Sánchez no descarta indultar a García Ortiz antes del 29-N pese al rechazo del Supremo: qué cambiaría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este viernes 9 de octubre de 2026 que no descarta que el Consejo de Ministros apruebe antes de las elecciones generales del 29 de noviembre un indulto para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado condenado por revelación de secretos. La declaración aparece en una entrevista publicada por elDiario.es. Preguntado directamente por el indulto y, después, por si lo descartaba, respondió: «No lo descarto». La frase expresa una posibilidad, no una decisión de indultar.

La entrevista no es el único desarrollo del día. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó este 9 de octubre, según Servimedia, que el expediente de indulto está «sobre la mesa» de su departamento y se encuentra en estudio. No adelantó cuál será la decisión. Esto precisa la situación administrativa: existe un expediente en trámite, pero ni Sánchez ni Bolaños han anunciado una concesión.

El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados vinculado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El tribunal adelantó el fallo el 20 de noviembre de 2025 y dio a conocer la sentencia íntegra en diciembre. Impuso dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales. La sentencia incorporó un voto particular de dos magistradas que defendían la absolución; la condena sigue siendo la resolución judicial aplicable.

El debate sobre la gracia ya había tenido dos pronunciamientos relevantes. El 8 de mayo de 2026, la Fiscalía del Tribunal Supremo informó favorablemente sobre un indulto parcial, circunscrito a la inhabilitación, porque consideraba desproporcionadas las consecuencias extrapenales de la condena. El 11 de junio, los magistrados de la Sala Penal que juzgaron a García Ortiz se pronunciaron en contra: a su juicio no había razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificasen indultarlo y los hechos habían tenido repercusiones para la institucionalidad de la Fiscalía. Son informes distintos, emitidos por órganos diferentes, y ninguno equivale por sí mismo a la resolución del Gobierno.

¿Puede el Gobierno indultarlo pese al informe contrario del Supremo? La Ley de 18 de junio de 1870 establece el procedimiento para el ejercicio de la gracia de indulto. El informe del tribunal sentenciador es preceptivo, pero no vincula con carácter general la concesión de un indulto parcial. La ley distingue entre indulto total y parcial y fija requisitos y efectos diferentes. Si el Ejecutivo resolviera conceder alguna medida de gracia, tendría que concretar a qué pena o parte pendiente afecta y motivar la resolución, que se instrumenta mediante real decreto y publicación oficial. No basta con una declaración en una entrevista.

Un eventual indulto parcial de la inhabilitación no anularía la sentencia penal ni declararía inocente a García Ortiz. Tampoco le restituiría automáticamente en el cargo de fiscal general del Estado, que exige un nombramiento propio. La Ley de Indulto excluye la indemnización civil de la medida de gracia y también excluye las costas procesales. La Fiscalía informó en mayo de que la indemnización ya habría sido satisfecha; esa referencia no cambia las reglas legales del indulto.

El calendario político tiene relevancia jurídica. Sánchez ha abierto la posibilidad de una decisión antes del 29 de noviembre, fecha de las elecciones anticipadas. El artículo 21 de la Ley 50/1997 establece que el Gobierno cesa tras la celebración de las elecciones generales y continúa en funciones hasta la toma de posesión del siguiente, sujeto entonces a limitaciones adicionales. La convocatoria electoral no convierte automáticamente al Ejecutivo en un Gobierno en funciones. La diferencia es importante para interpretar el margen institucional de una decisión adoptada antes o después de los comicios.

Se trata también de una decisión con implicaciones institucionales. El rechazo del Supremo permite cuestionar públicamente la oportunidad de que el Ejecutivo module una pena impuesta a quien encabezó el Ministerio Fiscal; la postura favorable de la Fiscalía proporciona una justificación alternativa, centrada en proporcionalidad. Atribuir sin prueba una motivación electoral concreta al presidente o presentar el eventual indulto como una absolución serían conclusiones que no se desprenden de los hechos conocidos.

Hay antecedentes de indultos parciales aprobados a pesar de un informe judicial desfavorable, como los otorgados a dirigentes condenados por el procés en 2021. Ese precedente demuestra que el informe negativo no bloquea automáticamente toda medida de gracia, pero no determina cómo debería resolverse el caso García Ortiz: los delitos, las penas y las circunstancias son diferentes. La comparación exige atender al texto de cada decreto y a las razones expuestas por los respectivos gobiernos.

¿Qué cambia hoy para los ciudadanos? De momento, nada en la condena ni en los derechos individuales: la noticia es que el Gobierno contempla una decisión pendiente y Justicia tramita el expediente. Si se aprobara una medida de gracia, los efectos directos alcanzarían las penas concretas contempladas en el decreto; el impacto público sería sobre todo institucional, por el contraste entre sentencia firme, potestad constitucional de indulto y deber de motivar las decisiones. WIRESdesk deberá contrastar cualquier anuncio posterior con el BOE y con la actuación del órgano judicial encargado de aplicar la resolución.