Sánchez promete que reformará la Constitución para blindar la subida de las pensiones conforme al IPC

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, prometió este lunes que reformará la Constitución para garantizar por ley fundamental que las pensiones se revaloricen conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) si continúa gobernando tras las elecciones generales del 29 de noviembre. El anuncio lo realizó en un mitin de precampaña celebrado en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón (Asturias) ante unas 6.000 personas, según recogieron de forma coincidente Europa Press, Teleprensa y Democrata.es.

"La próxima legislatura reformaremos la Constitución para blindar las pensiones y su vinculación con el IPC", afirmó Sánchez ante los asistentes, según la reconstrucción coincidente de esas fuentes, que también reproducen una formulación muy similar: que su Gobierno "va a blindar también las pensiones y su revalorización conforme al IPC". Las citas se reproducen con pequeñas variaciones de redacción entre medios, por lo que este artículo las presenta como reconstrucción fiel del mensaje central del anuncio y no como una transcripción literal verificada contra grabación.

Sánchez vinculó el anuncio a la crisis de pensionistas de la anterior crisis económica, recordando que su Gobierno restableció, nada más llegar a la Moncloa, la revalorización anual conforme al coste de la vida para revertir lo que calificó de "contrarreforma" aprobada por el expresidente Mariano Rajoy. Esa referencia corresponde a la Ley 23/2013, que sustituyó la revalorización por IPC por un índice vinculado a la situación financiera del sistema y que, en la práctica, implicó subidas mínimas o nulas de las pensiones durante varios años, y a la Ley 21/2021, con la que el actual Gobierno de coalición restableció el mecanismo de revalorización por IPC hoy vigente, dejando claro que lo que ahora propone es dotar a ese mecanismo legal de una protección constitucional adicional, no crearlo desde cero.

Una reforma constitucional de este tipo no depende solo de la voluntad del Gobierno: el artículo 167 de la Constitución exige una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado —o de dos tercios con disolución de las Cortes— para una reforma ordinaria, un umbral que el PSOE y sus socios actuales no reúnen por sí solos en la legislatura vigente. Ninguna de las fuentes consultadas detalla cómo pretende el PSOE alcanzar esa mayoría reforzada, ni si buscaría el apoyo de algún sector del PP o de otros grupos parlamentarios, por lo que el anuncio se presenta, por ahora, como un compromiso electoral condicionado y no como una reforma en marcha.

La reacción del PP ha sido matizada. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado las pensiones de "innegociables", pero el portavoz de Hacienda del partido, Juan Bravo, había condicionado anteriormente la revalorización por IPC a contar con "una economía adecuada", una formulación que introduce margen de ambigüedad sobre el compromiso real del PP con el mecanismo actual si llegara a gobernar. Vox, por su parte, ha defendido garantizar el pago de las pensiones "cueste lo que cueste", pero ha rechazado la propuesta de blindaje constitucional de Sánchez calificándola de estrategia electoral, al argumentar que la revalorización conforme al IPC ya es una obligación legal del sistema público vigente desde 2021 y no un mérito atribuible al Gobierno.

Sánchez respondió a esas posiciones acusando a PP y Vox de generar "preocupación" sobre la viabilidad del sistema de pensiones como antesala de lo que describió como un futuro "modelo de recortes" si ambos partidos llegan a gobernar tras el 29 de noviembre, en un escenario que las encuestas conocidas hasta ahora sitúan como posible, con una eventual mayoría conjunta de PP y Vox.

El debate llega apenas unas semanas después de que miles de pensionistas se manifestaran en Madrid exigiendo una subida del 6% y medidas de vivienda asequible, según informó este medio. Esa demanda, muy por encima del 4,6% de incremento interanual que registró la pensión media en septiembre de 2026 (1.374,6 euros mensuales, según datos oficiales recogidos previamente por este medio), ilustra la presión social sobre el Gobierno y ayuda a explicar por qué Sánchez busca presentar el blindaje constitucional de la revalorización por IPC como una garantía reforzada frente a ese descontento, más allá del mecanismo legal ya vigente desde 2021.

Ninguna de las fuentes consultadas para este artículo documenta que el PSOE haya iniciado contactos formales con otros grupos parlamentarios para sumar la mayoría de tres quintos que exigiría esta reforma concreta de pensiones, a diferencia de lo que sí ha ocurrido, por ejemplo, con la negociación paralela entre PP y Vox sobre el reparto de candidaturas al Senado, documentada en estas mismas semanas por otros medios. Esa asimetría refuerza la lectura de que el anuncio de Gijón funciona, por ahora, como mensaje de campaña dirigido al electorado pensionista más que como una hoja de ruta legislativa concreta.

El anuncio sobre pensiones se suma a otro compromiso de reforma constitucional formulado por Sánchez apenas dos días antes, el 24 de octubre en un mitin en Granada, para blindar el derecho al aborto, lo que sitúa la propuesta de blindajes constitucionales sucesivos como uno de los ejes de la estrategia de campaña del PSOE a cinco semanas de las elecciones generales. En ambos casos, el PSOE presenta la vía constitucional como un escudo frente a un hipotético Gobierno de PP y Vox, mientras que ninguno de los dos anuncios resuelve, según las fuentes consultadas, el obstáculo de fondo: la falta de una mayoría parlamentaria reforzada que haga viable, en la práctica, cualquiera de las dos reformas antes de que termine la actual legislatura o, en su caso, la siguiente.