Díaz pide a la comisión del salario mínimo que suba al menos como la inflación y cita "máximos históricos" de márgenes empresariales

El Ministerio de Trabajo y Economía Social convocó el miércoles la primera reunión de la comisión asesora encargada de elaborar el informe que recomendará cuánto debería subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, según informaron RTVE, El País e Infobae. Se trata del primer paso formal de un proceso que el Gobierno, según estos medios, pretende cerrar antes de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, después de que el presidente Pedro Sánchez adelantara los comicios.

En esa misma reunión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió a los expertos que la propuesta de subida tenga en cuenta la inflación interanual, situada en el 4,9%, para que el SMI "no pierda poder adquisitivo", y que el salario mínimo se acerque al 60% del salario medio —en torno a 1.700 euros, según los datos citados—, umbral recomendado por la Carta Social Europea, de acuerdo con la información recogida por RTVE y El Diario. La ministra fijó además principios de noviembre como plazo máximo para que la comisión entregue su propuesta, según Noticias de Gipuzkoa y Noticias de Álava.

Díaz justificó la petición alegando que el margen empresarial sobre ventas se sitúa en el 8,4% y que el resultado de las empresas ha crecido más de un 20%, cifras que, según sostuvo, suponen máximos "nunca vistos en democracia" y que duplican la media europea en todos los sectores, según recogió El Diario. La ministra argumentó que, mientras los márgenes no han dejado de crecer, los salarios se han mantenido "moderados", y pidió a las empresas que "se ajusten un poco el cinturón por arriba".

Los datos oficiales disponibles matizan parcialmente ese diagnóstico. El Banco de España, en su informe sobre resultados de empresas no financieras del primer semestre de 2026, cifra el crecimiento del resultado ordinario neto en el 30,9%, pero precisa que ese avance está impulsado sobre todo por las ramas de energía, refino y comercio de combustibles: excluyendo esas actividades, el resultado ordinario neto creció solo un 2,5%, y el beneficio de las medianas empresas llegó a caer un 0,2% en el semestre. El supervisor no desglosa en esa nota el dato concreto de margen sobre ventas del 8,4% citado por Díaz, por lo que esta pieza no puede verificar de forma independiente esa cifra exacta, aunque sí el patrón general de beneficios en máximos con fuerte peso del sector energético.

El SMI vigente desde febrero de 2026 se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (17.094 euros brutos anuales), tras una subida del 3,1% aprobada por el Consejo de Ministros con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esa cifra supone un incremento acumulado del 66% desde los 735,90 euros de 2018, de acuerdo con los datos recogidos por El Español/Invertia.

La comisión asesora elaborará una horquilla de subida que después se traslada a sindicatos y patronal, aunque la fijación final del SMI es competencia exclusiva del Gobierno y no requiere acuerdo previo con los agentes sociales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya ha planteado que el SMI debería subir por encima del 5% en 2027, según Infobae, mientras que la patronal CEOE y Cepyme se oponen de forma reiterada a las subidas del SMI y sostienen que el coste real por trabajador ronda ya los 2.000 euros mensuales con cotizaciones incluidas, según El Español/Invertia; esta pieza no ha localizado una respuesta pública de CEOE a las cifras de márgenes citadas por Díaz este jueves.

Según Público, el adelanto electoral al 29 de noviembre decidido por Pedro Sánchez es lo que ha acelerado el calendario de esta negociación: el Gobierno quiere dejar aprobada la subida del SMI para 2027 antes de que un eventual cambio de Ejecutivo pudiera frenar o revertir el proceso.

El Observatorio de Márgenes Empresariales, creado en 2022 por el Ministerio de Hacienda junto con el Banco de España precisamente para ampliar la información pública sobre beneficios empresariales, es el organismo al que Díaz ha encargado ahora que analice en detalle la evolución de esos márgenes antes de que la comisión asesora cierre su recomendación, según El Diario. La ministra ha insistido en que España es, según sus datos, el país de la OCDE con mayor crecimiento económico este año, del 2,6%, un argumento que utiliza para sostener que hay margen para repartir ganancias hacia los salarios más bajos sin comprometer la actividad empresarial.

El criterio del 60% del salario medio como referencia para el SMI no es nuevo: lo recoge el artículo 4 de la Carta Social Europea revisada, que España ha ratificado, y ha sido reclamado de forma reiterada por los sindicatos en los últimos años como el umbral que permitiría considerar el SMI español equiparado a los estándares de "salario digno" europeos. Con el salario medio citado por la ministra en torno a 1.700 euros mensuales, ese 60% situaría la referencia en aproximadamente 1.020 euros, una cifra ya superada por el SMI actual de 1.221 euros; el debate real, por tanto, se centra en si la subida de 2027 debe limitarse a compensar la inflación o ir más allá, un extremo que la comisión asesora todavía no ha resuelto y sobre el que el Gobierno no ha fijado una cifra concreta.