La UCO cuestiona la veracidad del tiroteo al coche de Aldama y apunta a una historia inventada

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un informe que cuestiona la veracidad del tiroteo que Víctor de Aldama denunció haber sufrido en su coche en noviembre de 2024, según adelantó El País y confirmó de forma independiente El Plural. Los investigadores han localizado conversaciones del empresario en las que habla de un intento de "robo" y de daños causados con un "punzón", una versión que contradice por completo la de los disparos que se difundió públicamente en su momento y que durante meses formó parte del relato sobre las presiones que, según Aldama, sufría por su colaboración con la justicia.

Según recoge El País, Aldama comunicó a su compañía de seguros que su Audi A8 había sufrido un intento de robo, con intentos de "romper el cristal" mediante un "punzón" que no llegaron a consumarse. En paralelo, en un mensaje a su entonces portavoz, Ramón Bermejo, citado por ambos medios, el empresario habría escrito: "Podemos tener ya la historia que necesitábamos... No sé si fue intento de robo o disparos", una frase que la UCO interpreta como un indicio de que la narrativa del tiroteo pudo construirse a posteriori, en paralelo a la versión aportada a la aseguradora y de forma incompatible con ella.

El relato original, difundido en octubre de 2024 por medios como The Objective, sostenía que el vehículo de Aldama —entonces señalado como pieza clave del 'caso Koldo'— había recibido tres disparos de calibre .22 como aviso, y llegó a vincularse el coche con desplazamientos de Pedro Sánchez al margen de los dispositivos de seguridad oficiales, una conexión que alimentó la narrativa de una amenaza contra un testigo incómodo para el Gobierno. Aldama no denunció entonces el presunto tiroteo ante la policía, algo que varios medios atribuyeron en su momento al miedo a represalias, sin que trascendiera ningún informe pericial contemporáneo sobre los daños del vehículo.

El nuevo informe de la UCO, enmarcado en la instrucción del 'caso hidrocarburos' —la pieza que investiga un presunto fraude del IVA en el sector de los combustibles por más de 200 millones de euros y en la que Aldama figura como investigado junto a su socio Claudio Rivas—, no afirma de forma concluyente que el empresario fabricara el episodio, sino que documenta discrepancias entre lo declarado a la aseguradora, las conversaciones privadas localizadas y la versión pública del tiroteo. El Plural recoge además que un familiar policía de Aldama, su hermano Rubén, habría cuestionado en privado la versión del tiroteo por la "casualidad" de que ocurriera en plena calle, un detalle que los investigadores incorporan como otro indicio de incoherencia interna en el relato original.

Ni Aldama ni su defensa han realizado declaraciones públicas sobre este informe hasta el momento, y ninguna de las fuentes consultadas recoge una valoración judicial firme de Pedraz sobre su contenido. El hallazgo se suma a otras diligencias en curso de la UCO sobre el patrimonio de Aldama y Rivas, incluido el rastreo de decenas de millones de euros movidos entre España y Portugal, según ha informado El Confidencial Digital en las últimas semanas, lo que sitúa este nuevo informe en el contexto de una investigación patrimonial y judicial más amplia sobre el entorno del empresario, y no como un hecho aislado dentro de la causa.

El caso del tiroteo tiene relevancia política porque, en 2024, sirvió para reforzar la imagen de Aldama como testigo amenazado en plena instrucción del 'caso Koldo', la trama de comisiones por la que ya ha sido condenado. Si el informe de la UCO se confirma judicialmente, podría debilitar esa narrativa y abrir dudas sobre otras afirmaciones del empresario en su colaboración con la justicia, aunque por ahora se trata de un informe policial trasladado al juzgado y no de una resolución judicial sobre los hechos, por lo que cualquier conclusión definitiva deberá esperar a que el juzgado se pronuncie.

El episodio del presunto tiroteo se difundió en un momento en que Aldama ya colaboraba con la instrucción del 'caso Koldo' tras su detención en 2024, y en el que su testimonio sobre presuntas comisiones vinculadas al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García alimentaba buena parte de la cobertura informativa sobre la trama. La imagen de un empresario amenazado por su colaboración con la justicia se incorporó entonces a ese relato público, sin que mediara una denuncia policial contemporánea ni una investigación forense sobre el vehículo que confirmara de forma independiente el origen de los daños, lo que ahora cobra relevancia a la luz de las conversaciones localizadas por la UCO.

El nuevo cuestionamiento de la UCO llega además mientras se acerca la cita judicial de Claudio Rivas, socio de Aldama en el negocio de los combustibles, convocado a declarar como investigado el 3 de diciembre en el marco del 'caso hidrocarburos', y mientras la unidad de investigación amplía el rastreo patrimonial sobre ambos empresarios en varios países. Ese contexto procesal, descrito por El Confidencial Digital, sitúa el informe sobre el tiroteo como una pieza más de una instrucción que avanza en paralelo en varios frentes: el fiscal, por el presunto fraude de IVA, y el patrimonial, por el movimiento de fondos entre España y Portugal, ambos bajo la supervisión del mismo juzgado central de instrucción.

La instrucción del 'caso hidrocarburos' sigue abierta, con el socio de Aldama, Claudio Rivas, citado a declarar como investigado el próximo 3 de diciembre, y con nuevas diligencias patrimoniales en curso sobre ambos empresarios. No hay, de momento, fecha anunciada para que Pedraz se pronuncie sobre las conclusiones de la UCO respecto al presunto tiroteo, y las fuentes consultadas coinciden en que el expediente seguirá generando novedades antes de que cualquiera de sus piezas llegue a juicio, en un proceso que previsiblemente se prolongará más allá de las elecciones generales del 29 de noviembre.