Las víctimas de Adamuz piden a Cuerpo un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA), Mario Samper, se reunió este viernes 6 de noviembre de 2026 con el vicepresidente primero y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Carlos Cuerpo, para trasladarle once medidas que la asociación reclama desde marzo y para pedirle un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria, la atención a las víctimas y la justicia.

El accidente de Adamuz (Córdoba) se produjo el 18 de enero de 2026, cuando un tren Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid descarriló e invadió la vía contraria, colisionando con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido opuesto. El siniestro causó 46 muertos y un número de heridos que las distintas fuentes sitúan entre algo más de 150 y cerca de 300, una discrepancia que no ha sido aclarada de forma homogénea en la cobertura periodística consultada y que esta redacción no da por cerrada.

Según relató Samper tras la reunión, el documento con las once medidas fue entregado en marzo al entonces ministro, Óscar Puente, que —según la asociación— no dio respuesta durante nueve meses. "El anterior ministro ignoró esta lista durante nueve meses; cualquier avance ahora es una mejora", afirmó Samper, que calificó a Cuerpo de "más receptivo", aunque con cautela: "ya salimos optimistas de la última reunión, y mira lo que pasó".

Entre las medidas que componen ese documento, según detalló mundiario.com, figuran la exigencia de estándares de mantenimiento y protocolos de prevención más estrictos en la red ferroviaria, auditorías independientes y mecanismos de transparencia que permitan detectar deficiencias antes de que se traduzcan en riesgos para la circulación, además de la mejora de los seguros que cubren a los afectados, la creación de una oficina de apoyo psicológico, administrativo y legal para las víctimas, y protocolos de comunicación que eviten tratamientos mediáticos que agraven el sufrimiento de familiares y supervivientes.

Cuerpo se comprometió, según coincidieron eldiario.es, Infobae y mundiario.com, a poner en marcha esa oficina de atención a las víctimas, que funcionaría "como una suerte de defensor" de los afectados por accidentes ferroviarios, a revisar los protocolos de seguros y a estudiar formalmente las once medidas pendientes desde marzo. Mundiario.com añadió que el ministro ofreció abrir una ventana de tres meses para solicitudes de ayuda relacionadas con el accidente de Urda, que incluiría subvenciones directas y anticipos de indemnización, aunque ese compromiso se refiere a un siniestro distinto del de Adamuz. Fuentes de la vicepresidencia confirmaron a RTVE, según recoge la prensa consultada, que la figura de la oficina de víctimas está todavía por concretar y que se consensuará con las asociaciones.

La reunión se produjo pocos días después de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que causó 69 muertos y que se suma como un segundo gran siniestro ferroviario al de Adamuz en el mismo año. Ese segundo accidente, y la posterior salida de Puente, han intensificado la presión pública y política sobre el ministerio para dar respuesta a ambos grupos de víctimas de forma simultánea.

Samper subrayó que la asociación no busca señalar a un Gobierno o partido concreto, sino lograr "una acción de Estado y unir fuerzas para un pacto nacional", y pidió que la tragedia no se utilice en campaña electoral: "vamos a pedir a todos que lleguen a un consenso y no exploten esta tragedia". Indicó además que varias formaciones políticas ya han mostrado su disposición a sumarse a ese pacto transversal, con un plazo informal del 11 de noviembre para que los partidos confirmen su adhesión, según mundiario.com, aunque matizó que el compromiso del Gobierno todavía no está formalizado: "todavía no tenemos la promesa sobre la mesa, pero entendemos que ningún partido político se va a negar".

Mundiario.com recogió también la advertencia de que el éxito del pacto dependerá de que incorpore mecanismos de cumplimiento verificables y no se limite a una recogida de firmas o a un gesto simbólico sin desarrollo posterior, una condición que la propia asociación ha puesto como línea roja para no repetir la experiencia de las once medidas ignoradas desde marzo.

La AVDA, constituida por supervivientes y familiares de fallecidos en el descarrilamiento de enero, ha mantenido desde entonces una interlocución intermitente con el Ministerio de Transportes, marcada según sus propios representantes por promesas verbales que no siempre se tradujeron en medidas concretas. Esa experiencia explica, según relató Samper a los medios presentes en la reunión, la insistencia de la asociación en que cualquier nuevo compromiso de Cuerpo se plasme en un calendario verificable y no quede, como ocurrió con el documento de marzo, archivado sin respuesta formal durante meses.

El cambio de titular en el Ministerio de Transportes, con la salida de Puente y la llegada de Cuerpo —hasta entonces ministro de Economía— en una remodelación del Gobierno tras el accidente de Urda, ha sido interpretado por la asociación como una oportunidad para reabrir un diálogo que consideraban estancado. Samper insistió en que el cambio de ministro no debe servir de excusa para reiniciar los plazos desde cero, y pidió que las once medidas entregadas en marzo se incorporen sin demora a la agenda del nuevo titular, en paralelo a la respuesta que el ministerio deba dar a las víctimas de Urda.

Cuerpo se comprometió además a comunicar a la asociación si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría recibirlos en una próxima reunión. A falta de un comunicado oficial publicado por el ministerio o la vicepresidencia al cierre de esta información, los compromisos conocidos proceden de las declaraciones de la propia asociación y de fuentes gubernamentales citadas por RTVE a través de otros medios, por lo que se trata de anuncios políticos pendientes de desarrollo normativo o administrativo, y no de medidas ya aprobadas o en vigor.