el cantón fronterizo de Los Chiles y en Cerro Conchuditas, donde describe a "cientos" de mineros nicaragüenses extrayendo tierra a diario para procesarla en busca de oro.

The Tico Times documenta además la respuesta institucional costarricense: la embajadora estadounidense Melinda Hildebrand visitó la zona fronteriza norte, mientras el fiscal general Carlo Díaz y el viceministro de Gobernación y Policía Omer Badilla han hecho declaraciones públicas sobre el fenómeno, y el exministro de Seguridad Mario Zamora ha sido citado como voz experta sobre el reto de controlar un área fronteriza selvática y de difícil acceso. El mismo medio recuerda que esta no es la primera vez que estalla la disputa: en marzo de 2026 el embajador chino Wang Xiaoyao ya había negado en términos similares cualquier vínculo de empresas chinas con la minería ilegal fronteriza, lo que indica una tensión diplomática sostenida y no un episodio aislado en la relación entre los tres países implicados.

Las dos posturas no son plenamente verificables de forma independiente a día de hoy: ninguna fuente consultada ofrece pruebas documentales (contratos, facturas o identificación de empresas concretas) de las "tácticas abusivas" que denuncia Washington, y la negativa china tampoco va acompañada de una auditoría independiente de sus concesiones mineras en el área fronteriza. Lo que sí está acreditado de forma cruzada, por fuentes de distinto origen y alineamiento editorial, es la existencia de un flujo de mineros artesanales nicaragüenses hacia territorio costarricense y la escala de las concesiones chinas en Nicaragua, documentada por El Universal con cifras oficiales nicaragüenses recientes.

El episodio también tiene una dimensión ambiental y de seguridad para Costa Rica, un país sin ejército que basa buena parte de su identidad internacional en la conservación de sus bosques fronterizos. The Tico Times señala que la minería ilegal en Cerro Conchuditas y zonas aledañas a Los Chiles implica deforestación, uso de mercurio y cianuro en el procesamiento artesanal del oro, y presión sobre reservas naturales próximas a la frontera, como el humedal de Caño Negro. Para las autoridades costarricenses, el problema no es solo diplomático sino de gobernanza territorial: controlar un tramo de frontera extenso, selvático y de difícil acceso frente a un incentivo económico, el precio del oro, que ha disparado la minería artesanal en toda la región centroamericana en los últimos años.

La magnitud de la respuesta nicaragüense, que rara vez emite comunicados tan explícitos de respaldo a Pekín en disputas bilaterales con terceros países, también se lee en clave interna: Managua ha convertido la relación con China en una de las piezas centrales de su política exterior desde que rompió con Taiwán en 2021, y defender a las empresas chinas de acusaciones extranjeras refuerza ese vínculo en un momento de aislamiento diplomático del Gobierno de Daniel Ortega frente a buena parte de Occidente. Washington, por su parte, usa el episodio para reforzar su narrativa regional sobre los riesgos de la expansión económica china en Centroamérica, un argumento que repite en otros países del área.

La disputa se inserta en la rivalidad más amplia entre Washington y Pekín por influencia en Centroamérica, donde Estados Unidos mantiene una relación de cooperación de seguridad con Costa Rica. El desenlace del episodio dependerá de si Costa Rica adopta medidas fronterizas adicionales o si surge evidencia verificable, de uno u otro lado, que respalde las acusaciones cruzadas. Por ahora, ninguna de las dos embajadas ha anunciado pasos adicionales ni se han convocado reuniones bilaterales formales tras el cruce de comunicados del 23 y 24 de octubre, por lo que el caso permanece abierto sin resolución diplomática visible.