El Tribunal de Cuentas abre diligencias para recuperar 427.000 euros pagados a David Sánchez y a su amigo en la Diputación de Badajoz

El Tribunal de Cuentas ha notificado a los denunciantes y a la Diputación de Badajoz la apertura de diligencias en su Sección de Enjuiciamiento, el primer paso del procedimiento de responsabilidad contable dirigido a esclarecer si procede exigir la devolución de 427.561,12 euros pagados a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Luis María Carrero, antiguo asesor de Moncloa, por sus contratos en la institución provincial. Según la información publicada por El Mundo y corroborada por OkDiario y TheObjective, la fiscalía del propio Tribunal de Cuentas no se ha opuesto a esta primera fase.

El procedimiento contable se apoya en la sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Badajoz en julio de 2026, que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, al considerar que su puesto —transformado de 'coordinador de conservatorios' a responsable de una Oficina de Artes Escénicas— era, según el fallo, 'innecesario y vacío de contenido'. El expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, fue condenado a 18 años de inhabilitación en la misma causa. Del total reclamado, 340.572,36 euros corresponden a los pagos recibidos por David Sánchez entre 2017 y 2025, y 86.988,76 euros a los percibidos por Carrero entre 2024 y 2025.

La apertura de diligencias contables es un procedimiento administrativo y jurídicamente independiente del proceso penal: su objetivo es establecer si existió un daño patrimonial a los fondos públicos y, en su caso, ordenar el reintegro, con independencia del resultado final de la causa penal. La consejera instructora de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha dado trámite de audiencia previa a las partes antes de formalizar la apertura del expediente.

La Diputación de Badajoz, presidida por la socialista Raquel del Puerto, se ha opuesto a reclamar la devolución y presentó el pasado 16 de septiembre un escrito ante el Tribunal de Cuentas solicitando el archivo de las actuaciones, al considerar que 'no concurren los elementos' previstos en el artículo 59 de la ley del Tribunal de Cuentas de 1988 para exigir el reintegro mientras la condena no sea firme. El PP, Vox y las asociaciones Iustitia Europa y Hazte Oír, personadas en el juicio penal, se han constituido como parte en el procedimiento contable para que sea la propia Diputación la que recupere el dinero.

La condena penal no es firme: la defensa de David Sánchez, a cargo del abogado Emilio Cortés, ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura mediante un escrito de 104 páginas que pide la absolución por, entre otros motivos, presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia y falta de prueba de cargo suficiente, según ha podido confirmarse en la documentación del recurso citada por TheObjective y El Diario de Madrid. Mientras el TSJ de Extremadura no resuelva, la responsabilidad penal de Sánchez y Carrero sigue sin ser definitiva, y la propia apertura de diligencias contables tampoco implica, por sí sola, que el reintegro vaya a ordenarse: el Tribunal de Cuentas deberá determinar primero si hubo un perjuicio económico efectivo para las arcas públicas.

El PP, Vox y las asociaciones Iustitia Europa y Hazte Oír, que ya ejercieron la acusación particular y popular en el juicio penal celebrado en Badajoz, se han personado también en la vía contable precisamente porque la Diputación —gobernada por el PSOE— ha decidido no reclamar el dinero por su cuenta. Su argumento, recogido por OkDiario y TheObjective, es que corresponde al propio Tribunal de Cuentas, y no a la institución provincial, determinar si existió un perjuicio patrimonial efectivo derivado de los contratos declarados 'innecesarios' por la sentencia penal, al margen de que esta sea o no firme.

Procesalmente, la apertura de diligencias en la Sección de Enjuiciamiento es solo el primer escalón de la llamada 'pieza de responsabilidad contable': tras el trámite de audiencia a las partes, la consejera instructora, Elena Hernáez, deberá resolver si existen indicios suficientes de un perjuicio económico a los fondos públicos para incoar un procedimiento formal; de confirmarse esos indicios, la pieza podría desembocar en una resolución que, a su vez, es recurrible en apelación ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo. Este largo recorrido administrativo es independiente del recurso penal pendiente ante el TSJ de Extremadura, de modo que ambas vías —la penal y la contable— podrían resolverse en momentos distintos del calendario judicial y con resultados no necesariamente coincidentes entre sí.

El expediente se inserta en un contexto político ya tensionado por el escrutinio judicial en torno al entorno cercano de Pedro Sánchez, lo que ha convertido a la Diputación de Badajoz en foco de atención mediática desde que la Audiencia Provincial dictó su fallo en julio de 2026. Tanto El Mundo como TheObjective, OkDiario, Libertad Digital y que.es han seguido el expediente desde sus primeras fases, en septiembre de 2026, cuando el órgano fiscalizador dio a la institución provincial un plazo de cinco días para pronunciarse sobre la reclamación de las nóminas, hasta la apertura formal esta semana de las diligencias confirmadas ahora por el propio Tribunal de Cuentas.