La Guardia Civil desarticula en Sevilla una red de trata con 19 detenidos y 22 mujeres liberadas de la explotación sexual

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual, en una investigación bautizada como Operación Bonifaz que hasta el momento suma 19 personas detenidas y 22 mujeres identificadas y liberadas, según confirmaron de manera independiente Andalucía Información y El Periódico de Ceuta a partir de la información distribuida por la Guardia Civil, con cobertura adicional y coincidente de 101TV, El Pespunte, Sevilla Actualidad y OKDiario.

Según estas fuentes, las víctimas, la mayoría procedentes de países latinoamericanos, eran captadas con falsas ofertas de trabajo en España para el cuidado de personas mayores. Una vez en el país, los presuntos responsables les retiraban el pasaporte y les imponían una deuda ficticia de en torno a 10.000 euros por los gastos de viaje y alojamiento, que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución bajo amenazas, incluidas represalias contra sus familiares en los países de origen. El Pespunte añade que la organización mantenía vínculos con otros grupos criminales asentados en distintos puntos de España, lo que les permitía rotar periódicamente a las mujeres entre inmuebles de varias provincias y dificultar así el seguimiento policial.

La investigación arrancó a finales de 2025, cuando una de las víctimas logró escapar del control de la organización y alertó a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de la red e identificar a otras posibles afectadas. La primera fase del operativo se desarrolló a finales de septiembre de 2026 con seis entradas y registros en Sevilla capital, Gelves y Jerez de la Frontera (Cádiz), que se saldaron con once detenidos y la identificación de 15 víctimas. Una segunda fase, el 2 de octubre, amplió las pesquisas con otras seis entradas y registros en Vigo (Pontevedra), Mijas (Málaga), Peñíscola (Castellón) y Alzira (Valencia), con ocho detenidos más y siete víctimas adicionales.

Durante los registros, los agentes intervinieron dos vehículos de alta gama, cerca de 27.780 euros en efectivo (20.000 euros en la primera fase y 7.780 en la segunda), además de equipos de vigilancia, terminales de pago, teléfonos móviles y documentación que, según la investigación, se usaba para formalizar contratos ficticios con los que se encubría la actividad de la red. Los detenidos, puestos a disposición judicial, están investigados por presuntos delitos de trata de seres humanos, explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal, sin que conste todavía una resolución judicial firme sobre su responsabilidad penal; la presunción de inocencia rige para todos ellos mientras se sustancia el procedimiento.

Las 22 mujeres liberadas han sido derivadas a los servicios de asistencia a víctimas de trata, que les ofrecen protección, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico mientras continúa la causa judicial. La legislación española, en línea con el Convenio de Varsovia del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos, contempla para las víctimas identificadas un periodo de restablecimiento y reflexión, durante el cual pueden acceder a un permiso de residencia temporal con independencia de que colaboren o no con la investigación judicial, además de asistencia sanitaria y social específica. Fuentes citadas por Andalucía Información y El Periódico de Ceuta señalan que varias de las mujeres liberadas en la primera fase ya han prestado declaración ante la autoridad judicial, un trámite que previsiblemente se extenderá al resto de víctimas identificadas en la segunda fase a medida que avance la instrucción.

La Operación Bonifaz se enmarca en un fenómeno que las propias estadísticas oficiales describen en aumento: según el resumen ejecutivo sobre trata y explotación de seres humanos del Ministerio del Interior correspondiente a 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron ese año a 1.869 víctimas de trata y explotación en España, un 4% más que en 2024, de las que 374 lo fueron específicamente de redes de explotación sexual, con un perfil mayoritario de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y China. Ese mismo año se detuvo a 1.056 personas y se desmantelaron 112 grupos u organizaciones criminales dedicadas a este tipo de delitos, un contexto que sitúa a la red desarticulada en Sevilla entre las decenas de operaciones similares que las autoridades españolas tramitan cada año.

La investigación patrimonial abierta en paralelo busca determinar si los bienes intervenidos —los dos vehículos de alta gama, el efectivo y los terminales de pago usados para cobrar a los clientes— proceden directamente de la actividad de explotación sexual, de cara a una eventual solicitud de comiso en sede judicial. Según el detalle aportado por Andalucía Información, los investigadores también analizan la documentación y los contratos ficticios hallados en los registros para esclarecer si existían testaferros o sociedades usadas para dar apariencia de legalidad a los ingresos, un extremo que continúa bajo secreto en varias piezas del procedimiento mientras se completan las pericias económicas.

La Guardia Civil no ha descartado nuevas detenciones o la identificación de víctimas adicionales a medida que avance la instrucción, dado que la red operaba de forma simultánea en varias comunidades autónomas y mantenía, según las fuentes consultadas, conexiones con otras organizaciones dedicadas a actividades similares fuera del ámbito geográfico ya investigado. El procedimiento judicial, instruido en los juzgados competentes de Sevilla, continúa abierto y no se ha fijado todavía fecha para su conclusión ni para la eventual apertura de juicio oral.