Cientos de agentes irrumpieron de madrugada en la sede de Halk TV en Istanbul, cortaron sus emisiones en directo e impidieron la entrada de los trabajadores. Un interventor nombrado por el Estado asumió el control del canal, que critica habitualmente al Gobierno de Erdogan. La fiscalía investiga a su propietario, Cafer Mahiroglu, por presunta corrupción, cohecho y blanqueo de capitales; la oposición y organizaciones de libertad de prensa denuncian represión política en medio de una ola más amplia de detenciones de periodistas.
La policía turca irrumpió este miércoles de madrugada en la sede de Halk TV, uno de los pocos grandes canales críticos con el Gobierno que quedaban en Turquía, cortó sus emisiones en directo e impidió el acceso de los empleados. Las autoridades nombraron un interventor estatal para dirigir la cadena, en el marco de una investigación judicial por corrupción contra su propietario, Cafer Mahiroglu, que niega los cargos. Organizaciones de derechos humanos y la oposición denuncian que la medida busca silenciar a uno de los últimos medios independientes del país, en plena escalada de la presión sobre la prensa turca durante 2026. Cientos de agentes irrumpieron de madrugada en la sede de Halk TV en Istanbul, cortaron sus emisiones en directo e impidieron la entrada de los trabajadores. Un interventor nombrado por el Estado asumió el control del canal, que critica habitualmente al Gobierno de Erdogan. La fiscalía investiga a su propietario, Cafer Mahiroglu, por presunta corrupción, cohecho y blanqueo de capitales;
Kenneth Roth (Human Rights Watch) (6806930135)
Foto: Kenneth Roth (Human Rights Watch) · Licencia: CC BY 2.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
Cientos de agentes de policía turcos irrumpieron hacia las 06.00 hora local (03.00 GMT) del miércoles 14 de octubre en el edificio de Halk TV en Istanbul, cortaron la calle de acceso, interrumpieron las emisiones en directo poco antes de las 06.30 y restringieron la entrada de los trabajadores durante el registro, según informaron Euronews, el portal Daily Maverick (recogiendo despachos de agencias) y la agencia EFE a través de Infobae. El canal, uno de los pocos de gran audiencia que mantiene una línea editorial crítica con el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, emitía horas después reposiciones de un programa de cocina y naturaleza mientras su editor, Suat Toktas, intentaba sin éxito cuestionar la autoridad del interventor designado y se le impedía continuar con la emisión, según relató a la prensa el programador del canal Deniz Bayramoglu.
Las autoridades turcas nombraron un fideicomisario estatal para dirigir la cadena y ordenaron además el bloqueo en Turquía de todas sus cuentas en redes sociales, según documentó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en un comunicado publicado el mismo 14 de octubre. La intervención se produjo en el marco de una investigación judicial contra Cafer Mahiroglu, propietario de Halk TV, al que la fiscalía acusa de cohecho, manipulación de licitaciones públicas en Esmirna y blanqueo de capitales. La fiscalía emitió orden de detención contra 17 personas; once fueron arrestadas ese mismo día, según Euronews.
Mahiroglu, que reside fuera de Turquía y no fue detenido, difundió un vídeo en la red social X en el que aseguró que siete de sus familiares en Turquía estaban bajo custodia policial y calificó de falsas las acusaciones en su contra. El Fondo de Garantía de Depósitos del Estado turco (SDIF), organismo estatal que ya ha intervenido otras empresas de comunicación, pasó a gestionar la cadena, según recogió Human Rights Watch (HRW) en un comunicado del 14 de octubre.
