Las otras Maricarmen: Pepi, Paquita y los desahucios de mayores, enfermos y viviendas sociales

Maricarmen Abascal no fue la única persona mayor o vulnerable que afrontó un desahucio en España. Su historia se hizo nacional porque las imágenes del desalojo, después de décadas de residencia en el mismo hogar, coincidieron con grandes movilizaciones por la vivienda. Sin embargo, los expedientes que aparecen detrás del lema 'otras Maricarmen' no responden a una sola causa. Algunos se producen al acabar un alquiler, otros por impago y otros después de vender a un inversor viviendas que habían tenido una función social. Compararlos exige explicar por qué se ordenó cada lanzamiento y qué solución se ofreció.

Un precedente documentado es Pepi Santiago, desalojada en 2019 a los 65 años de una vivienda de Madrid tras numerosos intentos de lanzamiento. La cobertura de El País señala que su historia contribuyó al clima social que acompañó los cambios legales de alquiler de aquel año, pero no acredita que una sola persona fuese la causa exclusiva de la reforma. Tras el desahucio, Pepi y sus hijas encadenaron alojamientos provisionales durante cerca de año y medio. Tiempo después consiguieron una vivienda municipal en otro distrito mediante un sorteo. Conservar un techo no significó recuperar su barrio.

En La Latina, Madrid, RTVE entrevistó a Francisca López Ruiz, conocida como Paquita, de 82 años, con párkinson y una dependencia reconocida. Su contrato de alquiler estaba en disputa y había afrontado varios intentos de desalojo. Ella denunciaba que la propiedad quería destinar la vivienda a alquiler turístico, algo que debe atribuirse a su testimonio y no presentarse como un destino demostrado del inmueble. La información del 24 de septiembre de 2026 recogía una suspensión cautelar del lanzamiento, lo que diferencia su situación de la ejecución que sufrió Maricarmen el día anterior.

En Tenerife, una mujer de 54 años enferma de cáncer grave había acumulado impagos después de la pandemia, según el reportaje de RTVE. El Instituto Canario de la Vivienda anunció una suspensión temporal del desahucio mientras se buscaba una alternativa habitacional. Aquí el conflicto combinaba ingresos insuficientes, una enfermedad grave y la necesidad de una solución social, no un debate sobre la segunda subrogación de un contrato antiguo. Por respeto a su privacidad y porque ella no quería identificarse públicamente, no corresponde publicar su nombre, domicilio ni otros detalles médicos innecesarios.

En Vallecas, David Bonachera y su hijo fueron desalojados el mismo 23 de septiembre de una vivienda inicialmente vinculada a la Obra Social La Caixa. RTVE explicó que el inmueble había pasado a manos de una empresa inversora dentro de una cartera de unas 500 viviendas y que los inquilinos cuestionaban la imposibilidad de adquirirlas a precios de mercado. Este caso obliga a seguir una pregunta distinta: qué sucede con los fines de alquiler asequible cuando una cartera que estuvo vinculada a la vivienda social se vende y cambian el propietario y los contratos.

Otro asunto abierto es el de Paca Blanco, activista de 77 años que ha hecho público un lanzamiento previsto para el 30 de noviembre. Su disputa está vinculada a un contrato de vivienda municipal inicialmente adjudicado a un familiar, a una petición de subrogación rechazada y a una deuda reclamada por la administración, según las crónicas periodísticas. Las cantidades, las causas y las posiciones legales no están contrastadas aquí contra el expediente judicial completo. No es correcto mezclar su procedimiento con el de Maricarmen solo porque ambas sean mujeres mayores conocidas por su actividad en defensa de la vivienda.

Las estadísticas ayudan a dimensionar el problema sin borrar las historias particulares. Según los datos judiciales publicados en junio, en el primer trimestre de 2026 se practicaron 4.005 lanzamientos en España, un 45,4 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Unos 2.600 correspondieron a impagos de alquiler. No hay que convertir estas cifras en un censo de mayores desahuciados ni suponer que todos quedaron sin alternativa, porque la serie no contiene esa información individual. Tampoco la caída agregada niega que existan procedimientos dramáticos que merezcan escrutinio.

Los efectos observables son diversos: suspensión temporal mientras se consigue alojamiento, realojo definitivo años después, traslado obligado de barrio o pérdida de una vivienda que había tenido vocación social. Para saber si la respuesta pública mejora, no basta con contar leyes anunciadas; hay que medir el tiempo desde el primer aviso hasta la intervención social, cuántas suspensiones acaban en realojo estable, qué recursos se destinan a personas dependientes y qué ocurre con las carteras de vivienda protegida. La comparación debe incluir la seguridad jurídica de inquilinos y propietarios y no convertir la vulnerabilidad en un enfrentamiento sin matices.

Para una persona que recibe una demanda o una fecha de lanzamiento, la primera precaución es conservar el contrato y todas las comunicaciones, solicitar asesoramiento jurídico inmediato y verificar los plazos procesales; la vulnerabilidad no anula automáticamente cualquier orden. Es importante contactar con los servicios sociales, acreditar por los cauces previstos una situación económica o sanitaria relevante y explorar alternativas de mediación. La historia que se repite entre estos casos no es una identidad jurídica: es que una salida negociada o una protección temporal puede llegar tarde o resultar insuficiente si el expediente no se atiende antes de la ejecución.