La operación Bonifaz se saldó con 19 detenidos y la identificación de 22 víctimas en siete localidades españolas. La red capturaba a las mujeres con falsas ofertas de trabajo como cuidadoras y las endeudaba en 10.000 euros para forzarlas a prostituirse bajo amenazas a sus familias.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que captaba a mujeres latinoamericanas con falsas ofertas de empleo como cuidadoras para forzarlas después a ejercer la prostitución mediante deudas y amenazas a sus familias. La operación Bonifaz, desarrollada en dos fases desde septiembre, se ha saldado con 19 detenidos y la identificación de 22 víctimas en siete localidades de cinco provincias. La operación Bonifaz se saldó con 19 detenidos y la identificación de 22 víctimas en siete localidades españolas. La red capturaba a las mujeres con falsas ofertas de trabajo como cuidadoras y las endeudaba en 10.000 euros para forzarlas a prostituirse bajo amenazas a sus familias. En la práctica: La operación libera a 22 mujeres de una situación de explotación sexual coercitiva y desarticula una red con presencia en cinco provincias, aunque solo dos de las víctimas han solicitado por ahora protección especializada, lo que anticipa un proceso judicial y de asistencia social todavía largo.
Retrato oficial de Sandy Guadalupe Recinos Acevedo, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (2020)
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La Guardia Civil ha desarticulado una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba desde Sevilla con ramificaciones en otras seis localidades españolas, según ha confirmado el instituto armado en una nota difundida este lunes y recogida por Europa Press. La operación, bautizada como Bonifaz, se ha desarrollado en dos fases, la primera a finales de septiembre y la segunda el 2 de octubre de 2026, y se ha saldado con 19 personas detenidas y la identificación de 22 mujeres extranjeras que, según la investigación, eran obligadas a prostituirse.
Según los detalles aportados por la Guardia Civil y reproducidos por varios medios, entre ellos El Imparcial, El Pespunte y Diario Avanza, la organización captaba a las víctimas en países latinoamericanos mediante falsas ofertas de empleo como cuidadoras de personas mayores en España. Una vez llegaban al país, los miembros de la red les confiscaban el pasaporte y les comunicaban una deuda de unos 10.000 euros por los gastos de viaje, documentación y alojamiento, deuda que se utilizaba como mecanismo de coacción para forzarlas a ejercer la prostitución en pisos gestionados por la propia organización.
Las investigadas sufrían además amenazas contra la vida de sus familiares en los países de origen si no accedían a las exigencias de la red, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos divulgada por la Guardia Civil. Los registros se practicaron en un total de doce inmuebles repartidos por Sevilla capital, Gelves y Jerez de la Frontera, además de Vigo, Mijas (Málaga), Peñíscola (Castellón) y Alzira (Valencia), lo que da una idea del alcance territorial de la organización. Durante las dos fases del operativo se incautaron 27.780 euros en efectivo, vehículos de alta gama, dispositivos de videovigilancia, teléfonos móviles, datáfonos y documentación falsificada.
De las 22 mujeres identificadas, dos solicitaron protección y han sido derivadas a recursos especializados de atención a víctimas de trata, mientras que el resto permanece bajo seguimiento de los servicios sociales competentes, según la información facilitada. Los 19 detenidos están siendo investigados por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación sexual, agresión sexual y pertenencia a organización criminal; las causas han sido trasladadas a la autoridad judicial competente, a la que corresponderá determinar su responsabilidad penal, por lo que los cargos deben entenderse como imputaciones sujetas a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.
El caso se suma a una serie de operaciones recientes contra redes de trata con fines de explotación sexual en España, un delito que las autoridades y organizaciones especializadas señalan como persistente pese a los operativos policiales, debido a la vulnerabilidad económica y migratoria de las víctimas, mayoritariamente mujeres latinoamericanas captadas mediante engaños laborales. La coincidencia de cifras y detalles operativos entre la nota de la Guardia Civil y la cobertura independiente de varios medios regionales y nacionales refuerza la solidez de los datos aportados, a la espera de que avance el procedimiento judicial.
La Guardia Civil ha desarticulado en los últimos años varias redes similares en España que captaban a mujeres latinoamericanas con falsas ofertas laborales para forzarlas después a la prostitución mediante deudas impuestas tras su llegada.
La operación libera a 22 mujeres de una situación de explotación sexual coercitiva y desarticula una red con presencia en cinco provincias, aunque solo dos de las víctimas han solicitado por ahora protección especializada, lo que anticipa un proceso judicial y de asistencia social todavía largo.
La trata de personas con fines de explotación sexual sigue siendo, según fuentes policiales, uno de los delitos de mayor incidencia vinculados a redes de captación en Latinoamérica que utilizan ofertas de empleo doméstico o de cuidados como señuelo para atraer a mujeres en situación de vulnerabilidad económica.
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