El órgano fiscalizador eleva el caso del ático de Planifica Madrid y pide nombrar un delegado instructor al detectar indicios de perjuicio a los fondos públicos en una compra sin mandato previo ni memoria justificativa a tiempo.
El organismo fiscalizador eleva el expediente para que se nombre un delegado instructor, al apreciar indicios de que la compra del inmueble por la empresa pública Planifica Madrid careció de un encargo previo y de justificación legal en el momento de formalizarse. El órgano fiscalizador eleva el caso del ático de Planifica Madrid y pide nombrar un delegado instructor al detectar indicios de perjuicio a los fondos públicos en una compra sin mandato previo ni memoria justificativa a tiempo. En la práctica: La decisión del Tribunal de Cuentas traslada el caso del ático a una fase de instrucción formal con posible derivación en responsabilidad contable para los gestores de Planifica Madrid y de la Comunidad de Madrid, y mantiene la presión política sobre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mientras avanza en paralelo la causa penal en el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid.

Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, cuya empresa pública Planifica Madrid protagoniza el caso del ático investigado por el Tribunal de Cuentas.
Foto: Enric, vía Wikimedia Commons · Licencia: CC BY 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar el conocido como 'caso del ático', al detectar indicios de perjuicio a los fondos públicos en la compra de una vivienda de lujo por parte de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid. El órgano fiscalizador ha elevado las actuaciones para que la Comisión de Gobierno del Tribunal nombre un delegado instructor que practique las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu) en relación con los hechos denunciados.
El inmueble en cuestión es un ático situado en el Paseo del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí (Madrid), con una superficie aproximada de 485 metros cuadrados, de los que unos 199 corresponden a una terraza. Planifica Madrid formalizó su compra por 6,3 millones de euros, una operación que desde su conocimiento público ha generado meses de dudas sobre su necesidad y su tramitación.
Según recogen de forma coincidente varios medios que han tenido acceso al contenido de la resolución, el Tribunal de Cuentas considera que los hechos denunciados por el PSOE y Más Madrid 'pueden constituir una salida de fondos públicos... carente por completo de justificación legal'. El órgano señala, en concreto, que no existió un encargo previo de la Comunidad de Madrid que amparase la adquisición y que la memoria justificativa de la necesidad del inmueble se elaboró casi tres meses después de la firma de la escritura, es decir, a posteriori.
El Tribunal de Cuentas apunta además que el tipo de inmueble adquirido —un ático con semejante extensión de terraza— resulta 'objetivamente inadecuado' para las funciones administrativas y de gobierno que, según la versión oficial, debían justificar la inversión. Planifica Madrid tiene la consideración de entidad pública de la Comunidad, lo que exige una instrucción previa de la Comisión de Gobierno para operaciones de este tipo, un trámite que el órgano fiscalizador entiende que no se cumplió en tiempo y forma.
El expediente llega a este punto tras un recorrido de varios meses. El pasado 8 de octubre, el Tribunal de Cuentas dio un plazo de cinco días a la Fiscalía y a la Comunidad de Madrid para pronunciarse antes de decidir si investigaba la compra, y rechazó la petición de archivo planteada por la propia Comunidad y por Planifica Madrid. La Fiscalía, por su parte, se mostró en dos ocasiones favorable a continuar las actuaciones y a nombrar un delegado instructor, al considerar que las alegaciones y la documentación aportadas por la Comunidad y Planifica no desvirtuaban, a su juicio, las irregularidades puestas de manifiesto.
De manera paralela, el caso avanza también por la vía penal: la acusación popular ejercida por Iustitia Europa ha trasladado documentación sobre la operación al Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, dentro de las diligencias previas 2317/2026, en las que se analiza la misma compra desde la perspectiva de una eventual responsabilidad penal, distinta de la responsabilidad contable que corresponde investigar al Tribunal de Cuentas.
