Confundieron a una diputada de Ceuta con una activista y le destrozaron el coche a golpes en el puerto

La noche del domingo 20 de septiembre, un grupo de manifestantes concentrado en el puerto de Ceuta confundió el vehículo de **Julia Ferreras**, diputada de la formación local **Ceuta Ya!** en la Asamblea de la ciudad autónoma, con el de un grupo de activistas de una ONG navarra que llegaba a la ciudad ese mismo día. Según el relato de un abogado presente y recogido por medios locales, la confusión se originó cuando alguien señaló entre la multitud a un activista real, que llamó a la diputada para que lo recogiera; al subir este al coche, varias personas se encaramaron al capó mientras otras lanzaban piedras y huevos contra el vehículo.

El ataque destrozó por completo los parabrisas delantero y trasero, uno de los retrovisores y el capó del coche. Uno de los ocupantes, un trabajador de Naciones Unidas que viajaba con la diputada, sufrió cortes superficiales en un brazo por los cristales rotos; no se han reportado heridos de mayor gravedad. La Policía Nacional, pese a asegurar reiteradamente a los manifestantes que los ocupantes del vehículo no pertenecían al grupo de activistas que motivaba la protesta, no logró calmar a la multitud, que siguió bloqueando el coche gritando "asesinos" y "etarras". Los agentes tuvieron que pedir refuerzos de unidades antidisturbios y disparar al aire para dispersar a los congregados; dos personas fueron detenidas y los tres ocupantes del vehículo fueron escoltados hasta comisaría para presentar denuncia.

El episodio no ocurre en el vacío. Desde el viernes anterior, el puerto de Ceuta acoge a más de 1.700 personas migrantes, en el marco de una crisis migratoria que se agravó tras una llegada masiva registrada a finales de julio de 2026. La protesta de esa noche, formada por un centenar de personas portando banderas españolas, no se disolvió tras el ataque al coche de la diputada: continuó durante varias horas en distintos puntos del recinto portuario, lo que sitúa el incidente dentro de una escalada sostenida de movilizaciones vecinales y no como un hecho puntual y aislado.

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El contexto inmediato de esta crisis ya había obligado a decisiones concretas en días anteriores: la Policía desaconsejó que el amistoso de fútbol España-México sub-20 se disputara en Ceuta por la presión migratoria sobre los recursos de seguridad de la ciudad, un partido que finalmente se trasladó fuera de la ciudad autónoma. La agenda política nacional también recoge esta tensión: el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta esta semana en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, la necesidad de defender su modelo migratorio pese a la crisis abierta en Ceuta, según la cobertura de la agenda presidencial en esos mismos días.

El error de identificación —atacar a una representante institucional en lugar de a los activistas que motivaban la protesta— es un elemento central del caso: ilustra hasta qué punto la tensión acumulada en el puerto ha bajado el umbral para la violencia colectiva, incluso contra objetivos equivocados. Tanto el Gobierno de la ciudad autónoma como la Delegación del Gobierno en Ceuta condenaron la agresión, aunque no se ha publicado hasta el momento un balance oficial detallado de heridos, detenidos adicionales o cargos formales derivados de la investigación policial en curso.

Queda además una laguna informativa relevante: no hay constancia pública, en las fuentes disponibles, de qué ONG navarra era el objetivo original de la protesta ni de qué actividad concreta motivó el rechazo vecinal hacia ese colectivo, más allá de referencias genéricas a su vinculación con apoyo a personas migrantes. Sin ese dato, es difícil valorar si la protesta original tenía un motivo específico y verificable o si respondía a un rumor no confirmado sobre la llegada de ese grupo al puerto.

El caso se suma a una serie de episodios de tensión en la ciudad en las últimas semanas —incluida la cancelación del amistoso sub-20— que sugieren un deterioro sostenido del clima de convivencia en Ceuta mientras persista la presión migratoria sobre sus recursos de acogida y seguridad. La pregunta abierta más relevante hacia adelante es si las autoridades locales y estatales lograrán reducir la frecuencia de estos incidentes antes de que se produzca un episodio con heridos de mayor gravedad.