Corea del Sur imputa a 80 conductores de Tesla por desbloquear ilegalmente la conducción autónoma

La policía de Seúl anunció que ha remitido a la fiscalía a 80 propietarios de vehículos Tesla por presuntamente instalar dispositivos electrónicos no autorizados para desbloquear ilegalmente la función de conducción totalmente autónoma (Full Self-Driving, FSD), según informaron la agencia surcoreana y medios como el diario Kyunghyang Shinmun y el portal especializado Electrek. La investigación, la mayor conocida hasta ahora contra este tipo de manipulación, se centra en coches Tesla fabricados en China que, a diferencia de los modelos estadounidenses importados bajo el tratado de libre comercio entre Corea del Sur y EE.UU., no están homologados para circular con FSD activado en el país.

Según detalló la policía surcoreana, los sospechosos compraron en Europa y China, o fabricaron ellos mismos, dispositivos que se conectan al bus de datos CAN del vehículo (la red interna que conecta los sistemas electrónicos del coche) para engañar al software de Tesla y activar funciones de conducción asistida que la compañía había restringido geográficamente. Un investigado, con conocimientos de informática, construyó el dispositivo utilizando información del sistema de control electrónico del vehículo y código de origen abierto obtenido en sitios extranjeros, de acuerdo con la reconstrucción policial recogida por Kyunghyang Shinmun.

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl declaró, en una cita recogida directamente por Kyunghyang Shinmun: "Remitiremos a los sospechosos a la fiscalía por infringir la Ley de Gestión de Vehículos Automotores y, en adelante, seguiremos investigando activamente los actos ilegales que amenazan la seguridad vial en colaboración permanente con los organismos pertinentes". La misma ley surcoreana castiga las modificaciones de software no autorizadas que afecten a la seguridad del vehículo con hasta dos años de prisión o una multa de 20 millones de wones, unos 15.000 dólares (unos 13.900 euros al cambio actual).

La causa se abrió en abril, cuando el Ministerio de Tierra, Infraestructuras y Transporte detectó indicios de activaciones irregulares de FSD y pidió a la policía que investigara, en coordinación técnica con la Autoridad de Seguridad del Transporte de Corea. Según Electrek, la policía incautó 21 dispositivos durante la investigación y describió el caso como la mayor actuación conocida hasta la fecha contra este tipo de manipulación del software de Tesla en el país.

Un responsable policial citado por Electrek afirmó que se han "confirmado riesgos de seguridad", incluida la posibilidad de que el sistema FSD no reconozca correctamente las condiciones de circulación o actúe de forma distinta a la que pretende el conductor cuando se activa mediante estos métodos no certificados. Según Kyunghyang Shinmun, los sospechosos también compartían en comunidades en línea métodos para activar FSD de forma ilegal y técnicas para evitar que quedara rastro de la activación en los registros del vehículo.

Es importante distinguir el estado procesal real del caso: la policía ha "remitido" o "imputado" (en coreano, song-chi) a los 80 investigados a la fiscalía, lo que implica cargos pendientes, no condenas. Ninguna de las fuentes consultadas —Kyunghyang Shinmun, Electrek, Car Revs Daily, 36kr ni autoevolution— documenta sentencias firmes, y no hay constancia pública de la versión de los propios investigados ni de que hayan sido detenidos físicamente; los términos usados en inglés oscilan entre "booked" y "apprehended", que en el sistema surcoreano equivalen a la apertura de diligencias, no a un arresto en sentido estricto.

El origen técnico de la brecha se remonta a marzo de 2026, cuando en GitHub se difundió un proyecto de código abierto conocido como "tesla-open-can-mod", pensado inicialmente como herramienta de observación del bus CAN de los Tesla, que mostraba que la restricción de FSD en coches fabricados en China dependía de una comprobación de software relativamente sencilla de eludir. Tesla reaccionó cerrando el repositorio original, bloqueando remotamente los módulos detectados en los vehículos afectados y suspendiendo cuentas en redes sociales que difundían enlaces a repositorios alternativos en GitLab, según documentaron entonces Electrek y Tom's Hardware; ninguna de esas medidas corporativas equivale, sin embargo, a una denuncia penal formal ante la policía surcoreana, que las fuentes consultadas no confirman de forma explícita.

La disputa de fondo tiene también una vertiente económica: varios propietarios de Tesla fabricados en China pagaron, en algunos casos más de nueve millones de wones (unos 6.200 euros), por la activación permanente de FSD antes de descubrir que la función no podía habilitarse legalmente en sus vehículos por no cumplir la certificación exigida en Corea del Sur. Según recogió 36Kr, al menos 88 de esos propietarios presentaron demandas de reembolso que los tribunales surcoreanos rechazaron, al considerar que Tesla "no prometió una conducción autónoma sin supervisión" y que la compañía sí había entregado "parte de las funciones" contratadas, un matiz relevante para entender por qué algunos propietarios optaron por la vía ilegal de los dispositivos de desbloqueo en lugar de litigar.

El episodio es paralelo, pero distinto, a las medidas que la propia Tesla ha tomado contra los dispositivos de desbloqueo desde marzo de 2026: la compañía ha detectado de forma remota los módulos instalados, ha retirado el acceso a FSD a los vehículos afectados, ha anulado la garantía de los propietarios implicados y ha prohibido de forma permanente el uso de la función en algunos coches fabricados en China, según recogieron entonces Electrek y Tom's Hardware. Solo un 20,7% de los Tesla matriculados en Corea del Sur —unos 47.458 de 229.311, según cifras citadas por Car Revs Daily— están autorizados legalmente a usar FSD, limitado a los modelos S, X y Cybertruck fabricados en EE.UU. al amparo del tratado comercial bilateral.

El caso surcoreano llega días después de que medios españoles, entre ellos Computer Hoy, recogieran la noticia bajo titulares que hablaban directamente de "pena de cárcel" para los conductores, una simplificación que combina la fase de instrucción policial —remisión a fiscalía, no condena— con la pena máxima prevista por la ley si finalmente hay juicio y condena. Ambas cosas son ciertas pero no equivalentes: los 80 implicados afrontan un proceso penal en curso, con una pena máxima de dos años de prisión o 20 millones de wones de multa, pero ninguno ha sido condenado hasta la fecha, según todas las fuentes consultadas.