Bruselas propone convertir a Frontex en la autoridad central de retornos de la UE, con 30.000 agentes y un presupuesto de 11.800 millones

La Comisión Europea anunció el 27 de octubre una reforma de gran alcance del mandato de Frontex, la agencia europea de guardia de fronteras y costas, con el objetivo declarado de convertirla en 'el eje central' de la Unión en materia de retornos de migrantes en situación irregular. Según el comunicado oficial publicado por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (home-affairs.ec.europa.eu), la propuesta incluye dos nuevos reglamentos: uno que refuerza las capacidades operativas de Frontex y otro que digitaliza los procesos de retorno, readmisión y reintegración en todo el bloque.

Entre las novedades concretas figuran una Fuerza de Reacción Rápida para intervenir en situaciones de crisis migratoria con poco margen de aviso, un nuevo Centro de Vigilancia y Respuesta en Línea para detectar amenazas en las fronteras —incluida la monitorización de redes sociales— y un Centro de Coordinación de Retornos dedicado a planificar y ejecutar devoluciones, incluidas operaciones de apoyo desde terceros países cuando existan acuerdos previos. La Comisión plantea además que Frontex actúe como central de compras de equipamiento y herramientas digitales, incluidas tecnologías de inteligencia artificial, y que los Estados miembros deban informar en un plazo de 24 horas de incidentes fronterizos relevantes a través del sistema EUROSUR.

El salto en recursos es considerable: el cuerpo permanente de la agencia, de unos 7.000 agentes cedidos por los Estados miembros en la actualidad, se duplicaría hasta 30.000 efectivos, a los que se sumaría una 'reserva europea de fronteras y retorno' de otros 17.000 agentes movilizables en caso de necesidad, según detalla el texto de la Comisión. El presupuesto previsto para Frontex pasaría de unos 6.000 millones a 11.800 millones de euros, de acuerdo con la cobertura de eunews.it. La Comisión justifica el refuerzo con dos cifras: los cruces irregulares de fronteras se han reducido a menos de la mitad en los últimos dos años, pero la tasa de ejecución efectiva de las órdenes de retorno en la UE sigue rondando apenas el 33%, con unas 64.000 devoluciones efectivas en 2025 repartidas en más de 220 vuelos, muy por debajo del número de resoluciones de expulsión emitidas cada año.

El comisario europeo de Interior y Migración, el austríaco Magnus Brunner, defendió la propuesta con una frase que resume su enfoque: la reforma, dijo, debe permitir a la Unión 'decidir quién queremos en la Unión y quién no', en referencia a la ejecución efectiva de las resoluciones de retorno frente a quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. La Comisión precisa, no obstante, que los Estados miembros seguirán siendo 'los principales responsables' de la protección de fronteras y de la expulsión de personas sin derecho a residencia, y que la propuesta incorpora garantías de derechos fundamentales, protección de datos y estándares internacionales para las operaciones fuera de la UE.

La propuesta no es derecho vigente: corresponde ahora al Parlamento Europeo y al Consejo negociar y acordar el texto final de ambos reglamentos, un proceso legislativo ordinario que pasará por la comisión LIBE del Parlamento y por negociaciones en trílogo, con una primera lectura parlamentaria que no se espera antes del primer trimestre de 2027. La Comisión se ha comprometido a apoyar a los colegisladores durante las negociaciones, pero no ha fijado una fecha de entrada en vigor.

El plan ha encontrado oposición inmediata entre parte de la izquierda europea. La eurodiputada italiana del Partido Democrático Cecilia Strada rechazó en particular la posibilidad de que Frontex ejecute retornos desde terceros países, advirtiendo de que la UE corre el riesgo de crear 'un ICE europeo', en alusión a la agencia estadounidense de control de inmigración, cuyas operaciones de detención y deportación han sido objeto de fuertes críticas por abusos de derechos. Otros análisis, como el publicado por Moncloa.com, señalan que la propuesta deja sin resolver una cuestión jurídica central: quién asume la responsabilidad legal cuando una operación de retorno se ejecuta en suelo de un tercer país, y recuerdan que acuerdos previos de externalización migratoria, como el pacto UE-Turquía de 2016 o los protocolos entre Italia y Albania, ya generaron lo que ese medio describe como 'interpretaciones elásticas' del derecho de asilo.

La propuesta no surge de manera aislada, sino que se inserta en una estrategia migratoria europea de varios años que la propia Comisión formalizó en enero de 2026 con una Estrategia Europea de Asilo y Migración a cinco años, centrada en reforzar el control de fronteras exteriores y acelerar los retornos como complemento del Pacto de Asilo y Migración aprobado en 2024. La reforma de Frontex es, en ese sentido, la pieza operativa más ambiciosa de ese plan hasta la fecha, y llega después de que la propia Comisión insistiera a comienzos de octubre en 'mantener el rumbo' de la reforma migratoria frente a las resistencias de algunos Estados miembros y organizaciones humanitarias.

La vigilancia mediante redes sociales que incorpora el nuevo Centro de Vigilancia en Línea es, junto con las operaciones de retorno en terceros países, uno de los puntos que más dudas genera entre especialistas en protección de datos y derechos fundamentales, aunque la Comisión sostiene que su diseño respetará los estándares europeos de protección de datos y que complementará, sin sustituir, los sistemas de vigilancia fronteriza ya existentes como EUROSUR. Ninguna autoridad de protección de datos se ha pronunciado todavía sobre el diseño concreto del centro, que no se ha hecho público en detalle más allá de la descripción general incluida en el comunicado del 27 de octubre.

Por ahora, estas críticas apuntan a un riesgo de diseño institucional más que a una infracción constatada: ningún tribunal o institución europea se ha pronunciado sobre la legalidad de las operaciones de retorno en terceros países que plantea la reforma, que todavía no existen porque la propuesta no ha sido aprobada. La discusión en el Parlamento Europeo y el Consejo determinará si las garantías de derechos fundamentales anunciadas por la Comisión se traducen en mecanismos de control vinculantes o si, como temen sus críticos, quedan subordinadas a la eficacia operativa que reclama Bruselas.