El líder de la oposición, Özgür Özel, calificó la intervención de "algo que solo hacen los dictadores" al referirse a la redada al amanecer y el nombramiento de un interventor, y señaló que coincide con el inicio de los argumentos de defensa en el juicio por corrupción contra el alcalde de Istanbul, Ekrem Imamoglu, que involucra a cerca de 400 acusados, según Euronews. El sindicato de periodistas turcos declaró que "la arbitrariedad utilizada por las autoridades políticas para superar cualquier problema ha vuelto a golpear hoy a la libertad de prensa". Özgür Öğret, representante de CPJ en Turquía, afirmó que "la incautación de Halk TV golpea el corazón de la libertad de prensa en Turquía, donde la gran mayoría de los medios son favorables al Gobierno".
HRW pidió a las autoridades turcas "revertir de inmediato la toma de control" y advirtió de que los pasos del Gobierno para "suprimir y silenciar una televisión que emite contenido crítico viola no solo los derechos de los trabajadores y periodistas afectados, sino el derecho del público a acceder a la información y a la libertad de expresión". El organismo documentó que la medida se inserta en una ola más amplia de cierres de televisiones, detenciones de periodistas y censura en internet durante 2026, con decenas de periodistas arrestados o detenidos y miles de cuentas de redes sociales bloqueadas en el país.
La propia CPJ ha documentado por separado el uso creciente de una ley de 2022 contra la "desinformación", que castiga con hasta tres años de prisión la difusión de información considerada falsa sobre seguridad, orden público o salud general que genere "preocupación, miedo o pánico": entre enero y comienzos de septiembre de 2026 registró 16 detenciones o arrestos que afectaron a 14 periodistas, dos de ellos detenidos en dos ocasiones distintas, con dos todavía en prisión a mediados de septiembre. El fin de semana previo a la intervención de Halk TV, otros cuatro periodistas de los medios independientes Sözcü, Cumhuriyet y Onlar fueron arrestados y puestos bajo arresto domiciliario acusados de difundir desinformación, según recogió CPJ.
El caso de Halk TV recuerda a la intervención de la cadena TELE1 en octubre de 2025, cuando las autoridades turcas aplicaron el mismo mecanismo de fideicomiso estatal contra otro medio crítico, y se produce dos semanas después del cierre del sitio digital T24 por supuesta "propaganda LGTB", según detalló Euronews. En ambos casos, como ahora con Halk TV, las autoridades recurrieron a instrumentos legales y administrativos —licencias, regulación audiovisual o fideicomisos estatales— en lugar de una censura directa y explícita, un patrón que CPJ y HRW describen de forma reiterada como un mecanismo recurrente para desactivar medios críticos sin tener que prohibir formalmente su actividad periodística.
Hasta la fecha de esta pieza, ni el Gobierno turco ni el Ministerio del Interior habían ofrecido una explicación pública inmediata sobre el motivo concreto de la redada contra Halk TV más allá de los cargos judiciales presentados contra Mahiroglu, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales mantienen abierta su condena al deterioro de las condiciones para la prensa independiente en el país, en un contexto en el que, según CPJ, la gran mayoría de los medios de comunicación turcos son favorables al Ejecutivo.
La intervención de Halk TV sigue el mismo patrón que la toma de control estatal de la cadena TELE1 en octubre de 2025 y se produce en un contexto de escalada de censura mediática en Turquía durante 2026, con decenas de periodistas detenidos bajo la ley de desinformación de 2022 y miles de cuentas de redes sociales bloqueadas, según CPJ y HRW.
La medida reduce aún más el ya escaso número de grandes medios de comunicación turcos con línea editorial independiente del Gobierno, en un país donde, según CPJ, la gran mayoría de las cadenas de televisión son favorables al Ejecutivo, y se suma a una ola de detenciones de periodistas bajo la ley de desinformación de 2022 que ya afectó a 14 periodistas entre enero y septiembre de 2026.
Halk TV, con sede en Istanbul, es una de las principales cadenas de televisión turcas identificadas con la oposición y próxima al Yeni Parti; ya había sufrido en años anteriores sanciones y amenazas de cierre del regulador audiovisual turco por sus críticas al presidente Erdogan.
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