Sanidad adjudica por 146.000 euros una campaña para informar a migrantes sin papeles de su derecho a la sanidad pública

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una campaña informativa multilingüe dirigida a las personas migrantes que se encuentran en España sin residencia legal, con el objetivo de darles a conocer su derecho a acceder a la sanidad pública. La campaña, lanzada el 5 de noviembre según recoge Redacción Médica, se enmarca en el desarrollo del Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2026-5714), que regula el procedimiento para reconocer este derecho a los extranjeros sin residencia legal en territorio español.

El contrato para el diseño y producción de la campaña fue adjudicado a la consultora The Social Vim Collective S.L. por un importe de 146.435,41 euros con impuestos incluidos (121.021 euros sin IVA), según consta en la publicación del contrato en la Plataforma de Contratación del Estado el 16 de octubre. Al concurso se presentaron ocho ofertas, con importes que oscilaron entre los 89.000 y los 121.000 euros sin impuestos; la propuesta adjudicataria fue la de mayor cuantía económica entre todas las presentadas, aunque fue la que obtuvo la puntuación técnica más alta en la valoración, lo que determinó la adjudicación según el objeto del contrato, centrado en la creatividad, el diseño y la producción de piezas publicitarias.

Según el propio Ministerio, el objetivo de la campaña es "reducir las barreras lingüísticas y facilitar que la información llegue a las personas que pueden necesitarla". Los materiales, que incluyen un vídeo y piezas gráficas, se han traducido al catalán, euskera, gallego, rumano, chino, inglés, francés y árabe, y se dirigen tanto a las personas migrantes como al personal sanitario que debe atenderlas.

El Real Decreto 180/2026 establece que los extranjeros sin residencia legal deben presentar una declaración responsable, junto con documentación de identidad y de residencia habitual —acreditable mediante empadronamiento o, en su defecto, certificados de escolarización, facturas de suministros o informes de servicios sociales—, ante los servicios de salud autonómicos. Desde el momento de la solicitud se expide un documento provisional que permite el acceso inmediato a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, y la Administración dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente. La norma prioriza además a colectivos considerados vulnerables: menores, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género o de trata, y solicitantes de protección internacional.

La campaña ha recibido críticas de varios profesionales sanitarios en redes sociales, que alertan de lo que describen como un posible "efecto llamada". El médico David Andina ha afirmado que los servicios de urgencias de grandes ciudades atienden cada vez con más frecuencia a pacientes sin vínculos previos con España que llegan desde aeropuertos con diagnósticos realizados en el extranjero, un fenómeno que según él antes era "esporádico" y ahora incluye patologías neurológicas, endocrinológicas, digestivas y pulmonares en adultos. El oftalmólogo Pedro Arriola ha señalado que reciben "cataratas y patologías complejas por la vía de urgencias", y atribuye la situación a "una ley nacida de un pensamiento bien intencionado sin valorar sus consecuencias". Ninguno de estos testimonios aporta datos estadísticos o estudios que cuantifiquen el fenómeno descrito, por lo que se trata de percepciones clínicas individuales y no de una evidencia verificada de aumento agregado de la demanda.

La campaña también ha sido cuestionada por el momento elegido para su lanzamiento, pocas semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que ha llevado a algunos sectores a calificarla de electoralista. El Ministerio de Sanidad no ha respondido públicamente, según las fuentes consultadas, a las críticas concretas sobre un posible "turismo sanitario"; su posición pública se limita a defender que el derecho a la asistencia sanitaria de estas personas está reconocido legalmente desde la aprobación del Real Decreto 180/2026 y que la campaña busca únicamente informar de un derecho ya existente, evitando narrativas que vinculen la inmigración con los problemas de salud.

El Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de marzo de 2026, en el marco de la política de acceso universal a la sanidad pública que el Gobierno ha desarrollado durante la legislatura. La norma no crea un sistema de sanidad universal sin condiciones, sino que ordena y simplifica un procedimiento administrativo para un derecho que, según el Ministerio, ya estaba reconocido con anterioridad para determinados colectivos, reduciendo obstáculos documentales y clarificando los plazos de resolución.

Las fuentes consultadas no recogen una valoración oficial del Ministerio de Sanidad sobre el calendario electoral ni sobre el coste concreto del contrato, más allá de la documentación pública de la licitación. Queda por determinar si la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas o algún grupo parlamentario plantea una revisión formal del proceso de contratación, y si el Ministerio ofrece datos agregados sobre el uso real del nuevo procedimiento desde su entrada en vigor en marzo.

El debate sobre el alcance de la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal no es nuevo en España: el Real Decreto-ley 16/2012 restringió ese acceso durante la crisis económica, limitándolo en la práctica a urgencias, embarazo y menores, antes de que sucesivas normas autonómicas y estatales fueran revirtiendo esa restricción a lo largo de la última década hasta la universalización plena que ahora desarrolla el Real Decreto 180/2026. Ese recorrido legal explica por qué el Ministerio insiste en presentar la campaña como una medida de pedagogía sobre un derecho ya vigente, y no como una ampliación de coberturas, mientras que sus críticos lo interpretan como un giro de modelo con un coste político y sanitario todavía por evaluar con datos oficiales.