La Comisión Europea examinará la denuncia de Junts contra la regularización masiva de inmigrantes en España

La Comisión Europea ha contestado a Junts per Catalunya que revisará la denuncia que el partido presentó en julio contra el real decreto con el que el Gobierno español aprobó una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. En una carta fechada el 23 de octubre, a la que tuvo acceso El Mundo, Bruselas se compromete a 'examinar su denuncia a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable', y añade que no descarta abrir en el futuro 'un procedimiento de infracción' contra España, dentro de su objetivo general de 'garantizar que las leyes y prácticas de los Estados miembros sean conformes con el Derecho de la UE'.

Es importante precisar el alcance real de esta respuesta: no se trata de la apertura de un expediente de infracción formal ni de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino de la aceptación de la denuncia para su estudio preliminar. La Comisión dispone de un año para pedir documentación adicional a Junts antes de decidir si existen indicios suficientes para iniciar un procedimiento de infracción propiamente dicho, el mecanismo con el que Bruselas puede llevar a un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El decreto que motiva la denuncia, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, cerró el plazo de solicitudes con 1.174.968 peticiones registradas, más del doble de las aproximadamente 500.000 que había estimado inicialmente el Ejecutivo. De ellas, 257.602 procedían de Cataluña, en torno al 22% del total, según las cifras que han difundido distintos medios tras el cierre del proceso.

Junts, formación presidida por Carles Puigdemont, basa su queja en varios argumentos jurídicos. Primero, cuestiona que el Gobierno recurriera a un real decreto en lugar de tramitar una ley debatida en las Cortes Generales. Segundo, reprocha que el Ejecutivo no informara previamente a la Comisión ni a los demás Estados miembros de sus intenciones, en lo que considera un incumplimiento del principio de cooperación leal entre la UE y sus socios. Tercero, sostiene que el decreto archiva y revoca órdenes de expulsión de quienes obtienen la residencia, lo que a su juicio entra en conflicto con la directiva europea de retorno, que obliga a los Estados a expulsar a los extranjeros en situación irregular. Cuarto, denuncia que los solicitantes de asilo pueden obtener un permiso de residencia sin que se compruebe si realmente necesitaban protección internacional. Por último, añade un argumento lingüístico: según Junts, los beneficiarios pueden instalarse en Cataluña sin acreditar ningún vínculo con la lengua catalana, pese a ser, sostienen, 'el principal territorio afectado'.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha calificado en varias intervenciones la tramitación del decreto como una maniobra hecha 'por la puerta de atrás', sin votación parlamentaria previa. El eurodiputado Jordi Turull ya había advertido en una reunión del Consejo en abril que España era, en sus palabras, 'el único país de Europa que ha llevado a cabo una regularización masiva en materia de inmigración', una caracterización que no coincide con las regularizaciones extraordinarias aprobadas en el pasado por otros socios europeos como Italia o Portugal.

Conviene matizar estas acusaciones con el contexto institucional reciente. La propia Comisión Europea ya había defendido en público, antes de esta carta, la legalidad general de las regularizaciones extraordinarias llevadas a cabo por los Estados miembros, y ha desvinculado explícitamente la medida española de la crisis migratoria en Ceuta, aunque la calificó de 'mala señal' para la coordinación europea. Además, el Consejo Europeo rechazó el pasado 16 de octubre una ofensiva conjunta de Dinamarca, Polonia e Italia contra la regularización española, lo que indica que la postura de Junts no refleja un consenso mayoritario entre los socios comunitarios. El Gobierno español, por su parte, ha calificado en el pasado las críticas a la medida de 'respuesta asimétrica' basada en 'prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos', aunque no ha habido todavía una respuesta oficial específica a esta carta del 23 de octubre.

El proceso abierto por la Comisión no tiene plazos públicos fijados más allá del margen de un año concedido a Junts para aportar documentación adicional. Hasta que no se resuelva esa fase preliminar, el decreto de regularización sigue plenamente en vigor y las personas que obtuvieron un permiso de residencia mantienen su situación regularizada.

Conviene situar esta fase preliminar dentro del procedimiento general de infracción previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el mecanismo habitual con el que Bruselas vigila el cumplimiento del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros. Si tras estudiar la denuncia de Junts la Comisión concluyera que existen indicios de incumplimiento, el paso siguiente sería el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español pidiendo explicaciones en un plazo determinado; solo si esa respuesta no resultara satisfactoria se pasaría a un dictamen motivado y, en última instancia, a un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de un proceso que, en casos similares de otros Estados miembros, ha tardado habitualmente varios años en completarse por la vía judicial, lo que sitúa cualquier resolución definitiva sobre la denuncia de Junts muy lejos en el tiempo. Por el momento, ni el Gobierno español ni la propia Comisión han fijado una fecha para la siguiente actuación en este expediente, y ambas partes mantienen el mismo tono institucional y cauteloso que ha caracterizado el intercambio hasta ahora.