La Fiscalía considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar la crisis de Ceuta y ha pedido secreto parcial. También aprecia posibles delitos, pero sus calificaciones y la atribución de responsabilidades siguen siendo provisionales.
DEMOSTRADO — María Tardón abrió diligencias y pidió a Guardia Civil y Policía informes sobre los avisos previos, los rescates, las víctimas y si la entrada pudo responder a una acción concertada o dirigida.
DEMOSTRADO, ATRIBUIDO — La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de que el tribunal continúe investigando el caso. Subraya que los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.
DEMOSTRADO, ATRIBUIDO — El Ministerio Público señala, con carácter provisional, que parte de la planificación, movilización, coordinación logística y difusión digital se habría desarrollado en territorio marroquí. El uso del condicional es material: son indicios sometidos a investigación.
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POSIBLE — Fiscalía aprecia posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio, lesiones y organización o grupo criminal. Son calificaciones penales provisionales que orientan las diligencias, no delitos ya declarados probados.
DEMOSTRADO — Fiscalía también ha solicitado el secreto parcial de las actuaciones. Esa petición afecta a la publicidad de determinadas diligencias; no demuestra por sí misma quién es responsable de los hechos.
NO DEMOSTRADO — No existe una sentencia que haya fijado una autoría concreta de la crisis ni una conclusión judicial definitiva sobre las personas, organizaciones o autoridades que puedan haber participado.
DEMOSTRADO, ATRIBUIDO — La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional expresó además su respaldo institucional a la jueza María Tardón. Ese respaldo institucional es distinto de la posición de la Fiscalía sobre la competencia y no contiene una decisión sobre el fondo penal de la causa.
La posición de la Fiscalía sobre la competencia del tribunal no equivale al resultado final de la instrucción. El respaldo institucional de la Sala de Gobierno a Tardón es también una cuestión distinta de determinar autorías o responsabilidades penales.
La investigación judicial puede confirmar algunos de los indicios aportados por los informes policiales, rebajar su alcance o descartar conexiones que hoy solo aparecen como hipótesis.
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