La Guardia Civil cifra en 88.146 los retornos a Marruecos tras la entrada masiva en Ceuta de julio, por encima de la cifra que dio el Gobierno

La Guardia Civil ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que estima que 88.146 personas han regresado a Marruecos desde Ceuta tras la entrada irregular masiva registrada el 30 y 31 de julio de 2026, según documentos a los que han tenido acceso varios medios y que forman parte de la investigación judicial abierta por la magistrada María Tardón. El dato, fechado el 27 de octubre, se refiere específicamente a los retornos contabilizados por el instituto armado y no equivale, según precisa el propio informe, al total de entradas irregulares registradas durante aquellos días.

La cifra resulta llamativa porque supera las estimaciones que el propio Gobierno ofreció sobre el volumen de personas que cruzaron la frontera en julio. El entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, situó inicialmente el número de entradas en torno a 72.000 (una cifra que, según El Español, había partido de un primer cálculo de unas 79.000); posteriormente el ministro Ángel Víctor Torres elevó la cifra a unas 80.000, una cantidad que llegó a comparar con la población total de Ceuta. El hecho de que los retornos contabilizados por la Guardia Civil —que no incluyen a quienes permanecieron en territorio español ni a quienes fueron repatriados por otras vías— superen ya esa cifra de entradas ha sido descrito por algunos de los medios que han accedido al informe como una discrepancia que "pulveriza" los balances oficiales ofrecidos hasta ahora.

El informe de la Guardia Civil, citado por Euronews, The Objective y El Español, detalla que se realizaron 862 rescates en aguas españolas por parte de los equipos especializados del Servicio Marítimo y del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), y que se registraron 90 muertes confirmadas durante el episodio y los días posteriores. Una organización no gubernamental había cifrado previamente el número de fallecidos en 141, una diferencia que subraya la dificultad de establecer un recuento único y verificado del balance humano de la crisis.

Según los testimonios recogidos en el informe, un teniente coronel de la Guardia Civil declaró que los militares marroquíes desplegados en la zona permanecieron pasivos durante el cruce masivo, con la expresión de que estaban "de brazos caídos", y que la puerta de la valla fronteriza "siempre está abierta". El propio informe, junto con valoraciones atribuidas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), califica el episodio como el mayor desplazamiento masivo de inmigrantes registrado hasta la fecha en Ceuta, y señala que Marruecos no mostró una reacción proactiva más allá de un despliegue antidisturbios mínimo. El Español añade que el informe identifica a mandos policiales marroquíes, entre ellos el prefecto de Tetuán, Mohamed El Oualidi, como presentes dirigiendo a los migrantes en las inmediaciones de la frontera, un dato que refuerza la tesis de cierto grado de tolerancia o coordinación del lado marroquí.

El Ministerio del Interior, por su parte, habría reconocido no haber recibido ninguna alerta previa sobre la magnitud de la entrada que se estaba produciendo, mientras que la Policía Nacional admitió no poder cuantificar con precisión el total de retornos, al registrar únicamente a quienes solicitaron explícitamente la repatriación: según El Español, ese cuerpo contabilizó 2.449 retornos voluntarios, 225 expulsiones por vía judicial y 88 devoluciones por vía gubernativa, cifras muy inferiores a las que ahora aporta la Guardia Civil. Esta limitación metodológica es relevante para interpretar la cifra de 88.146: refleja los retornos identificados por la Guardia Civil, no necesariamente la totalidad de personas que abandonaron territorio español tras el cruce, por lo que la comparación directa con las cifras de entrada del Gobierno debe tomarse con cautela pese a la llamativa diferencia numérica.

La jueza Tardón investiga desde el verano los hechos del 30 y 31 de julio y ha solicitado informes tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional y al CNI. Marruecos, según los datos recogidos en la causa, detuvo a dos personas sospechosas de haber organizado el cruce masivo, en lo que las autoridades españolas interpretan como un indicio de que la entrada no fue completamente espontánea, sino que contó con algún grado de coordinación previa en el lado marroquí de la frontera. La instrucción judicial se mantiene abierta y no se ha fijado por el momento una fecha para conclusiones o posibles imputaciones.

El informe de la Guardia Civil también detalla el estado de los efectivos disponibles antes del cruce masivo: el 29 de julio, la víspera de la entrada, el instituto armado contaba en Ceuta con 585 de los 695 agentes previstos en su plantilla para el servicio de vigilancia fronteriza, una cifra que, según las fuentes citadas por los medios consultados, no bastó para contener un movimiento de esa magnitud una vez que las puertas de la valla permanecieron abiertas. El Gobierno de Ceuta, según El Español, ha cifrado en 45,3 millones de euros el coste extraordinario soportado por los servicios básicos de la ciudad autónoma como consecuencia directa de la crisis migratoria de julio.

En paralelo a la investigación judicial, el Gobierno ha anunciado el refuerzo de las infraestructuras fronterizas en Ceuta: las obras en los espigones de Tarajal y Benzú comenzarán el 17 de noviembre para extender las barreras unos 500 metros mar adentro, con paneles de acero antiescalada, en un intento de evitar que se repita un episodio como el de julio. Fuentes de los servicios de inteligencia citadas en el informe advierten además de un posible "efecto llamada" derivado de sentencias previas del Tribunal Supremo contrarias a las devoluciones en caliente, un factor que, según esas mismas fuentes, podría haber incidido en la decisión de cruzar de forma masiva en julio.

El caso ilustra la persistente dificultad de las administraciones españolas para ofrecer cifras homogéneas y verificables sobre crisis migratorias de gran magnitud, y reabre el debate político sobre la gestión gubernamental de la frontera de Ceuta, en un contexto en el que la discrepancia entre los distintos cuerpos de seguridad —Guardia Civil y Policía Nacional— sobre la metodología de recuento añade una capa adicional de incertidumbre a un balance que, meses después de los hechos, sigue sin consolidarse de forma definitiva. La propia magnitud de las cifras en disputa, decenas de miles de personas según cualquiera de las versiones, mantiene a la crisis de Ceuta como uno de los episodios migratorios más relevantes registrados en la frontera sur de España en los últimos años, con repercusiones que se extienden tanto al ámbito judicial como al político en plena precampaña electoral.