El Centro Nacional de Ciberseguridad argentino adoptó la certificación SCS 9001, desarrollada por la industria estadounidense, como requisito para el equipamiento de telecomunicaciones del Estado.
Una disposición del Centro Nacional de Ciberseguridad exige certificación SCS 9001 para el equipamiento de redes críticas del Estado, un estándar que, según sus propios criterios de admisión, excluye a fabricantes chinos como Huawei y ZTE. El Centro Nacional de Ciberseguridad argentino adoptó la certificación SCS 9001, desarrollada por la industria estadounidense, como requisito para el equipamiento de telecomunicaciones del Estado. En la práctica: La norma afecta en lo inmediato solo a las redes de telecomunicaciones del Estado argentino y empresas públicas como Arsat, pero abre la puerta a que el regulador Enacom extienda el requisito a equipos comerciales.
Sede de una compañía de telecomunicaciones en Buenos Aires. Argentina exige ahora un estándar de ciberseguridad estadounidense para el equipamiento de redes críticas del Estado.
Foto: Gelpgim22 (Sergio Panei Pirau) · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de Argentina publicó el 6 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial la Disposición 7/2026, que aprueba los Requisitos Técnicos de Seguridad de la Cadena de Suministro para Equipamiento Destinado a Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones. La norma, dirigida por el organismo que encabeza Walter Fabián Agüero, incorpora como referencia obligatoria el estándar SCS 9001.
El SCS 9001 es una certificación desarrollada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación privada de la industria estadounidense. Según su propia política de admisión, la TIA no certifica a empresas que figuren en listas de restricciones del gobierno de Estados Unidos, lo que en la práctica excluye a Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI, todas incluidas en esas listas.
La disposición no menciona a ninguna empresa china por su nombre: se limita a fijar requisitos técnicos sobre diseño, fabricación, origen de componentes, distribución, instalación, actualizaciones de software, soporte técnico y desmantelamiento de los equipos a lo largo de todo su ciclo de vida. Sin embargo, el efecto práctico, señalan Infobae y La Nación, es filtrar a los proveedores que no pueden acreditar procesos de transparencia en su cadena de suministro conforme a ese criterio estadounidense.
Por ahora, la obligación alcanza únicamente al Estado nacional y sus empresas, entre ellas Arsat, el operador estatal cuya red utiliza una proporción significativa de equipamiento chino, que según La Nación tendría un plazo de 90 días para adecuarse. El artículo 9 de la disposición habilita además al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a evaluar si extiende estos requisitos a la homologación de equipos para el mercado privado, lo que podría ampliar el alcance a los dispositivos que se comercializan en el país.
La medida se enmarca en una tendencia que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aliados vienen aplicando para excluir de sus redes 5G y de infraestructura crítica a proveedores de China y Rusia por motivos de ciberseguridad. La Nación recuerda que Paraguay adoptó un requisito de certificación equivalente para su licitación de 5G de 2025, en un proceso que el Departamento de Estado estadounidense describió como una forma de frenar a la competencia china 'sin excluirla explícitamente', y en el que Washington invirtió unos 6 millones de dólares en gestiones diplomáticas.
Entre los sectores que observan la medida con cautela figuran más de 1.200 cooperativas de internet rural que, según La Nación, construyeron su infraestructura con proveedores chinos y podrían enfrentar mayores costos de reemplazo de equipos si la exigencia se extiende más allá del Estado. También se mencionan posibles presiones arancelarias adicionales sobre el sector.
La embajada de China en Argentina había rechazado en septiembre de 2026 advertencias similares de Estados Unidos sobre redes 5G, en una disputa diplomática que antecede a esta disposición y que se inscribe en la rivalidad tecnológica más amplia entre Washington y Pekín por el control de las infraestructuras de telecomunicaciones a nivel global.
La disposición no fija aún un cronograma de aplicación para el sector privado ni detalla sanciones por incumplimiento más allá del ámbito estatal, por lo que su impacto real dependerá de las decisiones que tome Enacom en los próximos meses sobre la homologación de equipos de uso comercial.
En septiembre de 2026 la embajada de China en Argentina ya había rechazado advertencias de EE.UU. sobre redes 5G, anticipando la tensión diplomática que ahora se traduce en esta disposición técnica.
La norma afecta en lo inmediato solo a las redes de telecomunicaciones del Estado argentino y empresas públicas como Arsat, pero abre la puerta a que el regulador Enacom extienda el requisito a equipos comerciales.
Más de 1.200 cooperativas de internet rural que usan proveedores chinos podrían enfrentar mayores costos de reemplazo de equipos si la exigencia se extiende más allá del Estado.
La medida se suma a políticas similares de EE.UU., la UE y países como Paraguay para limitar la presencia de proveedores chinos en infraestructura crítica de telecomunicaciones, en el marco de la disputa tecnológica entre Washington y Pekín.
Paraguay adoptó un requisito de certificación equivalente para su licitación de 5G de 2025, en un proceso que Washington respaldó con unos 6 millones de dólares en gestiones diplomáticas, según el Departamento de Estado.
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