Las comunidades autónomas despliegan seguros públicos contra el impago del alquiler, sin cobertura única en España

Varias comunidades autónomas han desplegado en los últimos meses seguros o avales públicos propios para proteger a los propietarios frente al impago del alquiler, en un mapa que sigue sin ofrecer una cobertura uniforme en toda España. El Gobierno Vasco aprobó el 13 de octubre Alokaplus, un seguro público y gratuito para personas propietarias de hasta cinco viviendas en zonas declaradas de mercado tensionado, que entrará en vigor a principios de noviembre. Según la nota de prensa oficial del Gobierno Vasco, la cobertura básica alcanza 14 mensualidades de renta, ampliables a 20 si el inquilino tiene 35 años o menos, más de 65, o pertenece a una familia monoparental o con menores o personas con diversidad funcional a su cargo; la medida busca desbloquear unas 25.000 viviendas vacías en zonas de alta demanda.

La Comunidad de Madrid, por su parte, mantiene desde 2024 el Plan Alquila, que según la página oficial de la Comunidad de Madrid ofrece de forma gratuita un seguro de impago durante los tres primeros años de contrato a los propietarios que incorporan su vivienda al programa, sujeto a un estudio de solvencia del inquilino y a la aceptación de la aseguradora, además de un seguro de hogar gratuito durante el primer año. En Catalunya, el Institut Català del Sòl (Incasòl) gestiona el Avalloguer, un aval público gratuito que, según la propia web de la Generalitat, garantiza al propietario el cobro de hasta tres mensualidades de renta impagada -ampliables a seis en vivienda protegida o programas sociales- a cambio de depositar el contrato y la fianza ante el Incasòl.

A estos esquemas autonómicos se suma una línea de ayudas estatal, el Real Decreto 1135/2025, de 10 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que fija las condiciones de una cobertura financiada por el Estado para impagos de alquiler de vivienda habitual dirigida a jóvenes y colectivos vulnerables. El decreto permite que cada comunidad autónoma implemente esta cobertura como aval público, seguro, subvención u otro mecanismo equivalente, y su gestión queda en manos de las administraciones autonómicas; no se aplica, sin embargo, en el País Vasco ni en Navarra, que cuentan con regímenes forales propios y desarrollan sus propios instrumentos, como el citado Alokaplus.

El resultado es un mapa fragmentado: cada comunidad fija sus propios requisitos, límites de renta y colectivos prioritarios, sin que exista todavía una cobertura única aplicable en todo el territorio. El presidente de la Organización Española de Seguros y Avales de Alquiler (OESA), Javier Íscar de Hoyos, citado por El Español, calcula que algo más del 10% del parque de alquiler español -unas 400.000 viviendas de un total que supera los 3,9 millones- cuenta hoy con algún seguro de impago, concentrado sobre todo en Catalunya, Madrid y Andalucía.

Esta cifra procede de una asociación sectorial privada y se refiere al conjunto de seguros de impago, públicos y privados, por lo que no permite aislar el peso específico de los programas autonómicos frente a las pólizas comerciales. Los distintos límites de cobertura -desde las tres mensualidades del Avalloguer catalán hasta las veinte del Alokaplus vasco- y la exclusión del País Vasco y Navarra de la línea estatal ilustran que, más de diez meses después de la aprobación del decreto, la protección pública frente al impago sigue dependiendo en gran medida de en qué comunidad autónoma esté situada la vivienda.