Conviene precisar los límites de lo acreditado hasta ahora. La tasación encargada por Planifica a Gesvalt, fechada el 13 de febrero de 2026, valoró el inmueble en 6.242.884,19 euros, frente a los 6,3 millones finalmente pagados: una diferencia inferior al 1%, que no permite por sí sola hablar de un sobreprecio relevante ya acreditado. El reproche central del Tribunal de Cuentas no es, por tanto, el precio pagado, sino la ausencia de un encargo y una justificación previos a la compra. La Comunidad de Madrid y Planifica han sostenido en sus alegaciones que la operación estuvo justificada y han pedido el archivo del expediente, petición que el Tribunal ha rechazado sin que ello implique, en esta fase, una declaración de responsabilidad contable o penal contra persona alguna.
El nombramiento del delegado instructor abre ahora una fase de instrucción dentro del propio Tribunal de Cuentas, previa a cualquier eventual exigencia de responsabilidad contable. El caso se suma a otros frentes de escrutinio sobre la gestión de empresas públicas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y previsiblemente mantendrá su relevancia política mientras no se resuelvan tanto la vía contable como la penal abierta en paralelo.
El artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas regula precisamente el procedimiento que ahora se activa: una vez que la Comisión de Gobierno nombra al delegado instructor, este debe practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y, al concluirlas, elevar un informe con sus conclusiones. Ese informe es el que permitirá decidir si procede abrir, o no, un procedimiento de reintegro por alcance contra las personas que resulten responsables de la gestión de los fondos públicos afectados, un trámite distinto y posterior a la mera apertura de diligencias previas que ahora se formaliza.
Planifica Madrid es la empresa pública de la Comunidad de Madrid encargada de la gestión y promoción de suelo e infraestructuras, y como entidad del sector público autonómico está sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a las reglas de contratación e instrucción previa que rigen sus adquisiciones patrimoniales. La oposición autonómica, PSOE y Más Madrid, había reclamado explicaciones sobre la operación desde que trascendió la compra del ático, al considerar llamativo tanto el tipo de inmueble adquirido como la falta de un trámite previo que justificase su necesidad administrativa antes de formalizar el pago.
8 de octubre de 2026: el Tribunal de Cuentas da cinco días a Fiscalía y Comunidad de Madrid para pronunciarse sobre la compra y rechaza el archivo solicitado.
Semanas después, la Fiscalía pide en dos ocasiones el nombramiento de un delegado instructor.
13 de noviembre de 2026: el Tribunal eleva el expediente para nombrar dicho delegado conforme al artículo 47.1 de la LFTCu, mientras la acusación popular de Iustitia Europa mantiene abiertas diligencias previas paralelas en sede penal.
La decisión del Tribunal de Cuentas traslada el caso del ático a una fase de instrucción formal con posible derivación en responsabilidad contable para los gestores de Planifica Madrid y de la Comunidad de Madrid, y mantiene la presión política sobre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mientras avanza en paralelo la causa penal en el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid.
El caso del ático se conoce desde hace varios meses y se enmarca en una serie de controversias sobre la gestión de empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid.
La oposición (PSOE y Más Madrid) denunció la operación ante el Tribunal de Cuentas, que en octubre dio un plazo a la Fiscalía y a la Comunidad antes de decidir si abría investigación.
El PSOE entrega a Pedraz el listado de sus abogados y facturas de 2021 a 2025 en el 'caso Leire Díez' y pide que queden bajo secreto
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.
El Supremo rechaza por segunda vez el recurso de Vox para suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
El juez del caso Koldo rechaza la nulidad del registro de la UCO en casa de Ábalos
Por qué importa: También en España: contexto reciente de la misma vertical.
Feijóo defiende pactar con Vox pero pone como línea roja la excarcelación de etarras
Por qué importa: También en nacional: contexto reciente de la misma vertical.
Un exempleado de la cantera que surte de balasto a Adif denuncia ante la jueza de Adamuz que el material es "defectuoso"
Por qué importa: También en Política: contexto reciente de la misma vertical.