El adelanto electoral deja en suspenso 17.000 millones de inversión en la red eléctrica española

La decisión del Gobierno de convocar elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre de 2026 ha dejado en el aire la tramitación parlamentaria de la nueva Planificación de las redes de transporte de electricidad hasta 2030, un paquete de inversión superior a los 17.000 millones de euros que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) había previsto cerrar antes de que terminara 2026, según informaron El Confidencial y Xataka. El documento debía fijar qué nuevas líneas y subestaciones de alta tensión se construyen en los próximos años para absorber el aumento de demanda industrial, de centros de datos y de electrificación del transporte, y su aprobación formal requiere un trámite que pasa por el Congreso de los Diputados, ahora en vías de disolución.

El plan se suma a otras normas pendientes de cierre regulatorio. El nuevo mecanismo de mercado de capacidad, aprobado en septiembre de 2026, está destinado a liberar hasta 27.700 megavatios de capacidad de acceso a la red que hoy permanecen bloqueados por la saturación de las infraestructuras existentes, pero su primera subasta quedará retrasada mientras España sigue dependiendo del sistema transitorio de asignación (SRAD). A ello se añade la reforma del real decreto que regula la conexión eléctrica de los centros de datos, que había recibido más de 10.500 alegaciones en su trámite de audiencia pública y que, según El Español, exigiría que el 80% del consumo de estas instalaciones proceda de generación renovable gestionable en un plazo de 18 meses.

El bloqueo también afecta a la vivienda: numerosos desarrollos residenciales en tramitación dependen de permisos de acceso y conexión a la red eléctrica que la nueva planificación debía agilizar, por lo que promotores y administraciones autonómicas advierten de retrasos adicionales en la puesta en marcha de nuevas viviendas, en un contexto de crisis de acceso a la vivienda que ya centraba el debate político antes de la convocatoria electoral. Los proyectos energéticos, recuerdan las fuentes consultadas, requieren habitualmente varios años de desarrollo, por lo que la incertidumbre sobre el marco regulatorio amenaza con retrasar inversiones con independencia de que las normas lleguen finalmente a aprobarse.

El adelanto electoral se produjo después de que el Gobierno no lograra sacar adelante en el Congreso un decreto de emergencia en materia de alquiler y protección frente a desahucios, conocido informalmente como "decreto Maricarmen" por el caso de la vecina de Madrid de 87 años desalojada de su vivienda, cuya muerte semanas después provocó movilizaciones en varias ciudades españolas, según recogió El Español. La vinculación entre el fracaso de esa norma de vivienda y la posterior disolución de las Cortes ilustra cómo la crisis habitacional ha terminado arrastrando también la agenda energética e industrial del Ejecutivo.

Con el Congreso de los Diputados previsiblemente disuelto antes de la fecha electoral, los expedientes regulatorios pendientes —desde la planificación de redes hasta la normativa de centros de datos y las ayudas a las quince zonas de transición energética afectadas por el cierre de centrales térmicas, que suman hasta 11 gigavatios de capacidad renovable— quedarán congelados hasta que se constituya un nuevo Gobierno, lo que introduce incertidumbre adicional para los inversores en renovables, almacenamiento y desarrollo inmobiliario que dependen de esas decisiones.

Ni el Miteco ni Red Eléctrica de España han precisado públicamente un calendario alternativo para retomar estos expedientes, y los medios consultados coinciden en que el desenlace dependerá de la composición del Congreso que resulte de las elecciones del 29 de noviembre, lo que deja a promotores energéticos e inmobiliarios a la espera de un nuevo Ejecutivo antes de poder planificar con certeza sus próximas inversiones.