La Fiscalía pide hasta 27 años de cárcel por el atentado contra Vidal-Quadras y lo atribuye a una "operación encubierta" de Irán

La Fiscalía española ha presentado su escrito de acusación por el intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras, antiguo vicepresidente del Parlamento Europeo y fundador de Vox, tiroteado en la cara el 9 de noviembre de 2023 en la calle Núñez de Balboa de Madrid. El Ministerio Público sostiene que el ataque fue, en sus propias palabras, una "operación encubierta" dirigida desde Irán, y solicita penas de entre 10 y 27 años de prisión para los siete procesados, según coinciden las informaciones de eldiario.es, El Español, Infobae y Noticias de Gipuzkoa a partir de agencias y del propio escrito fiscal, adelantado por El País.

Según el relato de la acusación pública, Mehrez Ayari, identificado como el autor material del disparo, se enfrenta a la petición más alta: 22 años por asesinato en grado de tentativa y 5 años adicionales por pertenencia a organización criminal, hasta un total de 27 años. Para Naraya Gómez, señalada por su participación en la planificación y en la huida, la Fiscalía reclama 18 años; para otros cuatro colaboradores no identificados públicamente pide 15 años cada uno más 5 por integración en el grupo, y para un joven español al que atribuye un papel de colaborador, 10 años. Un séptimo acusado, Sami Bekal, al que la Fiscalía señala como coordinador de la trama, permanece en busca y se cree que reside en Irán, por lo que de momento no puede ser juzgado.

Vidal-Quadras sobrevivió al disparo, que le causó una doble fractura mandibular, porque logró girar la cabeza en el último instante y recibió auxilio inmediato de viandantes y de los servicios de emergencia, según recoge eldiario.es. El autor del disparo huyó en una motocicleta y la investigación policial, que combinó pesquisas de la Policía Nacional con cooperación de inteligencia, tardó meses en identificar a los presuntos responsables antes de que la Fiscalía pudiera cerrar su escrito de acusación casi tres años después del ataque.

Para sustentar el señalamiento a Irán, el fiscal expone en su escrito indicios como la presencia de varios de los procesados en una concentración contra la amnistía en la madrileña plaza de Colón, que la acusación interpreta como labor de vigilancia previa sobre Vidal-Quadras, y mensajes difundidos tras el ataque por la agencia iraní Fars News —vinculada a la Guardia Revolucionaria— advirtiendo a terceros países sobre el amparo a la organización opositora iraní Mujahidin-e Khalq (MEK), de la que Vidal-Quadras era un destacado valedor internacional.

Vidal-Quadras, de 75 años, fue vicepresidente del Parlamento Europeo entre 1999 y 2014, presidente del PP en Cataluña en los años noventa y, más tarde, uno de los fundadores de Vox en 2013, partido del que se desvinculó posteriormente. A lo largo de su carrera se convirtió en uno de los políticos europeos más visibles en la defensa del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI), el paraguas político del MEK, y en un crítico frontal y constante del régimen de los ayatolás, posición que, según la tesis fiscal, lo convirtió en objetivo de Teherán.

El caso español no es el primero en Europa en el que la Fiscalía o un tribunal atribuye a Irán un intento de atentado contra opositores o simpatizantes del MEK en suelo europeo. En 2021, un tribunal belga condenó a 20 años de prisión al diplomático iraní Assadollah Asadi por organizar, desde su puesto en la embajada de Irán en Viena, un plan para bombardear con explosivos TATP un mitin del CNRI en Villepinte, cerca de París, en 2018, un atentado frustrado gracias a un aviso de los servicios de inteligencia israelíes que permitió a la policía belga interceptar a los dos cómplices con los explosivos en su coche, según recogieron entonces Reuters, Al Jazeera y France 24. El jefe de la inteligencia belga llegó a afirmar que aquel plan había sido "concebido en nombre de Irán y bajo su dirección", una conclusión que Teherán negó en su momento.

El escrito de acusación contra los procesados por el ataque a Vidal-Quadras, presentado el 23 de octubre de 2026, abre la vía hacia la apertura de juicio oral en la Audiencia Nacional, aunque todavía no hay fecha fijada ni se ha dictado sentencia. Las defensas de los procesados no han trascendido públicamente en las informaciones consultadas, y ni el Gobierno de Irán ni representantes de los acusados han respondido hasta el momento a la imputación, por lo que la vinculación con Teherán constituye, de momento, la tesis acusatoria de la Fiscalía y no un hecho judicialmente probado por un tribunal.

La instrucción judicial del caso recayó en la Audiencia Nacional por su naturaleza de presunto terrorismo internacional, el mismo órgano que ya había investigado otros intentos de Irán de actuar contra disidentes y opositores en Europa. La situación de Sami Bekal, señalado como coordinador y presuntamente refugiado en Irán, añade una incertidumbre adicional sobre si llegará a sentarse en el banquillo junto al resto de procesados, dado que España no dispone de tratado de extradición operativo con la República Islámica para este tipo de causas.

El escrito fiscal llega en un momento de tensión ya elevada entre Europa e Irán por motivos ajenos a este caso concreto, con sanciones europeas vigentes contra Teherán por su programa de misiles y su apoyo a milicias en Oriente Próximo, un contexto que, según coinciden los medios consultados, puede condicionar tanto el ritmo del proceso judicial en la Audiencia Nacional como la respuesta diplomática que finalmente adopte el Gobierno español ante las conclusiones del Ministerio Público una vez se fije fecha para el juicio oral.