Bruselas calcula en 115.000 millones de euros el coste de reducir su dependencia de la nube estadounidense

La Comisión Europea presentó en junio de 2026 la Cloud and AI Development Act (CADA), una propuesta legislativa que busca reducir la dependencia del bloque de los proveedores de computación en la nube con sede en Estados Unidos. La norma establece cuatro niveles de garantía de soberanía digital, que van desde el almacenamiento y procesamiento de datos dentro del territorio europeo hasta condiciones más exigentes sobre control empresarial y autonomía tecnológica; las administraciones públicas tendrían que evaluar sus propios riesgos y contratar servicios de nube ajustados al nivel que corresponda a cada caso.

Un estudio del European Centre for International Political Economy (ECIPE) calcula que aplicar esta normativa costaría unos 115.000 millones de euros a lo largo de diez años, repartidos en aproximadamente 35.100 millones de euros de impacto para el sector público —de los que 33.300 millones serían costes directos para las administraciones— y unos 80.000 millones de euros para empresas privadas de sectores considerados esenciales. El estudio, sin embargo, está financiado por CCIA Europe, la patronal que representa en Europa a Amazon, Google y Meta, es decir, por las mismas compañías cuya posición de mercado se vería afectada por la ley, un dato relevante para valorar el alcance de la cifra.

El debate sobre la dependencia tecnológica europea de Estados Unidos no es nuevo: según datos recogidos por El Español, las organizaciones europeas pagan en conjunto unos 265.000 millones de euros al año a las grandes tecnológicas estadounidenses por software y servicios en la nube, una cifra comparable al PIB de Portugal. Estados Unidos controla alrededor del 80% del mercado europeo de la nube, con Amazon, Microsoft y Google concentrando por sí solas el 70% del negocio. Mirko Böhm, director de la Linux Foundation Europe, ha señalado que cada euro gastado en estos servicios genera empleo, investigación y desarrollo industrial fuera de Europa, mientras la eurodiputada neerlandesa Kim van Sparrentak ha advertido de que "nuestra economía depende de una infraestructura controlada por empresas y jurisdicciones que no son europeas".

Lejos de oponerse frontalmente a la iniciativa, las grandes tecnológicas estadounidenses ya han empezado a adaptar su oferta comercial a las exigencias de soberanía digital: AWS lanzó en enero de 2026 una infraestructura de nube soberana específica para clientes europeos, y Google ofrece desde entonces alternativas propias orientadas a reforzar el control de los datos dentro de la Unión. Esta estrategia de adaptación comercial convive con la financiación, a través de su patronal, de estudios que cuestionan el coste de una regulación más estricta, una doble vía que combina el cumplimiento aparente con la presión sobre el calendario y el alcance final de la norma.

La propuesta de la Comisión se enmarca en la discusión más amplia sobre la autonomía estratégica europea, que ha ganado peso tras varios episodios de tensión comercial y regulatoria con Washington. La CADA deberá pasar aún por el proceso legislativo ordinario de la UE, con la negociación entre el Consejo y el Parlamento Europeo, antes de convertirse en norma de aplicación obligatoria, por lo que tanto el calendario final como el alcance exacto de los cuatro niveles de soberanía siguen abiertos a modificaciones.