El PP negocia con Vox una moción de censura para apartar a Landaluce de la alcaldía de Algeciras

La crisis política en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) se agravó este 14 de octubre con un movimiento que acerca por primera vez una salida institucional a la permanencia de José Ignacio Landaluce en la alcaldía: el grupo municipal de Vox confirmó que votará a favor de una eventual moción de censura para apartarlo, aunque sin entrar en el gobierno local ni exigir ninguna contraprestación a cambio de su apoyo.

Con los cuatro votos de Vox sumados a los doce concejales del PP que ya abandonaron el equipo de gobierno de Landaluce, la hipotética moción reuniría 16 de los 27 votos del pleno, mayoría suficiente para destituir al alcalde sin necesidad de recurrir a los siete votos del PSOE, que también ha ofrecido sus ediles para facilitar la salida institucional. Pese a ello, ninguna moción de censura ha sido registrada formalmente hasta el momento: los apoyos de Vox y PSOE son, por ahora, compromisos políticos condicionados a que el PP decida finalmente presentarla.

Vox ha aprovechado el anuncio para criticar al PP por la gestión de la crisis. El partido de Santiago Abascal sostiene que si los motivos que llevaron a la dirección popular a expulsar a Landaluce del grupo parlamentario en el Senado eran suficientes para esa decisión, también lo eran para que abandonara antes la alcaldía, y acusa al PP de "tardar demasiado" en actuar, una crítica que sitúa a Vox como actor institucional relevante en una crisis que hasta ahora se había librado casi en exclusiva entre el PP, el PSOE y el propio alcalde.

Lejos de ceder, Landaluce ha respondido asumiendo personalmente las delegaciones municipales que quedaron vacantes tras la salida de los doce concejales, un total de 29 áreas que incluyen seguridad, movilidad, cultura, turismo, educación y medio ambiente, según medios locales de la provincia. El alcalde insiste en que no dimitirá: "Todavía no me ha llegado ni un solo papel de ningún juzgado", ha declarado, reivindicando su presunción de inocencia y apuntando a lo que considera una campaña orquestada en su contra, con la amenaza de reclamar daños por el perjuicio reputacional sufrido.

La presión sobre Landaluce no procede solo de la oposición municipal. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han reclamado públicamente su dimisión inmediata, en línea con la decisión ya adoptada por la dirección provincial de Cádiz, que ordenó a sus concejales romper con el alcalde si este no dimitía.

El origen de la ruptura son dos denuncias por presunta agresión sexual presentadas por dos mujeres vinculadas al PP local. La primera, registrada a comienzos de septiembre de 2026 ante el Tribunal Supremo por una afiliada del partido, relata dos episodios de tocamientos; la segunda, registrada el 5 de octubre en los juzgados de Algeciras, procede de una trabajadora de confianza del Ayuntamiento que denuncia un tocamiento el 10 de julio bajo el pretexto de examinarle un lunar. Ninguna de las dos causas ha sido admitida a trámite de forma definitiva.

Bruno García, presidente del PP de Cádiz, ya había resumido la postura del partido con una frase que ha marcado el tono de la crisis: "Hemos optado por creer a estas dos mujeres", subrayando que las denuncias obligan al PP a asumir responsabilidades políticas sin perjuicio de la presunción de inocencia que corresponde a Landaluce en sede judicial.

El Ayuntamiento queda así en un bloqueo político inédito: un alcalde que concentra en solitario 29 áreas de gestión municipal, un bloque de 16 votos dispuesto a censurarlo en cuanto se registre la moción, y un PSOE que ofrece sus siete ediles como garantía adicional sin plantear condiciones. A falta de que el Tribunal Supremo decida sobre la admisión de la primera denuncia y de que avance la instrucción de la segunda en los juzgados de Algeciras, lo políticamente cierto es que la permanencia de Landaluce depende ya casi exclusivamente de que PP, Vox y PSOE no acaben de formalizar un acuerdo que, aritméticamente, ya tienen a su alcance.

El bloqueo tiene además un componente de calendario: cualquier moción de censura municipal en España exige un trámite reglado que incluye preaviso y un pleno extraordinario convocado al efecto, por lo que, aunque los apoyos aritméticos ya existan sobre el papel, su formalización podría demorarse varias semanas si ninguno de los tres grupos da el paso de registrarla. Fuentes municipales citadas por los medios del Campo de Gibraltar apuntan a que tanto el PP provincial como el PSOE prefieren, por ahora, mantener la presión política sobre Landaluce para que dimita por voluntad propia antes de activar ese mecanismo, que supondría una ruptura institucional más visible y un precedente inédito en el mandato municipal de Algeciras.

La reacción de las dos denunciantes y de sus representantes legales sigue siendo la misma que en los días posteriores a la presentación de las causas: ningún pronunciamiento público adicional más allá de los escritos ya presentados ante el Tribunal Supremo y los juzgados de Algeciras. Esa ausencia de declaraciones contrasta con la intensa actividad comunicativa del propio Landaluce, que ha optado por difundir vídeos y comunicados en redes sociales para defender su versión, y con la exposición pública que han adquirido tanto Vox como la dirección nacional del PP al reclamar explícitamente su salida del cargo, en un episodio que ya se ha convertido en una de las mayores crisis municipales del PP andaluz en lo que va de legislatura.