El pleno de Treviño aprueba pedir al Gobierno una consulta popular para integrarse en Álava

El pleno del Ayuntamiento del Condado de Treviño aprobó este jueves 15 de octubre, en su sesión ordinaria, una moción para solicitar al Consejo de Ministros la autorización necesaria para celebrar una consulta popular no vinculante sobre la segregación del enclave de la provincia de Burgos y su posterior integración en la provincia vasca de Álava, según informó ORAIN. El mismo día, el municipio vecino de La Puebla de Arganzón sometió a votación una moción equivalente en sesión extraordinaria, de acuerdo con la cobertura de COPE, de modo que ambos ayuntamientos que componen el enclave se pronunciaron el mismo jueves sobre la misma cuestión.

El Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón forman, juntos, el llamado enclave de Treviño: un territorio administrativamente burgalés, con poco más de mil cuatrocientos habitantes repartidos en varias decenas de pedanías, que queda completamente rodeado por término municipal alavés y separado del resto de la provincia de Burgos por kilómetros de territorio vasco, una anomalía geográfica que explica buena parte de la reivindicación histórica de integración en Álava.

La moción salió adelante por mayoría absoluta, con el único voto en contra de los concejales del Partido Popular, según confirmaron de manera independiente ORAIN y El Español. La votación, sin embargo, no autoriza por sí misma ninguna consulta: se trata de una petición formal que ahora deberá ser resuelta por el Consejo de Ministros, único órgano con competencia para permitir la celebración de un referéndum o consulta de este tipo, tal y como recogieron ambos medios.

La iniciativa fue impulsada por la Mesa para la Integración del Enclave de Treviño en Álava, presidida por Arantxa Yarza, que defiende que la proximidad geográfica a Vitoria-Gasteiz —unos 15 kilómetros, frente a los cerca de 100 kilómetros que separan Treviño de la capital burgalesa— genera dificultades prácticas en servicios como la sanidad, la educación o las emergencias, según explicaron ORAIN y COPE. El alcalde de La Puebla de Arganzón, Adolfo Estavillo, había declarado antes de la votación de su municipio que, aunque previsiblemente la moción saldría adelante, confiaba más en la "vía del diálogo" que en una ruptura administrativa inmediata, según recogió eldiario.es, lo que evidencia que el respaldo mayoritario a la moción convive con matices sobre la estrategia a seguir incluso entre quienes la apoyan.

La Junta de Castilla y León respondió el mismo jueves a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, quien afirmó que "lo que tiene que primar es la Ley" y defendió la integridad territorial de la provincia de Burgos y de la comunidad autónoma, según publicó El Español. El portavoz regional añadió que el Gobierno autonómico empleará "todos los medios" a su disposición, incluida la vía judicial, para oponerse a cualquier intento de segregación del enclave, lo que sitúa a la Junta en abierta oposición a la petición aprobada en el pleno de Treviño y anticipa que el proceso, de avanzar, no quedará limitado al terreno político.

El precedente que invoca la Mesa promotora es una consulta no vinculante celebrada en 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, en la que —según los datos recogidos por COPE— participó el 73,7% del censo y el 91,4% de los votantes se mostró favorable a la integración en Álava; eldiario.es, por su parte, cita una cifra distinta, del 68% de apoyo a la celebración de un referéndum sobre la cuestión. El Gobierno central de la época no reconoció validez a aquella consulta, y desde entonces la reclamación se mantiene sin resolución administrativa, pese a que, según defienden los promotores, las preferencias de los vecinos no han cambiado sustancialmente en casi tres décadas.

Desde el punto de vista jurídico, cualquier alteración de los límites provinciales en España exige, conforme al artículo 141.1 de la Constitución, la aprobación de una ley orgánica de las Cortes Generales, un requisito que convierte la petición aprobada este jueves en el primer paso de un proceso que, incluso si el Consejo de Ministros autorizase la consulta y esta resultase favorable a la integración, tendría que superar después un trámite legislativo de ámbito estatal y no solo una decisión del Ejecutivo, con el debate parlamentario y las mayorías reforzadas que ese tipo de normas exige.

Los promotores de la integración sostienen que el enclave arrastra problemas prácticos de gestión derivados de su situación geográfica: la dependencia administrativa de Burgos obliga a los vecinos a desplazarse decenas de kilómetros para trámites que podrían resolverse en Vitoria, mientras que servicios de emergencia y sanitarios de Álava son, en la práctica, los más cercanos para buena parte de la población del enclave, según los argumentos recogidos por ORAIN y COPE en su cobertura de la votación de este jueves.

A la hora de cierre de esta información, la petición aprobada en Treviño es un acto político con mayoría local clara pero sin ningún efecto jurídico inmediato: su destino depende ahora de una decisión del Consejo de Ministros que no tiene plazo fijado y que, a juzgar por la respuesta de la Junta de Castilla y León, se producirá en un contexto de litigio político y, previsiblemente, también judicial, antes de que pueda plantearse siquiera el trámite legislativo que exigiría un cambio efectivo de los límites provinciales entre Burgos y Álava.