Ingresa en prisión sin fianza un profesor de un colegio religioso de Madrid acusado de agredir sexualmente a al menos nueve menores

Un profesor de Matemáticas de 37 años, de nacionalidad española, ingresó en prisión provisional sin fianza tras ser detenido el martes 13 de octubre por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, acusado de varios delitos de agresión sexual continuada a menores de 16 años, pornografía infantil, prostitución de menores y 'child grooming'. La detención y el ingreso en prisión fueron confirmados de forma independiente por Telemadrid, El Imparcial, eldiario.es, OKDiario, Libertad Digital y religionDigital, entre otros medios, además de Infobae, El Mundo, EL PAÍS, RTVE y Cadena SER, que coinciden en los datos esenciales del caso.

Según estos medios, los hechos se habrían producido en el colegio Mercedarias de Don Juan de Alarcón, un centro católico situado en la calle Valverde, en el barrio madrileño de Malasaña. La investigación policial identificó a un mínimo de nueve víctimas, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, a las que ya se ha tomado declaración con los protocolos específicos para menores que aplica la UFAM, una unidad especializada que suele recurrir a salas adaptadas y a personal formado en victimología infantil para evitar la revictimización durante el interrogatorio. Fuentes policiales citadas por varios medios no descartan que aparezcan más víctimas a medida que avance la instrucción.

Al detenido se le atribuyen formalmente tres delitos continuados de agresión sexual completa a menor de 16 años y otros tres de agresión sexual a menor de 16 años con víctimas distintas, además de los delitos de prostitución y pornografía infantil y 'child grooming', esta última figura introducida en el Código Penal español para castigar el contacto online con menores con fines de abuso. La calificación como 'delito continuado' —que agrupa varios hechos similares cometidos contra distintas víctimas en una unidad de dolo o designio— implica, de confirmarse judicialmente, una pena agregada superior a la de un solo episodio aislado, aunque corresponderá a la instrucción y, en su caso, al juicio oral determinar el alcance final de cada cargo.

El caso salió a la luz durante el verano de 2026, cuando el centro escolar tuvo conocimiento de los hechos a través de testimonios de alumnos que se dirigieron a otros profesores, según recoge eldiario.es; en ese momento, el profesor señalado ya no impartía clase en el colegio. Fuentes policiales citadas por Telemadrid señalan que el detenido ya había sido arrestado en el pasado por hechos similares, un antecedente que el colegio no conocía en el momento de su contratación, lo que ha reavivado el debate sobre los mecanismos de verificación de antecedentes penales específicos —el certificado de delitos sexuales es obligatorio en España desde 2015 para quienes trabajan con menores— y sobre sus límites cuando una causa anterior no concluyó en condena firme o no figura registrada de forma accesible para los centros contratantes.

Tras la detención, los agentes de la UFAM incautaron varios dispositivos electrónicos del sospechoso —teléfonos móviles, ordenadores portátiles y soportes de almacenamiento— que serán analizados por los servicios de informática forense de la Policía Nacional en busca de posibles grabaciones u otro material relacionado con las acusaciones de pornografía infantil. Este tipo de análisis, según detallan los medios consultados, suele prolongarse semanas o meses y puede derivar en la identificación de víctimas adicionales a partir del contenido hallado, por lo que la instrucción judicial se mantiene formalmente abierta a la espera de los resultados periciales.

Puesto a disposición judicial, el juez de instrucción decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza, atendiendo a la petición conjunta de la Policía y la Fiscalía. En el ordenamiento español, esta medida cautelar —regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal— exige acreditar indicios racionales de la comisión del delito y, además, riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva; no constituye una declaración de culpabilidad ni anticipa el resultado del juicio, y el acusado conserva en todo momento el derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme y definitiva.

La investigación continúa abierta y no se descarta la ampliación de cargos si se confirman nuevas víctimas a través de los dispositivos incautados o de nuevos testimonios. Hasta el cierre de esta información no se ha hecho público un comunicado oficial con el atestado completo ni declaraciones textuales de la Fiscalía, la Policía Nacional o la dirección del colegio Mercedarias de Don Juan de Alarcón, que tampoco ha detallado públicamente qué medidas de acompañamiento psicológico ha activado para las familias de los alumnos presuntamente afectados.

El caso se suma a otros episodios de abusos sexuales detectados en centros educativos españoles en los últimos años, que han impulsado reformas como la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI, 2021), la cual obliga a los colegios a disponer de protocolos de detección, delegados de protección y canales internos de denuncia. Estos mecanismos, señalan los propios medios citados, no siempre son suficientes para detectar a tiempo antecedentes de un docente cuando este cambia de centro de trabajo o cuando una causa penal previa no ha derivado en una condena firme registrada, una de las lagunas normativas que este caso vuelve a poner de relieve ante la opinión pública.